Cámara de Diputados analizó en sesión especial presunta usurpación de aguas en los valles de Petorca y La Ligua

Cámara de Diputados analizó en sesión especial presunta usurpación de aguas en los valles de Petorca y La Ligua
Publicado el 20 de abril del 2011

Al término de la sesión, se aprobaron dos proyectos de acuerdo que piden investigar el uso ilegal de aguas y sancionar a sus responsables, por un lado, y que se revisen y revoquen los derechos de aprovechamiento concedidos en cuencas agotadas.

La sesión especial realizada la tarde de este miércoles fue motivada en una presentación suscrita por 40 Diputados y, de acuerdo a la convocatoria, tenía por objeto “analizar la situación que afecta a la provincia de Petorca, debido a los problemas derivados de la eventual usurpación de aguas en la cuencas de los ríos Ligua y Petorca”.

Según los gestores de la iniciativa, en la provincia de Petorca, afectada por una grave sequía, se ha producido una concentración de las aguas de riego y algunos agricultores se han apropiado de las mismas a través de drenes ilegales, ante la falta de fiscalización de las instituciones públicas competentes.

A la sesión concurrieron el Ministro de Obras Públicas, Hernán de Solminihac, y el Director General de Aguas, Matías Desmadryl, además de una delegación de personas de la zona afectada, que siguieron atentamente su transcurso desde las tribunas.

Por los convocantes a la sesión habló a su inicio el diputado René Alinco (Indep), quien reclamó “justicia para los ríos”, señalando que “Chile es el único país del mundo que mantiene sus aguas privatizadas, donde el agua, un bien nacional de uso público, está librada al arbitrio de la oferta y la demanda, de los especuladores que se han enriquecido a costa de un recurso natural que nos pertenece a todos”.

Subrayó que en La Ligua y Petorca, “empresarios inescrupulosos han construido drenes en las hoyas de los ríos para acarrear agua de forma impropia a sus explotaciones; los organismos encargados de fiscalizar el buen uso de las aguas no son capaces de cerrar esos drenes y continúan concediendo derechos de agua en cuencas ya agotadas”.

Por su parte, como representante del distrito de Petorca, la diputada Andrea Molina (UDI) dijo coincidir con la denuncia de su colega Alinco afirmando que es una situación preocupante. “Este gobierno ha tomado la decisión de investigar drenes ilegales, de fiscalizar y pedir información a todos por igual, sin privilegios. En la zona hace mucho tiempo esto se está denunciando y se esperan medidas. El gobierno está empeñado en construir embalses y si es necesaria una comisión investigadora esta se hará e iremos hasta las últimas consecuencias", sostuvo la parlamentaria.

El diputado Lautaro Carmona (PC) manifestó que “el agua es un bien nacional de uso público y su propiedad debe ser de todos los chilenos pero este estado neoliberal la ha entregado a privados. Ante los reclamos de fiscalización por uso abusivo del agua en Petorca que afecta a pequeños agricultores, lo que corresponde es llegar al fondo y recuperar este bien público”.

El diputado Luis Lemus (PS) expresó que “la legislación ha permitido el agotamiento de las cuencas por solicitudes indiscriminadas de explotación que no fueron racionalizadas, además algunos empresarios solicitaron captación de aguas subterráneas por pozos profundos, a los que se agregan drenes que atraviesan cauces de agua, que son ilegales. Efectivamente eso es robo de agua. Por ello, el control del estado sobre el agua es inmensamente necesario”.

El diputado Eduardo Cerda (DC), también diputado por la zona, señaló que “hay gente aquí que de un tema serio y crítico quiere hacer política. La situación es absolutamente crítica en esta zona por falta de lluvias, carencia de obras de infraestructura de embalses y pavimentación de canales, además de extracción ilegal de aguas en los ríos Ligua y Petorca, que hoy están secos. Se me han hecho acusaciones infundadas y publicadas en forma irresponsable, como pudo comprobar el director regional de aguas. Se ataca la honra personal para hacer causa política de la gobernación contra un diputado de oposición”.

La diputada Alejandra Sepúlveda (PRI) planteó que en esta materia se requiere crear una comisión que estudie los recursos hídricos, abordando sus distintas aristas, enfocando estos problemas en forma más racional y sistémica. “Sigue habiendo acumulación de derechos de aprovechamiento y centralismo de empresas que no están utilizando el agua, además las centrales hidroeléctricas de pasada practican una forma elegante de robo de agua. La DGA debe fiscalizar”, dijo.

El diputado Gaspar Rivas (RN) opinó que “el problema de la sequía es producto de la mala gestión de gobiernos anteriores. Desde hace cinco años por lo menos se advertía el agotamiento de las cuencas de los ríos Petorca y Ligua, pero no se construyeron embalses para conservar y administrar el recurso vital. Además, se fue ineficaz en el combate contra la sustracción ilegal del agua, ya que a pesar de que hubo variadas denuncias estas no se investigaron eficientemente, los expedientes se extraviaban y los vecinos no eran oídos”.

La diputada Adriana Muñoz (PPD) declaró que “el agua pasó a ser en nuestro país desde hace mucho tiempo un bien que se transa en el mercado, un bien con el cual se especula, dejando de ser un derecho humano esencial para la vida y esa situación la avala nuestra legislación. Esta es una tarea para los parlamentarios: no es posible que hoy día la legislación chilena consagre la propiedad privada del agua, la gestión económica de los recursos de acuerdo a lógicas del mercado y ampare la concentración de propiedad de los derechos de agua en muy pocas manos”.

El Ministro de Obras Públicas manifestó que el actual gobierno ha diseñado una política para hacer un uso sustentable de los recursos hídricos, buscando nuevas fuentes de agua, aportando a que el uso del agua sea más eficiente, mejorando la gestión, aumentando la fiscalización y capacitando a las organizaciones de usuarios.

Informó que en el caso de La Ligua y Petorca, se dictaron decretos de escasez en dichas cuencas en noviembre del año pasado, poniendo en servicio pozos en esos valles y obras de agua potable rural, junto con acentuar la fiscalización.

“En este gobierno no se ha entregado ningún derecho de agua que esté fuera de los caudales disponibles y en las cuencas que corresponda; se ha sido más cauteloso en la entrega de los derechos de agua. En el caso de la fiscalización en esta zona, se han analizado 20 denuncias de presuntas irregularidades, de ellas 18 hechas por terceros y otras de iniciativa de la DGA. De ese total 2 no se acogieron porque no correspondían, 7 se acogieron y están en trámite de sanciones y 9 está en proceso de análisis y recopilación de antecedentes”, añadió el secretario de Estado.

Al término de la sesión, con 80 votos a favor y una abstención, se aprobó el Proyecto de Acuerdo 318, presentado por la diputada Andrea Molina, que solicita al Ministerio de Obras Públicas que provea recursos para investigar la usurpación de aguas, se sancione a los responsables y se remitan los antecedentes a los tribunales.

Por otra parte, con 69 votos a favor, uno en contra y una abstención, se aprobó el Proyecto de Acuerdo 319, impulsado por el diputado René Alinco, que pide al Presidente Piñera la revisión y revocación de los derechos de aprovechamiento de aguas concedidos en cuencas declaradas agotadas y que se modifique el marco legal para modernizar la institucionalidad vigente en esta materia.

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