diputado:Ingresan moción que obliga a elaborar plan de inicio de proyectos mineros e informar a la comunidad del mismo
Ingresan moción que obliga a elaborar plan de inicio de proyectos mineros e informar a la comunidad del mismo
Publicado el 24 de agosto del 2011
El proyecto precisa la definición de proyecto minero en la Ley de Bases del Medio Ambiente para incluir las obras previas complementarias a la exploración, y establece en el Código de Minería un procedimiento destinado a informar a la comunidad sobre el impacto de los proyectos, incluyendo las faenas previas a la explotación.
La iniciativa legal (boletín 7866) fue presentada con la firma de las diputadas Adriana Muñoz (PPD), Cristina Girardi (PPD) y Andrea Molina (UDI) y de los diputados Enrique Accorsi (PPD), Miodrag Marinovic (IND), Alfonso De Urresti (PS), Joaquín Tuma (PPD), Patricio Vallespín (DC) y Matías Walker (DC).
El texto señala en sus considerandos que la Ley 19.300, sobre Bases Generales del medio Ambiente, estableció un sistema de evaluación del impacto ambiental y una institucionalidad con el fin de regular los proyectos productivos, normativa que tras quince años de aplicación fue perfeccionada con la Ley 20.417, que consagró una nueva institucionalidad ambiental, que busca ser más independiente y técnica, dando mayores garantías tanto al sector productivo como a las comunidades.
A pesar de lo anterior, los autores del proyecto aún advierten falencias y vacíos normativos que impiden a los ciudadanos -e incluso a los organismos públicos- conocer y anticipar el impacto de ciertas faenas en su vida diaria y entorno. Al efecto, señalan que tanto la Ley 19.300 como el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el Reglamento Minero con frecuencia no permiten vislumbrar la real dimensión de los proyectos ni sus impactos porque no regulan las etapas iniciales de las faenas mineras, como la habilitación de caminos, modificaciones de cursos de aguas y alteración del hábitat y flora y fauna nativa.
Ejemplifican lo anterior haciendo referencia a un proyecto en la comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo, donde la empresa Minera Frontera de Oro S.C.M. se encuentra realizando acciones destinadas a iniciar exploraciones en un sector cordillerano. Para tal objeto la firma ha habilitado un camino y ha intervenido el cauce natural del río Mostazal, con efectos en la flora local y el riesgo de dañar vestigios arqueológicos prehispánicos de la zona.
“Lo anterior pone de manifiesto que nuestra normativa resulta insuficiente para hacerse cargo de todos los efectos de los proyectos mineros, particularmente de aquéllos de pequeña escala y especialmente de las acciones, obras y faenas previas al inicio de la exploración, generándose conflictos con las comunidades”, previenen los autores de la moción.
Por ello, proponen precisar la definición de proyecto minero contenida en la Ley 19.300, General de Bases del Medio Ambiente, para incluir en ella toda obra complementaria a la explotación y exploración. Junto con ello, sugieren incorporar en el Código de Minería un procedimiento destinado a informar a la comunidad, de un modo integral, acerca del impacto de los proyectos, incluyendo aquéllas acciones, obras y faenas previas a la exploración.
El proyecto quedó radicado en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados para su estudio.
Publicado el 24 de agosto del 2011
El proyecto precisa la definición de proyecto minero en la Ley de Bases del Medio Ambiente para incluir las obras previas complementarias a la exploración, y establece en el Código de Minería un procedimiento destinado a informar a la comunidad sobre el impacto de los proyectos, incluyendo las faenas previas a la explotación.
La iniciativa legal (boletín 7866) fue presentada con la firma de las diputadas Adriana Muñoz (PPD), Cristina Girardi (PPD) y Andrea Molina (UDI) y de los diputados Enrique Accorsi (PPD), Miodrag Marinovic (IND), Alfonso De Urresti (PS), Joaquín Tuma (PPD), Patricio Vallespín (DC) y Matías Walker (DC).
El texto señala en sus considerandos que la Ley 19.300, sobre Bases Generales del medio Ambiente, estableció un sistema de evaluación del impacto ambiental y una institucionalidad con el fin de regular los proyectos productivos, normativa que tras quince años de aplicación fue perfeccionada con la Ley 20.417, que consagró una nueva institucionalidad ambiental, que busca ser más independiente y técnica, dando mayores garantías tanto al sector productivo como a las comunidades.
A pesar de lo anterior, los autores del proyecto aún advierten falencias y vacíos normativos que impiden a los ciudadanos -e incluso a los organismos públicos- conocer y anticipar el impacto de ciertas faenas en su vida diaria y entorno. Al efecto, señalan que tanto la Ley 19.300 como el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el Reglamento Minero con frecuencia no permiten vislumbrar la real dimensión de los proyectos ni sus impactos porque no regulan las etapas iniciales de las faenas mineras, como la habilitación de caminos, modificaciones de cursos de aguas y alteración del hábitat y flora y fauna nativa.
Ejemplifican lo anterior haciendo referencia a un proyecto en la comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo, donde la empresa Minera Frontera de Oro S.C.M. se encuentra realizando acciones destinadas a iniciar exploraciones en un sector cordillerano. Para tal objeto la firma ha habilitado un camino y ha intervenido el cauce natural del río Mostazal, con efectos en la flora local y el riesgo de dañar vestigios arqueológicos prehispánicos de la zona.
“Lo anterior pone de manifiesto que nuestra normativa resulta insuficiente para hacerse cargo de todos los efectos de los proyectos mineros, particularmente de aquéllos de pequeña escala y especialmente de las acciones, obras y faenas previas al inicio de la exploración, generándose conflictos con las comunidades”, previenen los autores de la moción.
Por ello, proponen precisar la definición de proyecto minero contenida en la Ley 19.300, General de Bases del Medio Ambiente, para incluir en ella toda obra complementaria a la explotación y exploración. Junto con ello, sugieren incorporar en el Código de Minería un procedimiento destinado a informar a la comunidad, de un modo integral, acerca del impacto de los proyectos, incluyendo aquéllas acciones, obras y faenas previas a la exploración.
El proyecto quedó radicado en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados para su estudio.
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