diputados: Banca ratificó su posición favorable al proyecto que regula uso de información comercial

Publicado el 12 de octubre del 2011



Ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, Jorge Awad planteó que un perfeccionamiento del sistema de información comercial disminuye los efectos del sobreendeudamiento e incrementa las posibilidades de acceso al crédito a las personas con buen cumplimiento de pago.





Confirmando la posición tradicional que ha tenido el sector sobre la materia, el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), Jorge Awad, entregó su apoyo al proyecto del Ejecutivo (boletín 7886) que regula el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter financiero o crediticio.



Jorge Awad sostuvo que la Asociación “considera este proyecto como un activo país que permitirá perfeccionar el Sistema de Información Comercial (SIC) y que, en conjunto con otros proyectos de ley, posibilitará robustecer armónicamente la protección del titular de los datos”.



Estimó que el SIC es fundamental para el buen funcionamiento de la industria del crédito, tanto bancario como no bancario, ya que entrega un gran apoyo a la optimización de la gestión de riesgos crediticios, disminuyendo los efectos del sobreendeudamiento e incrementando las posibilidades de acceso al crédito a las personas con buen cumplimiento de pago. “Todo lo anterior permite mejorar las condiciones de tasa de interés para clientes con menores riesgos, los que con información reducida no son posibles de identificar”, precisó.



Dijo que los estudios demuestran que mientras mayor es el número de aportantes de información, tanto positiva como negativa, mayor será la contribución del SIC a la gestión de riesgo de crédito. En ese sentido, valoró el aporte de antecedentes de deuda de distintos proveedores de créditos, así como de morosidades de la Tesorería General de la República



Compartió el criterio expresado por el Ejecutivo de incluir en el sistema información por tiempos razonables (5 años) y que exista un equilibrio entre la debida defensa de los derechos de las personas y proveer niveles adecuados de información.



Consideró que la licitación del Sistema de Obligaciones Económicas (SOE) también constituye un importante aporte, tanto para corregir imperfecciones de mercado, lo que debiera traducirse en disminución de costos de accesos a la información, como para posibilitar el ingreso de nuevos actores.



Plantearon que la autorización del titular de datos para que un usuario pueda consultar su deuda consolidada, debe ser tan flexible como el titular esté dispuesto a entregarla. “Lo anterior, con el propósito de que las instituciones proveedoras de crédito cuenten con la posibilidad de tener incluso una autorización de largo plazo, que les permita reevaluar líneas de crédito y otros productos de larga duración. Esta debiese ser una potestad del cliente, quién podría estar dispuesto a mantener dicha autorización en forma indefinida o mientras sea cliente de una institución”, agregó.



Como propuestas, expresó la necesidad de que el aporte de datos al SOE, referidos a Obligaciones Económicas al Día, sea obligatorio para todos los aportantes, sin estar sujeto a la autorización por parte del titular de los datos. Asimismo, estimó relevante incorporar en la información negativa las multas e infracciones laborales y previsionales, las que no están consideradas explícitamente en el proyecto.



Además, con el fin de evitar una posible integración vertical implícita y/o potenciales conflictos de interés, propuso delimitar claramente las funciones del administrador del SOE, el cual no debe competir con los distribuidores en la venta y entrega de la información de morosidad y/o historial comercial.



El diputado Fuad Chahín (DC) apoyó la proyección entregada por la banca, en orden a que un sistema consolidado de información comercial, que incluya tanto antecedentes positivos como negativos, redundará en una disminución del riesgo y promoverá una mayor bancarización.



Sin embargo, recalcó que no pudo demostrar que estos efectos implicarán, per se, una reducción de las tasas de interés. “Nos gustaría que eso sea así, pero no sólo como una declaración, sino como un hecho, por eso es importante la fijación de precio y por eso apoyamos este proyecto si paralelamente se impulsa una baja sustancial de la Tasa Máxima Convencional (TMC)”, enfatizó.



Dijo que no está disponible para legislar sobre la información positiva y negativa de las personas si eso redunda sólo en mayores utilidades para la banca, mientras que los clientes siguen pagando tasas de interés altísimas.



Indicó que la Comisión espera recibir en la próxima sesión al mundo académico y un informe del Banco Central para que ilustre sobre la mayor bancarización que tendría un proyecto como éste, así como el impacto real de una rebaja sustantiva de la TMC.



Retail



En un planteamiento históricamente opuesto, la semana pasada la industria del retail consideró inconveniente legislar sobre esta materia, acotando que es erróneo partir de la base que se requiere de un cambio radical.



Estimaron que, difícilmente, se conseguirá por esta vía solucionar temas como las altas tasas de interés; el aumento del acceso al crédito; la necesaria competencia; el sobre endeudamiento; y evitar el riesgo sistémico.



Sostuvieron que, considerando que el 65% de la fuerza de trabajo gana menos de $400.000 mensuales, es difícil pensar que, con el criterio de la banca, dicho segmento pueda acceder a condiciones y evaluaciones individuales y obtengan las tasas de los clientes ABC1.



Afirmaron que se profundiza en el cautiverio financiero de los clientes en la banca; y se genera un desincentivo a una de las industrias más dinámicas de la economía, poniendo en juego el trabajo y la inversión que hay detrás de los registros elaborados por el retail.



Finalmente, recalcaron que la industria está absolutamente dispuesta a colaborar con la autoridad, aportando toda la información necesaria para el monitoreo del mercado y la toma de las decisiones prudenciales que sean necesarias, pero que no está dispuesta a entregar dichos antecedentes a la competencia del mercado crediticio.