diputdos: Comisión de Constitución rechaza proyecto que impone nuevo requisito de residencia a candidatos a diputados
Comisión de Constitución rechaza proyecto que impone nuevo requisito de residencia a candidatos a diputados
Publicado el 08 de junio del 2011
La moción de diputados propone que los candidatos estén inscritos en los registros electorales del distrito al que postularán al menos dos años antes de asumir el cargo.
En votación dividida, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó este martes un proyecto de reforma constitucional que exige a los candidatos a diputados estar inscritos en los registros electorales de la región a la que pertenece el distrito por el que postulan, por los menos dos años antes de asumir.
La reforma se originó en una moción de los diputados Germán Becker (RN), Gabriel Ascencio (DC), Pepe Auth (PPD), Sergio Bobadilla (UDI), Pedro Browne (RN), Joaquín Godoy (RN), Fernando Meza (PRSD), Cristián Monckeberg (RN), Patricio Vallespín (DC) y la diputada Alejandra Sepúlveda (PRI) y su propósito es garantizar efectivamente el cumplimiento del requisito de residencia exigido a los postulantes a cargos parlamentarios, ya que, en opinión de los patrocinantes, la actual disposición constitucional se burla mediante resquicios como el arriendo de inmuebles en la respectiva región con efecto retroactivo.
La iniciativa fue debatida en la Comisión la semana pasada con la presencia de uno de sus autores, el diputado Germán Becker, pero la mayoría de los asistentes se manifestó crítico de la propuesta opinando que limitaba las opciones a disposición de los electores.
En la votación de la instancia especializada se manifestó a favor del proyecto, el diputado Pedro Araya (PRI) y en contra lo hicieron los diputados Jorge Burgos (DC), Guillermo Ceroni (PPD) y Arturo Squella (UDI). Por lo tanto, la iniciativa legal irá para su votación en la Sala con informe negativo.
EXPOSITORES SOBRE PROYECTO QUE REFUERZA LA PROBIDAD
Por otra parte, la Comisión escuchó también en esta sesión las presentaciones del presidente del Consejo de Transparencia, Raúl Urrutia, y el director de Chile Transparente, Jorge Correa Sutil, quienes plantearon sus puntos de vista y formularon observaciones sobre el proyecto de ley del Ejecutivo que refuerza la probidad y transparencia en la función pública.
La iniciativa perfecciona las declaraciones de intereses y patrimonio que deben realizar las autoridades públicas, ampliando su alcance y extendiendo a los más altos funcionarios dicha obligación, además de garantizar su difusión y conocimiento por la ciudadanía. Asimismo, impone la obligación de ciertas autoridades de constituir un mandato de administración de valores y, en algunos casos, la enajenación de los activos para resolver un determinado conflicto de interés.
Urrutia valoró positivamente los avances del proyecto en materia de ampliación y difusión de las declaraciones de patrimonio e intereses de altos funcionarios. Junto con ello, entre otros aspectos, propuso incluir en las declaraciones las relaciones de servicio con personas naturales o jurídicas durante los dos últimos años y que también se difundan las sanciones aplicadas a quienes no cumplan las exigencias.
Correa Sutil, a su turno, estimó inconveniente ampliar de 30 a 60 días el plazo para hacer las declaraciones -como plantea el proyecto- y sugirió que estas incluyan el historial laboral de años recientes; propuso crear una instancia pública que asesore a las autoridades para confeccionar sus declaraciones; y consideró excesivo el plazo de 120 días consagrado en el texto legal para enajenar activos cuando éstos generen conflicto de interés.
La Comisión seguirá escuchando otros especialistas antes de proceder a la votación del proyecto.
Publicado el 08 de junio del 2011
La moción de diputados propone que los candidatos estén inscritos en los registros electorales del distrito al que postularán al menos dos años antes de asumir el cargo.
En votación dividida, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó este martes un proyecto de reforma constitucional que exige a los candidatos a diputados estar inscritos en los registros electorales de la región a la que pertenece el distrito por el que postulan, por los menos dos años antes de asumir.
La reforma se originó en una moción de los diputados Germán Becker (RN), Gabriel Ascencio (DC), Pepe Auth (PPD), Sergio Bobadilla (UDI), Pedro Browne (RN), Joaquín Godoy (RN), Fernando Meza (PRSD), Cristián Monckeberg (RN), Patricio Vallespín (DC) y la diputada Alejandra Sepúlveda (PRI) y su propósito es garantizar efectivamente el cumplimiento del requisito de residencia exigido a los postulantes a cargos parlamentarios, ya que, en opinión de los patrocinantes, la actual disposición constitucional se burla mediante resquicios como el arriendo de inmuebles en la respectiva región con efecto retroactivo.
La iniciativa fue debatida en la Comisión la semana pasada con la presencia de uno de sus autores, el diputado Germán Becker, pero la mayoría de los asistentes se manifestó crítico de la propuesta opinando que limitaba las opciones a disposición de los electores.
En la votación de la instancia especializada se manifestó a favor del proyecto, el diputado Pedro Araya (PRI) y en contra lo hicieron los diputados Jorge Burgos (DC), Guillermo Ceroni (PPD) y Arturo Squella (UDI). Por lo tanto, la iniciativa legal irá para su votación en la Sala con informe negativo.
EXPOSITORES SOBRE PROYECTO QUE REFUERZA LA PROBIDAD
Por otra parte, la Comisión escuchó también en esta sesión las presentaciones del presidente del Consejo de Transparencia, Raúl Urrutia, y el director de Chile Transparente, Jorge Correa Sutil, quienes plantearon sus puntos de vista y formularon observaciones sobre el proyecto de ley del Ejecutivo que refuerza la probidad y transparencia en la función pública.
La iniciativa perfecciona las declaraciones de intereses y patrimonio que deben realizar las autoridades públicas, ampliando su alcance y extendiendo a los más altos funcionarios dicha obligación, además de garantizar su difusión y conocimiento por la ciudadanía. Asimismo, impone la obligación de ciertas autoridades de constituir un mandato de administración de valores y, en algunos casos, la enajenación de los activos para resolver un determinado conflicto de interés.
Urrutia valoró positivamente los avances del proyecto en materia de ampliación y difusión de las declaraciones de patrimonio e intereses de altos funcionarios. Junto con ello, entre otros aspectos, propuso incluir en las declaraciones las relaciones de servicio con personas naturales o jurídicas durante los dos últimos años y que también se difundan las sanciones aplicadas a quienes no cumplan las exigencias.
Correa Sutil, a su turno, estimó inconveniente ampliar de 30 a 60 días el plazo para hacer las declaraciones -como plantea el proyecto- y sugirió que estas incluyan el historial laboral de años recientes; propuso crear una instancia pública que asesore a las autoridades para confeccionar sus declaraciones; y consideró excesivo el plazo de 120 días consagrado en el texto legal para enajenar activos cuando éstos generen conflicto de interés.
La Comisión seguirá escuchando otros especialistas antes de proceder a la votación del proyecto.
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