Diputados:Rectores plantearon poner cotas a aranceles y un sistema de acreditación de expertos, obligatorio e independiente
Rectores plantearon poner cotas a aranceles y un sistema de acreditación de expertos, obligatorio e independiente
Publicado el 01 de septiembre del 2011
Paralelamente, insistieron en la creación de una Superintendencia de Educación Superior que establezca una fiscalización pareja en todos los establecimientos, tanto en materia presupuestaria como el cumplimiento de estándares de calidad.
El establecimiento de cotas a la tendencia de crecimiento de los aranceles; un sistema de acreditación de expertos, obligatorio e independiente; y la constitución de una Superintendencia de Educación Superior que establezca una fiscalización pareja para todos los establecimientos, fueron algunas de las propuestas presentadas ante la Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la Educación Superior por parte de los rectores de las Universidades de Valparaíso, Católica de Valparaíso y Playa Ancha.
El rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, planteó que el incremento importante que han tenido los aranceles en los últimos años muestra que se requiere de una regulación que no deje su definición sólo al arbitrio de la propia institución formadora, sino que sea un ente técnico, estatal, que lo pueda establecer, sobre la base de un análisis de la estructura de costos que considere infraestructura, docencia y calidad.
Precisó que el arancel de referencia trató de moderar la tendencia al alza, pero sostuvo que hoy no se presenta como un instrumento efectivo, adoleciendo de varios defectos que ameritan un cambio de sistema.
Indicó que, en el caso de las universidades públicas, existe un compromiso por analogar el arancel de referencia (respecto del cual el Estado hace los aportes) con el real, para el 60% de los estudiantes de menores recursos, representando un alto costo para las casas de estudios que deben solventar el gasto con recursos propios.
Frente a los cuestionamientos hechos por algunos legisladores, como la diputada María José Hoffmann, en torno a los altos costos de arancel de las universidades públicas, incluso por sobre algunas instituciones privadas, Elórtegui recordó que las privadas suelen tener profesores de jornada parcial, con pocas horas, mientras que las públicas poseen un equipo docente más bien permanente (jornadas completas). Además, acotó, se efectúan aportes en investigación y la concreción de cursos de postgrado, que las universidades privadas no desarrollan.
También respondiendo a un planteamiento de la diputada Hoffmann respecto del rol de las universidades estatales, el rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, sostuvo que las instituciones públicas garantizan la libertad de pensamiento y la no censura. “La universidad (estatal) no puede tener un dueño que establezca límites a la imaginación”, enfatizó.
Planteó que debe haber un sistema de acreditación universitario que cuente con el juicio independiente de expertos, que garantice que no existen conflictos de intereses. Dijo que el sistema debería ser obligatorio, con estándares fijos mínimos, y no sólo evaluar la coherencia entre lo que declaró la institución como propósito y lo que efectúa realmente.
Valle, Elortegui y el rector de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sanhueza, consideraron fundamental implementar en Chile una Superintendencia de Educación Superior que fiscalice todo el sistema con una “misma vara” y siendo proactiva en exigir calidad en la educación y en el cumplimiento de la normativa vigente que prohíbe el lucro, entendiendo por esto, el no retiro de excedentes.
Sanhueza criticó el exiguo aporte basal que reciben las universidades estatales, particularmente considerando que deben financiar no sólo la formación profesional, sino también actividades de extensión, investigación y postgrado.
Afirmó que debe existir un sistema de financiamiento más adecuado a la realidad del país, con un arancel regulado. Asimismo, dijo que se debe analizar la forma en que Chile se hace cargo de la clase media, postulando la posibilidad de mantener un respaldo fiscal hasta el séptimo decil, cuyo costo implicaría unos 1.300 millones de dólares.
Evaluación Positiva
La presidenta de la Comisión, diputada Alejandra Sepúlveda (PRI) se manifestó muy satisfecha con la sesión y los aportes entregados a la Comisión por los representantes del Consejo de Rectores. Estimó que de la información entregada se desprenden varias conclusiones que servirán para la investigación, como por ejemplo, el tema de regular los aranceles.
“Ellos dijeron que esto podría crecer hasta el infinito sino éramos capaces de regular los aranceles. Plantearon conformar un panel de expertos de la acreditación, que sea una instancia externa que vea las estructuras de costos y no sólo los procesos”, destacó.
Dijo que también fue muy interesante lo que señalaron en torno a la Superintendencia de Educación Superior y varios conceptos que tienen que ver con la formación de la persona en la comunidad y la no fragmentación social.
El diputado Manuel Monsalve (PS) sostuvo que fue muy enriquecedor el encuentro y coincidió con la diputada en que esta discusión en la Cámara de Diputados puede contribuir al debate público.
Destacó la defensa hecha por los rectores al concepto de universidad como espacio en el que se construye la República y donde se fortalece la democracia y el pluralismo, así como los antecedentes que tienen que ver con el sistema de financiamiento de la educación superior, particularmente de las universidades, que son muy relevantes para la tarea que tiene la Comisión Investigadora.
“Es muy importante decir que hay 1.200 millones de dólares que ingresan, producto de aranceles y matrículas, a las universidades estatales de las cuales hay un conjunto de mecanismos de control y de rendición de cuenta por medio de las cuales es posible saber en qué se gastan esos recursos, situación que no ocurre en las universidades privadas”, precisó.
Estimó que un aspecto muy importante que se señaló tiene que ver con una inquietud de la sociedad, cual es el financiamiento de la educación superior para los jóvenes no sólo de los sectores más vulnerables sino también de la clase media. Recalcó que los 1.300 millones de dólares que implicaría este esfuerzo podrían reunirse a través de los impuestos a las empresas. “Creo que es una meta totalmente posible, espero que el debate que se genere en la Comisión permita contribuir a que todo Chile vea que esto es posible y también el Gobierno”, sentenció.
Publicado el 01 de septiembre del 2011
Paralelamente, insistieron en la creación de una Superintendencia de Educación Superior que establezca una fiscalización pareja en todos los establecimientos, tanto en materia presupuestaria como el cumplimiento de estándares de calidad.
El establecimiento de cotas a la tendencia de crecimiento de los aranceles; un sistema de acreditación de expertos, obligatorio e independiente; y la constitución de una Superintendencia de Educación Superior que establezca una fiscalización pareja para todos los establecimientos, fueron algunas de las propuestas presentadas ante la Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la Educación Superior por parte de los rectores de las Universidades de Valparaíso, Católica de Valparaíso y Playa Ancha.
El rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, planteó que el incremento importante que han tenido los aranceles en los últimos años muestra que se requiere de una regulación que no deje su definición sólo al arbitrio de la propia institución formadora, sino que sea un ente técnico, estatal, que lo pueda establecer, sobre la base de un análisis de la estructura de costos que considere infraestructura, docencia y calidad.
Precisó que el arancel de referencia trató de moderar la tendencia al alza, pero sostuvo que hoy no se presenta como un instrumento efectivo, adoleciendo de varios defectos que ameritan un cambio de sistema.
Indicó que, en el caso de las universidades públicas, existe un compromiso por analogar el arancel de referencia (respecto del cual el Estado hace los aportes) con el real, para el 60% de los estudiantes de menores recursos, representando un alto costo para las casas de estudios que deben solventar el gasto con recursos propios.
Frente a los cuestionamientos hechos por algunos legisladores, como la diputada María José Hoffmann, en torno a los altos costos de arancel de las universidades públicas, incluso por sobre algunas instituciones privadas, Elórtegui recordó que las privadas suelen tener profesores de jornada parcial, con pocas horas, mientras que las públicas poseen un equipo docente más bien permanente (jornadas completas). Además, acotó, se efectúan aportes en investigación y la concreción de cursos de postgrado, que las universidades privadas no desarrollan.
También respondiendo a un planteamiento de la diputada Hoffmann respecto del rol de las universidades estatales, el rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, sostuvo que las instituciones públicas garantizan la libertad de pensamiento y la no censura. “La universidad (estatal) no puede tener un dueño que establezca límites a la imaginación”, enfatizó.
Planteó que debe haber un sistema de acreditación universitario que cuente con el juicio independiente de expertos, que garantice que no existen conflictos de intereses. Dijo que el sistema debería ser obligatorio, con estándares fijos mínimos, y no sólo evaluar la coherencia entre lo que declaró la institución como propósito y lo que efectúa realmente.
Valle, Elortegui y el rector de la Universidad de Playa Ancha, Patricio Sanhueza, consideraron fundamental implementar en Chile una Superintendencia de Educación Superior que fiscalice todo el sistema con una “misma vara” y siendo proactiva en exigir calidad en la educación y en el cumplimiento de la normativa vigente que prohíbe el lucro, entendiendo por esto, el no retiro de excedentes.
Sanhueza criticó el exiguo aporte basal que reciben las universidades estatales, particularmente considerando que deben financiar no sólo la formación profesional, sino también actividades de extensión, investigación y postgrado.
Afirmó que debe existir un sistema de financiamiento más adecuado a la realidad del país, con un arancel regulado. Asimismo, dijo que se debe analizar la forma en que Chile se hace cargo de la clase media, postulando la posibilidad de mantener un respaldo fiscal hasta el séptimo decil, cuyo costo implicaría unos 1.300 millones de dólares.
Evaluación Positiva
La presidenta de la Comisión, diputada Alejandra Sepúlveda (PRI) se manifestó muy satisfecha con la sesión y los aportes entregados a la Comisión por los representantes del Consejo de Rectores. Estimó que de la información entregada se desprenden varias conclusiones que servirán para la investigación, como por ejemplo, el tema de regular los aranceles.
“Ellos dijeron que esto podría crecer hasta el infinito sino éramos capaces de regular los aranceles. Plantearon conformar un panel de expertos de la acreditación, que sea una instancia externa que vea las estructuras de costos y no sólo los procesos”, destacó.
Dijo que también fue muy interesante lo que señalaron en torno a la Superintendencia de Educación Superior y varios conceptos que tienen que ver con la formación de la persona en la comunidad y la no fragmentación social.
El diputado Manuel Monsalve (PS) sostuvo que fue muy enriquecedor el encuentro y coincidió con la diputada en que esta discusión en la Cámara de Diputados puede contribuir al debate público.
Destacó la defensa hecha por los rectores al concepto de universidad como espacio en el que se construye la República y donde se fortalece la democracia y el pluralismo, así como los antecedentes que tienen que ver con el sistema de financiamiento de la educación superior, particularmente de las universidades, que son muy relevantes para la tarea que tiene la Comisión Investigadora.
“Es muy importante decir que hay 1.200 millones de dólares que ingresan, producto de aranceles y matrículas, a las universidades estatales de las cuales hay un conjunto de mecanismos de control y de rendición de cuenta por medio de las cuales es posible saber en qué se gastan esos recursos, situación que no ocurre en las universidades privadas”, precisó.
Estimó que un aspecto muy importante que se señaló tiene que ver con una inquietud de la sociedad, cual es el financiamiento de la educación superior para los jóvenes no sólo de los sectores más vulnerables sino también de la clase media. Recalcó que los 1.300 millones de dólares que implicaría este esfuerzo podrían reunirse a través de los impuestos a las empresas. “Creo que es una meta totalmente posible, espero que el debate que se genere en la Comisión permita contribuir a que todo Chile vea que esto es posible y también el Gobierno”, sentenció.
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