Asimetría en la relación entre usuarios y empresas de agua potable genera amplio debate en el Senado. En el marco de la discusión de dos mociones destinadas a establecer compensaciones en casos de interrupciones del servicio, senadores de todos los sectores expresaron sus aprensiones por la debida fiscalización y la falta de inversiones en el sector, además de la situación en que quedan los sistemas de Agua Potable Rural (APR).

Su preocupación por la fuerte asimetría que existe entre consumidores y empresas de agua potable, además de la falta de una debida fiscalización e institucionalidad que resguarde los derechos de la población a recibir el suministro del vital elemento expresaron senadores de todos los sectores en el marco del debate de dos mociones que apuntan a establecer compensaciones en casos de interrupciones del servicio.





Se trata de la moción del senador José Antonio Gómez que cumple su primer trámite y de la iniciativa presentada por un grupo de diputados en 1999 entre ellos, los actuales senadores Baldo Prokurica y José García Ruminot. Ambas serán votadas por separado por la Sala del Senado, la próxima semana.





En la primera jornada de discusión en Sala intervinieron los senadores Baldo Prokurica, José Antonio Gómez, Isabel Allende, Camilo Escalona, Carlos Kuschel, Francisco Chahuán, Jaime Quintana, Alejandro García-Huidobro y Carlos Cantero.





El senador Prokurica hizo énfasis en que se trata de dos proyectos con un objetivo común: establecer compensaciones cuando se produzcan interrupciones sin que hayan sido autorizadas por la Superintendencia del sector, ya que los usuarios no pueden elegir el servicio sanitario, ni fijar el precio ni la negociar la calidad del producto. Recalcó que la zona norte es la que enfrenta los mayores problemas de suministro y es donde el costo del agua es más alto.





A su vez, el senador Gómez recordó que Antofagasta enfrenta graves problemas de cortes reiterados de suministro de agua, "a veces por semanas", por ello presentamos este proyecto que propone criterios de indemnización y protección a los usuarios. No obstante, aclaró que quedan temas pendientes que tiene que ver con los cobros que se hacen a los usuarios en materia de alcantarillado, canalización y tratamiento".





A su turno, la senadora Allende concordó con los argumentos de sus pares "en el caso de Atacama, sus habitantes no tienen posibilidad de elegir otra empresa que no sea Aguas Chañar y estamos diciendo hace tiempo que no cumple con los estándares de calidad". Hizo notar que los procesos de indemnización deben ser breves y concordó que hoy las compensaciones se reducen a $300 por usuario, tal como fue en el caso del último apagón. Además explicó que hoy existe una pugna por la venta de aguas de riego a mineras y pidió resguardar este servicio básico.





El senador Escalona, en su calidad de presidente de la Comisión de Obras Públicas informó que el Ejecutivo se comprometió a recoger durante el debate en particular, las inquietudes planteadas por los senadores en cuanto a evitar que se produzcan abusos y el vacío que existe en la etapa de desvinculación de una empresa que es de propiedad pública y que se va privatizando. Hizo notar que las carencias de agua para consumo humano no se produce solo en las regiones desérticas sino también y -paradojalmente- en la lluviosa Región de Los Ríos, en sectores donde faltan inversiones.





Por su parte, el senador Kuschel si bien valoró las iniciativas expresó su preocupación porque podrían traducirse en un encarecimiento de los costos del servicio. "Creo que las empresas analizarán el riesgo en la ocurrencia de corte y la cuenta se la van a cargar a los propios clientes. A mi juicio tenemos problemas en el sistema de regulación de precios y tarifas porque las sanitarias están siendo obstáculo al crecimiento de las ciudades". Por estas razones, solicitó la opinión no solo al Ministerio de Obras Públicas sino también al de Economía y a los que fijan las tarifas de agua potable.





A su vez, el senador Chahuán, aseveró que "las empresas sanitarias forman verdaderos monopolios donde los usuarios quedan cautivos especialmente ante cortes del suministro". Por ello, mencionó que "resulta justo que se establezca una compensación económica con un procedimiento sumario". Recordó que junto a otros parlamentarios presentó un proyecto de reforma constitucional para que el agua sea considerado un bien nacional de uso público.





El senador Jaime Quintana, dejó constancia de los conflictos que existen por el tema de los derechos de agua y por eso valoró estas iniciativas, aunque aclaró que "la idea es que existan mecanismos para que estas compensaciones cumplan sus objetivos y no se traduzcan en una cifra de solo $300". Expresó además su preocupación por la situación en que se encuentran muchos Comités de Agua Potable Rural (APR) que no son parte de las grandes empresas.





En tanto, el senador García- Huidobro, coincidió en la inquietud por la situación de los APR ya que no son fiscalizadas por la Superintendencia. Recordó que la privatización de las sanitarias se realizó en gobiernos anteriores con el fin de tener los recursos para el tratamiento de las aguas servidas. Por ello, aseguró que "este es un tema que da para mucho porque tenemos que preocuparnos también de que no se lleven el agua tan pura del sur". Sin embargo, valoró que este proyecto se haga cargo de las compensaciones por corte del servicio.





Finalmente, el senador Cantero se mostró partidario de "terminar con estas asimetrías odiosas que rompen la equidad entre las empresas de servicios y los usuarios y que se traducen en multas que en nada benefician a los ciudadanos afectados". Mencionó además los graves problemas de contaminación que han debido enfrentar las principales ciudades en el norte de Chile y aseguró que "este tipo de iniciativas contribuyen a mejorar la imagen del Parlamento".