Sala de la Cámara de Diputados aprueba veto presidencial sobre transparencia de asociaciones municipales
Sala de la Cámara de Diputados aprueba veto presidencial sobre transparencia de asociaciones municipales
Publicado el 18 de mayo del 2011
Con 86 votos a favor y uno en contra, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación a las observaciones planteadas por el Presidente de la República con el objeto de introducir normas de transparencia en el proyecto de ley que regula la creación y funcionamiento de las asociaciones municipales.
El proyecto despachado por el Congreso Nacional precisa que una o más municipalidades podrán constituir o participar en corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte, o el fomento de obras de desarrollo comunal y productivo.
Asimismo, autoriza a dos o más municipalidades a constituir asociaciones municipales para los efectos de facilitar la solución de problemas que les sean comunes, o lograr el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, pudiendo dichas asociaciones gozar de personalidad jurídica de derecho privado.
Las asociaciones serán acordadas por los alcaldes, previo acuerdo de los respectivos concejos municipales, y quedarán inscritas en un Registro Único a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior.
El proyecto establece que a las asociaciones municipales estarán bajo la fiscalización de la Contraloría General de la República y les será aplicable el principio constitucional de transparencia y las obligaciones establecidas en la Ley de Acceso a Información Pública en términos de que estarán obligadas a poner a disposición del público, a través de sus sitios electrónicos, antecedentes sobre su organización interna, estados financieros, los aportes públicos que reciban, contrataciones y remuneraciones de su personal.
Sin embargo, en la última etapa de la tramitación parlamentaria, el Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, comprometió un veto presidencial para que las asociaciones municipales queden bajo la fiscalización del Consejo para la Transparencia a fin de verificar el cumplimiento de las exigencias de transparencia activa y pasiva.
El veto incorpora dos aspectos.
El primero de ellos está referido a las competencias fiscalizadoras del Concejo Municipal, agregando “las asociaciones municipales” a las empresas, corporaciones o fundaciones municipales que pueden ser fiscalizadas ampliamente por el señalado Concejo.
El otro sustituye el artículo 149 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que trata de la personalidad jurídica de las asociaciones en referencia, haciendo aplicable a éstas el principio de publicidad de la función pública, contemplado en el artículo 8° de la Constitución Política y en el artículo 1° de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública (N° 20.285).
En el debate en la Sala de este veto del Ejecutivo intervinieron los diputados Enrique Jaramillo (PPD), Marcelo Schilling (PS), Fuad Chahín (DC), Germán Becker (RN), Sergio Ojeda (DC) y Alfonso De Urresti (PS).
Las observaciones del Presidente de la República deben ser votadas ahora por el Senado.
Publicado el 18 de mayo del 2011
Con 86 votos a favor y uno en contra, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación a las observaciones planteadas por el Presidente de la República con el objeto de introducir normas de transparencia en el proyecto de ley que regula la creación y funcionamiento de las asociaciones municipales.
El proyecto despachado por el Congreso Nacional precisa que una o más municipalidades podrán constituir o participar en corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte, o el fomento de obras de desarrollo comunal y productivo.
Asimismo, autoriza a dos o más municipalidades a constituir asociaciones municipales para los efectos de facilitar la solución de problemas que les sean comunes, o lograr el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, pudiendo dichas asociaciones gozar de personalidad jurídica de derecho privado.
Las asociaciones serán acordadas por los alcaldes, previo acuerdo de los respectivos concejos municipales, y quedarán inscritas en un Registro Único a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior.
El proyecto establece que a las asociaciones municipales estarán bajo la fiscalización de la Contraloría General de la República y les será aplicable el principio constitucional de transparencia y las obligaciones establecidas en la Ley de Acceso a Información Pública en términos de que estarán obligadas a poner a disposición del público, a través de sus sitios electrónicos, antecedentes sobre su organización interna, estados financieros, los aportes públicos que reciban, contrataciones y remuneraciones de su personal.
Sin embargo, en la última etapa de la tramitación parlamentaria, el Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, comprometió un veto presidencial para que las asociaciones municipales queden bajo la fiscalización del Consejo para la Transparencia a fin de verificar el cumplimiento de las exigencias de transparencia activa y pasiva.
El veto incorpora dos aspectos.
El primero de ellos está referido a las competencias fiscalizadoras del Concejo Municipal, agregando “las asociaciones municipales” a las empresas, corporaciones o fundaciones municipales que pueden ser fiscalizadas ampliamente por el señalado Concejo.
El otro sustituye el artículo 149 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que trata de la personalidad jurídica de las asociaciones en referencia, haciendo aplicable a éstas el principio de publicidad de la función pública, contemplado en el artículo 8° de la Constitución Política y en el artículo 1° de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública (N° 20.285).
En el debate en la Sala de este veto del Ejecutivo intervinieron los diputados Enrique Jaramillo (PPD), Marcelo Schilling (PS), Fuad Chahín (DC), Germán Becker (RN), Sergio Ojeda (DC) y Alfonso De Urresti (PS).
Las observaciones del Presidente de la República deben ser votadas ahora por el Senado.
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