Diputados: Ministro de Hacienda defendió actuar de Superintendentes y sostuvo que no hay riesgo sistémico tras caso La Polar
Diputados: Ministro de Hacienda defendió actuar de Superintendentes y sostuvo que no hay riesgo sistémico tras caso La Polar
Publicado el 04 de agosto del 2011
El Secretario de Estado dijo también a los diputados de la Comisión Investigadora que puede haber interpretaciones distintas respecto de las facultades fiscalizadoras de la SBIF y anunció una revisión de las normas para eliminar cualquier diferencia de opiniones hacia el futuro.
Una cerrada defensa al actuar realizado en torno al caso de La Polar -por los Superintendentes de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, Fernando Coloma y Carlos Budnevich, respectivamente- efectuó anoche el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, convertida en investigadora sobre esta materia.
“Me parece que dentro de ese escenario, las Superintendencias han actuado de acuerdo a las facultades que les confiere la legislación vigente. Es mi impresión, mi convicción”, respondió a los legisladores, frente a diversas consultas.
El Secretario de Estado recalcó que, en este caso, se trató de un delito orquestado al interior de la empresa, del cual no dieron cuenta, no sólo los organismos fiscalizadores, sino también otras instancias, como el directorio de La Polar, las auditoras externas, las clasificadoras de riesgo, los inversionistas y analistas de mercado.
“Este tema no fue evidente para los agentes, porque si hubiese sido evidente habrían actuado de acuerdo a esa información. Aquí no fue evidente para nadie, hasta cuando los hechos suceden, que parece ser evidente para todos”, acotó.
En esa línea, Larraín estimó que ninguna ley o regulación podrá prevenir completamente la comisión de un delito, sino que sólo disminuir la posibilidad. “Quien sostiene lo contrario, promete lo imposible”, sentenció.
El Ministro radicó la responsabilidad del hecho, en primer lugar, en quienes idearon y cometieron el fraude, alterando los estados financieros y manipulando la información entregada al mercado. Luego, apuntó al directorio, por no ser diligentes en el control de las acciones de la empresa; a las auditoras externas, que desde 2006 no presentaron en sus informes ninguna observación que hubiese permitido detectar las irregularidades; y las clasificadoras de riesgo.
Felipe Larraín afirmó que, conforme a la información disponible a la fecha, no existe riesgo sistémico en torno a este caso, ni señales que las repactaciones unilaterales sea una práctica generalizada en el mercado, ello, sin perjuicio de abusos puntuales que puedan existir en algunas empresas.
Finalmente, zanjando la polémica surgida por las diferentes opiniones manifestadas ante la Comisión por Carlos Budnevich y el presidente (S) del Banco Central, Enrique Marshall, en torno a las facultades fiscalizadoras de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), el Ministro señaló que se debe hacer una revisión mayor para analizar el tema y llegar a una conclusión.
“No necesariamente tenemos una interpretación única respecto de las facultades que se confieren, entre distintos actores. Eso es algo que, en caso de ser así, nos debería dejar como conclusión que tenemos un rol de aclarar la norma, lo que requiere de una elaboración mayor, porque el mero hecho que venga una autoridad del Banco Central y diga que esa es la interpretación, no la confiere en sí mismo en 'la' interpretación de la norma. Requerimos hacer un trabajo más amplio. No es la verdad revelada, sino que es una opinión y si hubiera diferencias de interpretación, nuestra conclusión es que en aras del futuro y no discutir en términos interminables respecto de si hay o no diferencias de opinión, es más bien aclarar lo que corresponde aclarar para que no existan esas diferencias a futuro”, planteó.
Reacciones
El presidente de la Comisión, diputado Gonzalo Arenas (UDI), estimó que la exposición del Ministro fue bastante clara, sin embargo, recalcó que será tarea de la Comisión evaluar los distintos testimonios que hay para determinar las responsabilidades administrativas y políticas que pudieron haber tenido algunos funcionarios en este caso.
Valoro la disposición de Felipe Larraín de trabajar junto con la instancia para hacer las conclusiones viables, en lo que refiere a los distintos proyectos de ley que será necesario impulsar para que haya un antes y un después en nuestro país en cuanto a la supervisión financiera y a la protección de los derechos de los consumidores por el caso La Polar. “Lo peor que podría pasar es que todo quede en nada”, afirmó.
Sostuvo que, hoy, el retail no tiene ninguna justificación para no estar regulado al mismo nivel y con la misma exigencia que la industria bancaria. Dijo que esa situación deberá ser evaluada para definir las mayores facultades que requiere una u otra institución.
El diputado Marcelo Díaz (PS) destacó el compromiso del Ministro de Hacienda de enviar, en cuestión de semanas, una indicación sustitutiva al proyecto de información comercial (deuda consolidada), que es una aspiración transversal de los diputados desde el periodo legislativo anterior y que es fundamental para entregarle a los ciudadanos la posibilidad de comparar e informarse mejor y asegurar de mejor manera sus derechos.
A su juicio, hubo dos puntos particularmente relevantes de la exposición: la confirmación que hay versiones contrapuestas entre el Banco Central y la SBIF; y la importancia de haber contado con la información de manera más temprana. En ese sentido dijo que, respecto del primer caso, se confirma que el Superintendente de Bancos no hizo todo lo que podía hacer, sino que se ciñó a lo más mínimo de lo que eran sus facultades fiscalizadoras; y que el SERNAC, con Juan Antonio Peribonio a la cabeza, actuó al filo de la reserva y el secreto, ocultándole a los ciudadanos la información e imposibilitando que ejercieran sus derechos.
Para el diputado Fuad Chahín (DC) también fue relevante que quedara claro que, al menos, hay diferentes interpretaciones respecto de las facultades de la SBIF. “Es un buen punto de partida para lo que importa: no sólo determinar las responsabilidades, sino que, efectivamente, hacer las correcciones regulatorias y legislativas necesarias”, puntualizó.
Además, consideró que las propuestas que hizo el Ministro son importantes, pero insuficientes. “Yo creo que después de esta sesión (el Ministro) ha quedado con la claridad de que es necesario ir más allá. Fortalecer toda la estructura de regulación y fiscalización y avanzar en derechos sustantivos, no sólo de los consumidores financieros, sino también de los cotizantes de AFP”, agregó.
El próximo lunes 8 de agosto, la Comisión contempla recibir en sesión secreta a la auditora White Waterhouse, en la sede de Santiago del Parlamento. En la misma oportunidad, entregarán su testimonio, en forma abierta, las clasificadoras de riesgo.
Publicado el 04 de agosto del 2011
El Secretario de Estado dijo también a los diputados de la Comisión Investigadora que puede haber interpretaciones distintas respecto de las facultades fiscalizadoras de la SBIF y anunció una revisión de las normas para eliminar cualquier diferencia de opiniones hacia el futuro.
Una cerrada defensa al actuar realizado en torno al caso de La Polar -por los Superintendentes de Valores y Seguros y de Bancos e Instituciones Financieras, Fernando Coloma y Carlos Budnevich, respectivamente- efectuó anoche el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, convertida en investigadora sobre esta materia.
“Me parece que dentro de ese escenario, las Superintendencias han actuado de acuerdo a las facultades que les confiere la legislación vigente. Es mi impresión, mi convicción”, respondió a los legisladores, frente a diversas consultas.
El Secretario de Estado recalcó que, en este caso, se trató de un delito orquestado al interior de la empresa, del cual no dieron cuenta, no sólo los organismos fiscalizadores, sino también otras instancias, como el directorio de La Polar, las auditoras externas, las clasificadoras de riesgo, los inversionistas y analistas de mercado.
“Este tema no fue evidente para los agentes, porque si hubiese sido evidente habrían actuado de acuerdo a esa información. Aquí no fue evidente para nadie, hasta cuando los hechos suceden, que parece ser evidente para todos”, acotó.
En esa línea, Larraín estimó que ninguna ley o regulación podrá prevenir completamente la comisión de un delito, sino que sólo disminuir la posibilidad. “Quien sostiene lo contrario, promete lo imposible”, sentenció.
El Ministro radicó la responsabilidad del hecho, en primer lugar, en quienes idearon y cometieron el fraude, alterando los estados financieros y manipulando la información entregada al mercado. Luego, apuntó al directorio, por no ser diligentes en el control de las acciones de la empresa; a las auditoras externas, que desde 2006 no presentaron en sus informes ninguna observación que hubiese permitido detectar las irregularidades; y las clasificadoras de riesgo.
Felipe Larraín afirmó que, conforme a la información disponible a la fecha, no existe riesgo sistémico en torno a este caso, ni señales que las repactaciones unilaterales sea una práctica generalizada en el mercado, ello, sin perjuicio de abusos puntuales que puedan existir en algunas empresas.
Finalmente, zanjando la polémica surgida por las diferentes opiniones manifestadas ante la Comisión por Carlos Budnevich y el presidente (S) del Banco Central, Enrique Marshall, en torno a las facultades fiscalizadoras de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), el Ministro señaló que se debe hacer una revisión mayor para analizar el tema y llegar a una conclusión.
“No necesariamente tenemos una interpretación única respecto de las facultades que se confieren, entre distintos actores. Eso es algo que, en caso de ser así, nos debería dejar como conclusión que tenemos un rol de aclarar la norma, lo que requiere de una elaboración mayor, porque el mero hecho que venga una autoridad del Banco Central y diga que esa es la interpretación, no la confiere en sí mismo en 'la' interpretación de la norma. Requerimos hacer un trabajo más amplio. No es la verdad revelada, sino que es una opinión y si hubiera diferencias de interpretación, nuestra conclusión es que en aras del futuro y no discutir en términos interminables respecto de si hay o no diferencias de opinión, es más bien aclarar lo que corresponde aclarar para que no existan esas diferencias a futuro”, planteó.
Reacciones
El presidente de la Comisión, diputado Gonzalo Arenas (UDI), estimó que la exposición del Ministro fue bastante clara, sin embargo, recalcó que será tarea de la Comisión evaluar los distintos testimonios que hay para determinar las responsabilidades administrativas y políticas que pudieron haber tenido algunos funcionarios en este caso.
Valoro la disposición de Felipe Larraín de trabajar junto con la instancia para hacer las conclusiones viables, en lo que refiere a los distintos proyectos de ley que será necesario impulsar para que haya un antes y un después en nuestro país en cuanto a la supervisión financiera y a la protección de los derechos de los consumidores por el caso La Polar. “Lo peor que podría pasar es que todo quede en nada”, afirmó.
Sostuvo que, hoy, el retail no tiene ninguna justificación para no estar regulado al mismo nivel y con la misma exigencia que la industria bancaria. Dijo que esa situación deberá ser evaluada para definir las mayores facultades que requiere una u otra institución.
El diputado Marcelo Díaz (PS) destacó el compromiso del Ministro de Hacienda de enviar, en cuestión de semanas, una indicación sustitutiva al proyecto de información comercial (deuda consolidada), que es una aspiración transversal de los diputados desde el periodo legislativo anterior y que es fundamental para entregarle a los ciudadanos la posibilidad de comparar e informarse mejor y asegurar de mejor manera sus derechos.
A su juicio, hubo dos puntos particularmente relevantes de la exposición: la confirmación que hay versiones contrapuestas entre el Banco Central y la SBIF; y la importancia de haber contado con la información de manera más temprana. En ese sentido dijo que, respecto del primer caso, se confirma que el Superintendente de Bancos no hizo todo lo que podía hacer, sino que se ciñó a lo más mínimo de lo que eran sus facultades fiscalizadoras; y que el SERNAC, con Juan Antonio Peribonio a la cabeza, actuó al filo de la reserva y el secreto, ocultándole a los ciudadanos la información e imposibilitando que ejercieran sus derechos.
Para el diputado Fuad Chahín (DC) también fue relevante que quedara claro que, al menos, hay diferentes interpretaciones respecto de las facultades de la SBIF. “Es un buen punto de partida para lo que importa: no sólo determinar las responsabilidades, sino que, efectivamente, hacer las correcciones regulatorias y legislativas necesarias”, puntualizó.
Además, consideró que las propuestas que hizo el Ministro son importantes, pero insuficientes. “Yo creo que después de esta sesión (el Ministro) ha quedado con la claridad de que es necesario ir más allá. Fortalecer toda la estructura de regulación y fiscalización y avanzar en derechos sustantivos, no sólo de los consumidores financieros, sino también de los cotizantes de AFP”, agregó.
El próximo lunes 8 de agosto, la Comisión contempla recibir en sesión secreta a la auditora White Waterhouse, en la sede de Santiago del Parlamento. En la misma oportunidad, entregarán su testimonio, en forma abierta, las clasificadoras de riesgo.
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