Diputados de Hacienda evalúan pros y contras de proyecto I+D con beneficiarios y expertos
Diputados de Hacienda evalúan pros y contras de proyecto I+D con beneficiarios y expertos
Publicado el 09 de junio del 2011
Aunque, en general, se reconocen los beneficios de un sistema de incentivos y se apoyan las flexibilizaciones propuestas por el Ejecutivo a la ley vigente, se criticó la rebaja del crédito tributario de un 35% a un 30%.
Un amplio panorama respecto de la actual aplicación de la Ley N° 20.241, que estableció un incentivo tributario a la inversión privada en investigación y desarrollo (I+D), así como las posibles implicancias de los cambios normativos propuestos por el Ejecutivo (boletín 7503) analizó con expertos y beneficiarios del sistema la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
El presidente de la Fundación Chile, Álvaro Fischer, sostuvo que la ley vigente estableció maneras muy rígidas de llevar a cabo la inversión. Valoró que la actual propuesta flexibilice la elección de las instituciones que realizan la investigación, permitiendo que ella se haga al interior de la empresa o en instancias distintas, incluso relacionadas con el mandante.
También destacó que, tanto el gasto corriente como el de capital, se consideren en la inversión; que se incluya el gasto de propiedad intelectual; que se den diez años para que la empresa elija cuándo hacer uso del crédito tributario; y que se eliminen topes de la inversión.
Sin embargo, criticó que el límite fijado de 15 mil UTM (respecto del monto que puede ser objeto del crédito) es bastante restrictivo para las empresas mayores. Además, estimó innecesario alargar los plazos de tramitación a través de un control ex ante, por medio de la CORFO, y dijo que no parecía razonable que a un instrumento que tuvo tan poco uso entre las empresas se disminuya el crédito de 35% a 30%.
Enrique Pérez, gerente de Finanzas de Celfin Capital, planteó que la difusión del programa de I+D y sus beneficios se puede mejorar. Expresó una percepción de inflexibilidad ante cambios en los proyectos, a mitad de camino y consideró engorroso el proceso de postulación, particularmente el hecho de demostrar ante la CORFO que la propuesta califica como I+D.
Dijo que siempre es mejor mayores incentivos, criticando con ello la rebaja del crédito. En este plano, propuso como alternativas partir con un beneficio mayor por un tiempo acotado y, posteriormente, bajarlo escalonadamente; establecer segundas fases y elementos complementarios; y definir si se opta por una situación pareja o diferenciada por industria.
Marcelo Diaz, gerente de Incuba UC, señaló que el surgimiento del incentivo tributario permitió delimitar actividades que anteriormente se enmarcaban en proyectos de largo alcance, abriendo con ello nuevos espacios, particularmente para áreas que ya realizaban I+D, pero en forma menos estructurada.
Estimó que las modificaciones propuestas representan un perfeccionamiento al instrumento, principalmente porque algunos elementos existentes han limitado la generación de contratos de alto monto.
El subdirector del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso (CINV), Alan Neely, dijo que el fundamento del proyecto no justifica claramente porqué el incentivo tributario debe extenderse a la investigación intramuros. “No está para nada claro cuánta inversión en I+D no se realiza por la exigencia de hacerla con un centro acreditado”, planteó.
Señaló que no hay relación lineal entre subsidio y gasto en I+D ni antecedentes que permitan estimar el incremento real que se podría generar con este cambio.
Cuestionó que se quiera modificar uno de los objetivos de la Ley, que es potenciar el vínculo entre los centros de investigación y el sector privado y sostuvo que aumentar el nivel de inversión por sobre el 1% del PIB es un asunto de Estado, que requiere de políticas consensuadas y despojadas de las ideologías que subyacen a un Gobierno que dura sólo cuatro años.
Criticó que, como investigador, “uno se ve absolutamente sobrepasado por la incertidumbre en las políticas de financiamiento en investigación, por los instrumentos que aparecen y desaparecen, y cuya continuidad y calendario no está preestablecido”.
Alan Neely observó también que la ley original puso el peso de la fiscalización sobre los centros, mientras que las modificaciones establecen que la investigación intramuros sólo será revisada a través de contratos entre partes relacionadas. “No hay multa ni penalizaciones por incumplimientos, sino que simplemente una restitución de lo que el fisco dejó de percibir. ¿Cuánto sería la pérdida para los centros si las empresas mueven sus proyectos a investigaciones intramuros?”, recalcó.
Recalcó que será más fácil hacer un contrato intramuros que contemple a los centros a través de las personas naturales que lo integran, lo que incidirá en la muerte de los centros certificado por CORFO.
Finalmente, afirmó que el incentivo tributario que se propone no producirá ningún cambio revolucionario en nuestro sistema de innovación sin una sólida base sustentable en un número razonable de doctores. Indicó que -pese a que en términos de publicaciones por doctor, Chile es el país más productivo de Latinoamérica- según informes de la OCDE se debe multiplicar en 10 la proporción de doctores y publicaciones científicas para subir en el ranking internacional en esta materia.
Publicado el 09 de junio del 2011
Aunque, en general, se reconocen los beneficios de un sistema de incentivos y se apoyan las flexibilizaciones propuestas por el Ejecutivo a la ley vigente, se criticó la rebaja del crédito tributario de un 35% a un 30%.
Un amplio panorama respecto de la actual aplicación de la Ley N° 20.241, que estableció un incentivo tributario a la inversión privada en investigación y desarrollo (I+D), así como las posibles implicancias de los cambios normativos propuestos por el Ejecutivo (boletín 7503) analizó con expertos y beneficiarios del sistema la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
El presidente de la Fundación Chile, Álvaro Fischer, sostuvo que la ley vigente estableció maneras muy rígidas de llevar a cabo la inversión. Valoró que la actual propuesta flexibilice la elección de las instituciones que realizan la investigación, permitiendo que ella se haga al interior de la empresa o en instancias distintas, incluso relacionadas con el mandante.
También destacó que, tanto el gasto corriente como el de capital, se consideren en la inversión; que se incluya el gasto de propiedad intelectual; que se den diez años para que la empresa elija cuándo hacer uso del crédito tributario; y que se eliminen topes de la inversión.
Sin embargo, criticó que el límite fijado de 15 mil UTM (respecto del monto que puede ser objeto del crédito) es bastante restrictivo para las empresas mayores. Además, estimó innecesario alargar los plazos de tramitación a través de un control ex ante, por medio de la CORFO, y dijo que no parecía razonable que a un instrumento que tuvo tan poco uso entre las empresas se disminuya el crédito de 35% a 30%.
Enrique Pérez, gerente de Finanzas de Celfin Capital, planteó que la difusión del programa de I+D y sus beneficios se puede mejorar. Expresó una percepción de inflexibilidad ante cambios en los proyectos, a mitad de camino y consideró engorroso el proceso de postulación, particularmente el hecho de demostrar ante la CORFO que la propuesta califica como I+D.
Dijo que siempre es mejor mayores incentivos, criticando con ello la rebaja del crédito. En este plano, propuso como alternativas partir con un beneficio mayor por un tiempo acotado y, posteriormente, bajarlo escalonadamente; establecer segundas fases y elementos complementarios; y definir si se opta por una situación pareja o diferenciada por industria.
Marcelo Diaz, gerente de Incuba UC, señaló que el surgimiento del incentivo tributario permitió delimitar actividades que anteriormente se enmarcaban en proyectos de largo alcance, abriendo con ello nuevos espacios, particularmente para áreas que ya realizaban I+D, pero en forma menos estructurada.
Estimó que las modificaciones propuestas representan un perfeccionamiento al instrumento, principalmente porque algunos elementos existentes han limitado la generación de contratos de alto monto.
El subdirector del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso (CINV), Alan Neely, dijo que el fundamento del proyecto no justifica claramente porqué el incentivo tributario debe extenderse a la investigación intramuros. “No está para nada claro cuánta inversión en I+D no se realiza por la exigencia de hacerla con un centro acreditado”, planteó.
Señaló que no hay relación lineal entre subsidio y gasto en I+D ni antecedentes que permitan estimar el incremento real que se podría generar con este cambio.
Cuestionó que se quiera modificar uno de los objetivos de la Ley, que es potenciar el vínculo entre los centros de investigación y el sector privado y sostuvo que aumentar el nivel de inversión por sobre el 1% del PIB es un asunto de Estado, que requiere de políticas consensuadas y despojadas de las ideologías que subyacen a un Gobierno que dura sólo cuatro años.
Criticó que, como investigador, “uno se ve absolutamente sobrepasado por la incertidumbre en las políticas de financiamiento en investigación, por los instrumentos que aparecen y desaparecen, y cuya continuidad y calendario no está preestablecido”.
Alan Neely observó también que la ley original puso el peso de la fiscalización sobre los centros, mientras que las modificaciones establecen que la investigación intramuros sólo será revisada a través de contratos entre partes relacionadas. “No hay multa ni penalizaciones por incumplimientos, sino que simplemente una restitución de lo que el fisco dejó de percibir. ¿Cuánto sería la pérdida para los centros si las empresas mueven sus proyectos a investigaciones intramuros?”, recalcó.
Recalcó que será más fácil hacer un contrato intramuros que contemple a los centros a través de las personas naturales que lo integran, lo que incidirá en la muerte de los centros certificado por CORFO.
Finalmente, afirmó que el incentivo tributario que se propone no producirá ningún cambio revolucionario en nuestro sistema de innovación sin una sólida base sustentable en un número razonable de doctores. Indicó que -pese a que en términos de publicaciones por doctor, Chile es el país más productivo de Latinoamérica- según informes de la OCDE se debe multiplicar en 10 la proporción de doctores y publicaciones científicas para subir en el ranking internacional en esta materia.
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