Sala de Diputados analizó en sesión especial la situación de seguridad ciudadana del país y las políticas antidelincuencia del Gobierno
Sala de Diputados analizó en sesión especial la situación de seguridad ciudadana del país y las políticas antidelincuencia del Gobierno
Publicado el 02 de agosto del 2011
El encuentro concluyó con la aprobación de dos proyectos de acuerdo, uno de la oposición y otro del oficialismo, que proponen una serie de iniciativas para reforzar la lucha contra el delito.
La sesión fue promovida por la bancada demócrata cristiana y fue suscrita por 48 diputados con el objeto de “tomar conocimiento y debatir acerca de las diferentes cifras conocidas últimamente que señalan preocupantes aumentos en la comisión de delitos, particularmente de alta connotación social”.
A la sesión concurrió citado el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter. No se otorgó el asentimiento unánime para el ingreso a la Sala del Subsecretario de Prevención, Cristóbal Lira, quien debió seguir el debate desde las tribunas.
Por los convocantes, los diputados DC Gabriel Silber y Matías Walker Intervinieron al inicio señalando que las estadísticas especializadas muestran un deterioro en la situación de seguridad en el país y cuestionaron al Gobierno por hacer de este tema un eje de sus promesas de campaña y no haber cumplido éstas una vez en La Moneda. “Esta batalla se está perdiendo porque el Gobierno no está ciento por ciento comprometido en esta tarea”, dijo Silber.
Walker invitó al Ejecutivo a concordar con los parlamentarios una agenda y despachar una serie de proyectos pendientes de seguridad ciudadana junto a un plan de acción que fortalezca el Ministerio Público y vaya en apoyo de las víctimas.
En el debate el diputado Cristian Letelier (UDI) atribuyó al nuevo sistema procesal penal y su sesgo garantista el aumento de la inseguridad y la delincuencia, mientras que el diputado Felipe Harboe (PPD), reclamó políticas focalizadas de prevención situacional, advirtiendo que en esta materia la oposición está dispuesta a cooperar y no hacer cálculos pequeños.
La diputada Marcela Sabat (RN) señaló que la batalla contra la delincuencia “es larga y difícil” y motejó de oportunistas las críticas de parlamentarios opositores, junto con destacar que en el último año ha habido avances notorios en decomisos de drogas y detenciones por tráfico, una de las causas de la actividad delictual.
El Ministro del Interior intervino para hacer una extensa descripción de los distintos programas públicos en este ámbito y aseguró que el Gobierno cumplirá las metas que se ha fijado de reducir la victimización en un 15 por ciento y los delitos en espacios públicos en un 25 por ciento en su periodo de cuatro años.
El secretario de Estado anticipó que se le pondrá suma urgencia a una serie de proyectos de seguridad ciudadana, entre ellos el que crea un Registro de Prófugos de la Justicia, el que aumenta las penas por delitos de robo de cajeros automáticos y el que amplía las medidas alternativas a las penas privativas de libertad.
Junto con ello, el ministro anunció que el Gobierno elaborará y presentará una iniciativa legal que persiga la responsabilidad con motivo de desórdenes producidos en las manifestaciones públicas, estableciendo responsabilidades de quienes acudan encapuchados y de los organizadores por los daños a la propiedad pública y privada y quienes no acaten las resoluciones de la autoridad.
Al término de la sesión, se aprobaron dos proyectos de acuerdo.
Con 55 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones, se aprobó un proyecto de acuerdo de diputados opositores que, entre otros aspectos, insta al Gobierno a comprometerse a aprobar con prontitud el Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público (que incremente en 180 el número de fiscales; a agilizar la tramitación de una serie de proyectos radicados en la Comisión de Seguridad Ciudadana; impulsar una defensoría de las víctimas de delitos y realizar evaluaciones externas de los programas de prevención social y policial.
Con 51 votos a favor, 33 en contra y una abstención, se aprobó un proyecto de acuerdo de diputados de gobierno que solicita al Ejecutivo fortalecer las políticas de prevención y sanción de los delitos; reforzar los sistema de control de las personas sujetas a medidas cautelares; impulsar programas que prevengan el ingreso de jóvenes y menores de edad a carreras delictuales; construir más recintos penitenciarios; ponerle urgencia a proyectos que crean registro de prófugos de la justicia y de condenados por delitos sexuales; y enviar al Congreso un proyecto que persiga la responsabilidad por los destrozos y daños a la propiedad pública y privada durante manifestaciones que alteren el orden público.
Intervinieron en la sesión los diputados Cristian Letelier (UDI), Felipe Harboe (PPD), René Saffirio (DC), Fidel Espinoza (PS), Marcela Sabat (RN), Fernando Meza (PRSD), Mónica Zalaquett (UDI), Enrique Accorsi (PPD), Jorge Burgos (DC), Nicolás Monckeberg (RN), María Angélica Cristi (UDI), Cristina Girardi (PPD), Andrea Molina (UDI); Gabriel Silber (DC), Giovanni Calderón (UDI) y Carlos Vilches (UDI).
Publicado el 02 de agosto del 2011
El encuentro concluyó con la aprobación de dos proyectos de acuerdo, uno de la oposición y otro del oficialismo, que proponen una serie de iniciativas para reforzar la lucha contra el delito.
La sesión fue promovida por la bancada demócrata cristiana y fue suscrita por 48 diputados con el objeto de “tomar conocimiento y debatir acerca de las diferentes cifras conocidas últimamente que señalan preocupantes aumentos en la comisión de delitos, particularmente de alta connotación social”.
A la sesión concurrió citado el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter. No se otorgó el asentimiento unánime para el ingreso a la Sala del Subsecretario de Prevención, Cristóbal Lira, quien debió seguir el debate desde las tribunas.
Por los convocantes, los diputados DC Gabriel Silber y Matías Walker Intervinieron al inicio señalando que las estadísticas especializadas muestran un deterioro en la situación de seguridad en el país y cuestionaron al Gobierno por hacer de este tema un eje de sus promesas de campaña y no haber cumplido éstas una vez en La Moneda. “Esta batalla se está perdiendo porque el Gobierno no está ciento por ciento comprometido en esta tarea”, dijo Silber.
Walker invitó al Ejecutivo a concordar con los parlamentarios una agenda y despachar una serie de proyectos pendientes de seguridad ciudadana junto a un plan de acción que fortalezca el Ministerio Público y vaya en apoyo de las víctimas.
En el debate el diputado Cristian Letelier (UDI) atribuyó al nuevo sistema procesal penal y su sesgo garantista el aumento de la inseguridad y la delincuencia, mientras que el diputado Felipe Harboe (PPD), reclamó políticas focalizadas de prevención situacional, advirtiendo que en esta materia la oposición está dispuesta a cooperar y no hacer cálculos pequeños.
La diputada Marcela Sabat (RN) señaló que la batalla contra la delincuencia “es larga y difícil” y motejó de oportunistas las críticas de parlamentarios opositores, junto con destacar que en el último año ha habido avances notorios en decomisos de drogas y detenciones por tráfico, una de las causas de la actividad delictual.
El Ministro del Interior intervino para hacer una extensa descripción de los distintos programas públicos en este ámbito y aseguró que el Gobierno cumplirá las metas que se ha fijado de reducir la victimización en un 15 por ciento y los delitos en espacios públicos en un 25 por ciento en su periodo de cuatro años.
El secretario de Estado anticipó que se le pondrá suma urgencia a una serie de proyectos de seguridad ciudadana, entre ellos el que crea un Registro de Prófugos de la Justicia, el que aumenta las penas por delitos de robo de cajeros automáticos y el que amplía las medidas alternativas a las penas privativas de libertad.
Junto con ello, el ministro anunció que el Gobierno elaborará y presentará una iniciativa legal que persiga la responsabilidad con motivo de desórdenes producidos en las manifestaciones públicas, estableciendo responsabilidades de quienes acudan encapuchados y de los organizadores por los daños a la propiedad pública y privada y quienes no acaten las resoluciones de la autoridad.
Al término de la sesión, se aprobaron dos proyectos de acuerdo.
Con 55 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones, se aprobó un proyecto de acuerdo de diputados opositores que, entre otros aspectos, insta al Gobierno a comprometerse a aprobar con prontitud el Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público (que incremente en 180 el número de fiscales; a agilizar la tramitación de una serie de proyectos radicados en la Comisión de Seguridad Ciudadana; impulsar una defensoría de las víctimas de delitos y realizar evaluaciones externas de los programas de prevención social y policial.
Con 51 votos a favor, 33 en contra y una abstención, se aprobó un proyecto de acuerdo de diputados de gobierno que solicita al Ejecutivo fortalecer las políticas de prevención y sanción de los delitos; reforzar los sistema de control de las personas sujetas a medidas cautelares; impulsar programas que prevengan el ingreso de jóvenes y menores de edad a carreras delictuales; construir más recintos penitenciarios; ponerle urgencia a proyectos que crean registro de prófugos de la justicia y de condenados por delitos sexuales; y enviar al Congreso un proyecto que persiga la responsabilidad por los destrozos y daños a la propiedad pública y privada durante manifestaciones que alteren el orden público.
Intervinieron en la sesión los diputados Cristian Letelier (UDI), Felipe Harboe (PPD), René Saffirio (DC), Fidel Espinoza (PS), Marcela Sabat (RN), Fernando Meza (PRSD), Mónica Zalaquett (UDI), Enrique Accorsi (PPD), Jorge Burgos (DC), Nicolás Monckeberg (RN), María Angélica Cristi (UDI), Cristina Girardi (PPD), Andrea Molina (UDI); Gabriel Silber (DC), Giovanni Calderón (UDI) y Carlos Vilches (UDI).
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