Cámara de Diputados pide realizar catastro nacional de bienes culturales protegidos y adherir a convención de la UNESCO sobre el tema
Cámara de Diputados pide realizar catastro nacional de bienes culturales protegidos y adherir a convención de la UNESCO sobre el tema
Publicado el 05 de septiembre del 2011
La Sala de la Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de acuerdo relacionados con los bienes culturales, uno de los cuales solicita a las autoridades la realización de un inventario nacional público de bienes culturales protegidos y el otro propone que Chile adhiera a una convención de la UNESCO contra el tráfico ilícito de los mismos.
El impulsor de ambas iniciativas fue el diputado Marcos Espinosa (PRSD), quien señaló que la Constitución Política, en su artículo 19 número 10, establece como deber del Estado la protección e incremento del patrimonio cultural, el que, según dijo, merece ser preservado para las generaciones futuras por ser parte esencial de la identidad de las naciones, además de la información que contiene, su uso como recurso educativo y el valor económico que posee.
Agregó el parlamentario que el interés por este patrimonio cultural provoca su intercambio y muchas veces su pérdida, debido al tráfico ilícito que se sustenta en un mercado ilegal y que fomenta delitos como saqueo, hurto, exportación ilícita y venta ilegal.
A modo de ejemplo, el diputado mencionó los intentos de Chile por recuperar al Hombre de Cobre -momia atacameña y primer trabajador del mineral de Chuquicamata, que se encuentra en Nueva York- y un moai de basalto que fue trasladado el siglo XIX desde Isla de Pascua a Londres.
“Salvo estos casos relevados por la prensa, no se conoce de otros, ya que nuestro país no cuenta con catastros y/o listados públicos donde se identifiquen todos los bienes culturales muebles reconocidos y protegidos por la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, ni tampoco de aquellos que se encuentran en el extranjero”, señaló Espinosa.
La Ley 17.288 reconoce los bienes culturales muebles en las categorías de monumento histórico y monumento arqueológico a través de la dictación de decretos respectivos.
Por otra parte, el parlamentario hizo hincapié que a nivel internacional existe un activo tráfico ilícito de bienes culturales -el tercero en magnitud después de los de armas y de drogas- que se sustenta en robos, saqueos, contrabando y falsificaciones de dichos bienes.
Destacó que tal situación ha motivado la gestación de normas que establecen un marco de cooperación internacional para la restitución de bienes culturales robados o exportados ilícitamente. Estos esfuerzos se plasmaron en la “Convención sobre las Medidas que deben adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedades Ilícitas de Bienes Culturales”, aprobada en la XVI Reunión de la Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1970, a la que han adherido 120 países.
En ese marco, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación, con 49 votos a favor, al Proyecto de Acuerdo 401, que solicita al Presidente de la República que proponga al Congreso una iniciativa legal donde se establezca un registro nacional público con todos los bienes culturales muebles que se encuentran reconocidos en las categorías de monumento nacional y monumento arqueológico y que se encuentran sujetos a autorización especial para salir del país.
Por otra parte, con 40 votos a favor, la Cámara aprobó el Proyecto de Acuerdo 402, que pide al Presidente de la República que someta a consideración del Parlamento la Convención de la UNESCO que establece el marco para prohibir la importación, exportación y transferencia ilícita de bienes culturales.
Publicado el 05 de septiembre del 2011
La Sala de la Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de acuerdo relacionados con los bienes culturales, uno de los cuales solicita a las autoridades la realización de un inventario nacional público de bienes culturales protegidos y el otro propone que Chile adhiera a una convención de la UNESCO contra el tráfico ilícito de los mismos.
El impulsor de ambas iniciativas fue el diputado Marcos Espinosa (PRSD), quien señaló que la Constitución Política, en su artículo 19 número 10, establece como deber del Estado la protección e incremento del patrimonio cultural, el que, según dijo, merece ser preservado para las generaciones futuras por ser parte esencial de la identidad de las naciones, además de la información que contiene, su uso como recurso educativo y el valor económico que posee.
Agregó el parlamentario que el interés por este patrimonio cultural provoca su intercambio y muchas veces su pérdida, debido al tráfico ilícito que se sustenta en un mercado ilegal y que fomenta delitos como saqueo, hurto, exportación ilícita y venta ilegal.
A modo de ejemplo, el diputado mencionó los intentos de Chile por recuperar al Hombre de Cobre -momia atacameña y primer trabajador del mineral de Chuquicamata, que se encuentra en Nueva York- y un moai de basalto que fue trasladado el siglo XIX desde Isla de Pascua a Londres.
“Salvo estos casos relevados por la prensa, no se conoce de otros, ya que nuestro país no cuenta con catastros y/o listados públicos donde se identifiquen todos los bienes culturales muebles reconocidos y protegidos por la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, ni tampoco de aquellos que se encuentran en el extranjero”, señaló Espinosa.
La Ley 17.288 reconoce los bienes culturales muebles en las categorías de monumento histórico y monumento arqueológico a través de la dictación de decretos respectivos.
Por otra parte, el parlamentario hizo hincapié que a nivel internacional existe un activo tráfico ilícito de bienes culturales -el tercero en magnitud después de los de armas y de drogas- que se sustenta en robos, saqueos, contrabando y falsificaciones de dichos bienes.
Destacó que tal situación ha motivado la gestación de normas que establecen un marco de cooperación internacional para la restitución de bienes culturales robados o exportados ilícitamente. Estos esfuerzos se plasmaron en la “Convención sobre las Medidas que deben adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedades Ilícitas de Bienes Culturales”, aprobada en la XVI Reunión de la Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1970, a la que han adherido 120 países.
En ese marco, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación, con 49 votos a favor, al Proyecto de Acuerdo 401, que solicita al Presidente de la República que proponga al Congreso una iniciativa legal donde se establezca un registro nacional público con todos los bienes culturales muebles que se encuentran reconocidos en las categorías de monumento nacional y monumento arqueológico y que se encuentran sujetos a autorización especial para salir del país.
Por otra parte, con 40 votos a favor, la Cámara aprobó el Proyecto de Acuerdo 402, que pide al Presidente de la República que someta a consideración del Parlamento la Convención de la UNESCO que establece el marco para prohibir la importación, exportación y transferencia ilícita de bienes culturales.
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