Diputados: Clasificadoras de riesgo expusieron su participación en caso La Polar ante Comisión Investigadora
Diputados: Clasificadoras de riesgo expusieron su participación en caso La Polar ante Comisión Investigadora
Publicado el 08 de agosto del 2011
Feller Rate y Fitch Chile sostuvieron que las clasificaciones se efectuaron conforme a la información disponible, mucha de la cual había sido alterada por la empresa. La también invitada auditora Price Waterhouse Coopers se excusó de asistir, pese a habérsele comprometido reserva en la entrega de su testimonio.
Un actuar responsable basado en la información disponible en el mercado defendieron -ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, convertida en Investigadora sobre el caso de La Polar- las clasificadoras de riesgo Feller Rate y Fitch Chile respecto de la evaluación positiva que entregaron en su momento a la empresa, sin detectar las graves irregularidades que se dieron a conocer posteriormente a la opinión pública.
“Nosotros creemos que cumplimos a cabalidad con nuestra tarea; asignamos las clasificaciones que correspondían conforme a la información disponible. Es más, nosotros creemos que el desempeño de nuestro sistema de clasificación, la capacidad predictiva como indicador de eventual incumplimiento en el futuro de las emisiones de deuda y de la solvencia de la empresa quedan intactas”, afirmó Álvaro Feller, presidente de Feller Rate.
Indicó que La Polar entregó, en diferentes instancias, antecedentes sobre su política de renegociación, siempre enfatizando que dichos procesos se realizaban en forma consulta con los clientes y comprobando su voluntad y capacidad de pago. Sin embargo, acotó nunca informó sobre prácticas que parecieran irregulares, como las ahora conocidas repactaciones unilaterales.
Dijo que la información entregada por La Polar al 8 de junio de 2011, era la de una cartera normal, de un 80% sin renegociación; y un 20% con renegociación pactada. Destacó que el 17 de junio el cuadro cambió radicalmente al confirmarse -por la misma empresa- que el 80% pasaba a ser un 20%, en tanto que la cartera con renegociación subía a un 80%, siendo un 64% efectuada en forma unilateral y sólo un 16% en forma consentida. “Obviamente que estamos hablando de otra empresa”, sentenció.
Una visión similar entregó a los miembros de la comisión -que preside el diputado Gonzalo Arenas (UDI)- el gerente general de Fitch Chile, Alejandro Bertuol. Este confidenció que, el 1 de junio, se reunieron con los ejecutivos de La Polar para analizar los resultados del primer trimestre del 2011, que estaban recientemente publicados, y conversar sobre la evolución de lo que estaban proyectando.
Señaló que los ejecutivos comentaron que estaban fortaleciendo la gerencia de riesgo y que estaban creando una subgerencia de cobranzas para agilizar la gestión; se afirmó que toda la cartera con mora de más de 180 días estaba provisionada en un 99,9%; que estimaban que el monto de provisiones para 2012 sería similar al del 2010, en el orden de 120 mil millones de pesos; y que el porcentaje de renegociados llegaría a fin de año a un 15%.
Sostuvo que la información entregada voluntariamente por La Polar era consistente con los estados financieros auditados y con la información pública disponible, sin que existiera un indicio alguno de que dicha información era manifiestamente distinta a la realidad, lo cual se hizo público por etapas después del 9 de junio de este año.
“El proceso de clasificación de la empresa La Polar cumplió con los estándares, políticas y metodologías… Lo que era imposible conocer y tener en cuenta en dicho análisis es que la información suministrada por parte de la alta gerencia al mercado, a los entes reguladores -y a esta clasificadora- era falsa”, afirmó.
Los ejecutivos, junto a sus especialistas, aclararon que la deuda promedio en La Polar es de 600 mil pesos y no un millón 200 mil pesos, como se había dicho, ya que se estaba considerando el flujo trimestral, es decir, lo que se compró en el período, y no la deuda real.
Explicaron que esta provisión de deuda, mayor al del resto del retail, no pareció extraña al considerar que, a diferencia de otras casas comerciales, el cliente promedio de La Polar no poseía generalmente otras vías de endeudamiento que el proporcionado por esta empresa y el comercio asociado.
Plantearon que la luz de la alarma saltó por el lado de las provisiones que debieron haber estado en los estados financieros, que a fines del año pasado eran 80 mil millones de pesos y al cierre, en marzo de este año, eran de 118 mil millones de pesos, cuando después se dijo que eran 528 mil millones de pesos sobre una cartera de 740 mil millones de pesos.
En este contexto, enfatizaron que otro dato los podrían haber alertado sobre el actual escenario de incobrabilidad.
Cabe señalar que también estaba contemplado recibir en la jornada de hoy a la empresa auditora Price Waterhouse Coopers, sin embargo, ésta, pese a comprometérsele una audiencia secreta, se excusó aludiendo compromisos de confidencialidad con La Polar y en atención a las investigaciones que realizan la justicia y las Superintendencias de Valores y Seguros (SVS) y de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).
Opiniones
Para el diputado José Manuel Edwards (RN), el testimonio entregado por las clasificadoras es “sorprendente”, por cuanto plantea que nadie sabía nada de las repactaciones unilaterales, ni podía fiscalizarlo. “A la luz de los antecedentes que nos han proporcionado los distintos actores involucrados en el caso La Polar, nos hemos dado cuenta de que según ellos 'nadie' manejaba información que pudo haber permitido prevenir lo que estaba ocurriendo”, enfatizó.
El diputado Fuad Chahín (DC) criticó que todos los involucrados se escudan señalando que hubo una vulneración de la buena fe y afirmó que la cuestionada empresa estuvo mal clasificada, afectando con ello los intereses de quienes compraron sus bonos, entre ellos, las AFPs.
Los diputados Miodrag Marinovic (Indep.) y Marcelo Díaz (PS) cuestionaron el posible conflicto de interés que existe en el caso, por cuanto las clasificadoras son pagadas por las mismas empresas a las cuales califica. En esta línea, Díaz estimó oportuno crear una clasificadora de riesgo estatal que pueda asumir, cuando sea el caso, la responsabilidad de una mala evaluación. “Parece que hay un punto ciego para todos”, recalcó.
La diputada Mónica Zalaquett (UDI) también coincidió en que se hace sorprendente que, a medida que avanza la investigación, se revela que nadie tuvo una visión de alerta sobre las irregularidades presentes en la empresa, por lo que consideró relevante promover medidas que remedien la situación.
Finalmente, el presidente de la Comisión, diputado Gonzalo Arenas (UDI) cuestionó que a no fuera objeto de la atención de las clasificadoras el hecho que, en un muy breve plazo, se pasara de 9 mil cobranzas judiciales, a 40 mil, revelando un problema con la capacidad de pago de los clientes de la empresa.
Publicado el 08 de agosto del 2011
Feller Rate y Fitch Chile sostuvieron que las clasificaciones se efectuaron conforme a la información disponible, mucha de la cual había sido alterada por la empresa. La también invitada auditora Price Waterhouse Coopers se excusó de asistir, pese a habérsele comprometido reserva en la entrega de su testimonio.
Un actuar responsable basado en la información disponible en el mercado defendieron -ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, convertida en Investigadora sobre el caso de La Polar- las clasificadoras de riesgo Feller Rate y Fitch Chile respecto de la evaluación positiva que entregaron en su momento a la empresa, sin detectar las graves irregularidades que se dieron a conocer posteriormente a la opinión pública.
“Nosotros creemos que cumplimos a cabalidad con nuestra tarea; asignamos las clasificaciones que correspondían conforme a la información disponible. Es más, nosotros creemos que el desempeño de nuestro sistema de clasificación, la capacidad predictiva como indicador de eventual incumplimiento en el futuro de las emisiones de deuda y de la solvencia de la empresa quedan intactas”, afirmó Álvaro Feller, presidente de Feller Rate.
Indicó que La Polar entregó, en diferentes instancias, antecedentes sobre su política de renegociación, siempre enfatizando que dichos procesos se realizaban en forma consulta con los clientes y comprobando su voluntad y capacidad de pago. Sin embargo, acotó nunca informó sobre prácticas que parecieran irregulares, como las ahora conocidas repactaciones unilaterales.
Dijo que la información entregada por La Polar al 8 de junio de 2011, era la de una cartera normal, de un 80% sin renegociación; y un 20% con renegociación pactada. Destacó que el 17 de junio el cuadro cambió radicalmente al confirmarse -por la misma empresa- que el 80% pasaba a ser un 20%, en tanto que la cartera con renegociación subía a un 80%, siendo un 64% efectuada en forma unilateral y sólo un 16% en forma consentida. “Obviamente que estamos hablando de otra empresa”, sentenció.
Una visión similar entregó a los miembros de la comisión -que preside el diputado Gonzalo Arenas (UDI)- el gerente general de Fitch Chile, Alejandro Bertuol. Este confidenció que, el 1 de junio, se reunieron con los ejecutivos de La Polar para analizar los resultados del primer trimestre del 2011, que estaban recientemente publicados, y conversar sobre la evolución de lo que estaban proyectando.
Señaló que los ejecutivos comentaron que estaban fortaleciendo la gerencia de riesgo y que estaban creando una subgerencia de cobranzas para agilizar la gestión; se afirmó que toda la cartera con mora de más de 180 días estaba provisionada en un 99,9%; que estimaban que el monto de provisiones para 2012 sería similar al del 2010, en el orden de 120 mil millones de pesos; y que el porcentaje de renegociados llegaría a fin de año a un 15%.
Sostuvo que la información entregada voluntariamente por La Polar era consistente con los estados financieros auditados y con la información pública disponible, sin que existiera un indicio alguno de que dicha información era manifiestamente distinta a la realidad, lo cual se hizo público por etapas después del 9 de junio de este año.
“El proceso de clasificación de la empresa La Polar cumplió con los estándares, políticas y metodologías… Lo que era imposible conocer y tener en cuenta en dicho análisis es que la información suministrada por parte de la alta gerencia al mercado, a los entes reguladores -y a esta clasificadora- era falsa”, afirmó.
Los ejecutivos, junto a sus especialistas, aclararon que la deuda promedio en La Polar es de 600 mil pesos y no un millón 200 mil pesos, como se había dicho, ya que se estaba considerando el flujo trimestral, es decir, lo que se compró en el período, y no la deuda real.
Explicaron que esta provisión de deuda, mayor al del resto del retail, no pareció extraña al considerar que, a diferencia de otras casas comerciales, el cliente promedio de La Polar no poseía generalmente otras vías de endeudamiento que el proporcionado por esta empresa y el comercio asociado.
Plantearon que la luz de la alarma saltó por el lado de las provisiones que debieron haber estado en los estados financieros, que a fines del año pasado eran 80 mil millones de pesos y al cierre, en marzo de este año, eran de 118 mil millones de pesos, cuando después se dijo que eran 528 mil millones de pesos sobre una cartera de 740 mil millones de pesos.
En este contexto, enfatizaron que otro dato los podrían haber alertado sobre el actual escenario de incobrabilidad.
Cabe señalar que también estaba contemplado recibir en la jornada de hoy a la empresa auditora Price Waterhouse Coopers, sin embargo, ésta, pese a comprometérsele una audiencia secreta, se excusó aludiendo compromisos de confidencialidad con La Polar y en atención a las investigaciones que realizan la justicia y las Superintendencias de Valores y Seguros (SVS) y de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).
Opiniones
Para el diputado José Manuel Edwards (RN), el testimonio entregado por las clasificadoras es “sorprendente”, por cuanto plantea que nadie sabía nada de las repactaciones unilaterales, ni podía fiscalizarlo. “A la luz de los antecedentes que nos han proporcionado los distintos actores involucrados en el caso La Polar, nos hemos dado cuenta de que según ellos 'nadie' manejaba información que pudo haber permitido prevenir lo que estaba ocurriendo”, enfatizó.
El diputado Fuad Chahín (DC) criticó que todos los involucrados se escudan señalando que hubo una vulneración de la buena fe y afirmó que la cuestionada empresa estuvo mal clasificada, afectando con ello los intereses de quienes compraron sus bonos, entre ellos, las AFPs.
Los diputados Miodrag Marinovic (Indep.) y Marcelo Díaz (PS) cuestionaron el posible conflicto de interés que existe en el caso, por cuanto las clasificadoras son pagadas por las mismas empresas a las cuales califica. En esta línea, Díaz estimó oportuno crear una clasificadora de riesgo estatal que pueda asumir, cuando sea el caso, la responsabilidad de una mala evaluación. “Parece que hay un punto ciego para todos”, recalcó.
La diputada Mónica Zalaquett (UDI) también coincidió en que se hace sorprendente que, a medida que avanza la investigación, se revela que nadie tuvo una visión de alerta sobre las irregularidades presentes en la empresa, por lo que consideró relevante promover medidas que remedien la situación.
Finalmente, el presidente de la Comisión, diputado Gonzalo Arenas (UDI) cuestionó que a no fuera objeto de la atención de las clasificadoras el hecho que, en un muy breve plazo, se pasara de 9 mil cobranzas judiciales, a 40 mil, revelando un problema con la capacidad de pago de los clientes de la empresa.
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