diputados: Gobierno alegó falta de facultades para fiscalizar el lucro en las instituciones de Educación Superior

Publicado el 14 de octubre del 2011



En la misma oportunidad, el vicepresidente del CNED explicó que el alza de aranceles en las principales casas de estudio del país se debe a la amplia cantidad de docentes que poseen y a actividades de investigación y postgrado. En todo caso, criticó que dichos valores se traspasen a otras instituciones que carecen de estas características.





Falta de facultades para realizar una fiscalización profunda y detallada que permita detectar si las casas de estudio cumplen o no con la normativa, en orden a generar lucro por sus actividades, alegó el Ministro de Educación, Felipe Bulnes, ante la Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la Educación Superior.



“Siento que hay una suerte de confusión. En que el hecho de tener un balance determina que uno puede conocer o no si se está infringiendo la ley y creo que eso es no conocer la sofisticación y la realidad como se presenta este problema”, precisó a los diputados.



Explicó que los balances a los cuales tiene acceso el Ministerio pueden aparecer como perfectamente normales, sin que se pueda detectar en ellos sospechas de un supuesto lucro. Dijo que la forma en la cual se podría estar burlando el sistema es a través de transacciones por partes relacionadas, lo cual aparecería en el balance como egresos.



“Uno ahí tendría que meterse a la facultad de tasación, facultad que tienen el SII, para determinada tipo de tasaciones, y la Superintendencia de Valores, porque expresamente por ley está regulado”, acotó, recalcando luego que el Ministerio carece de dicha atribución y que la idea es superar el impasse a través de la creación de la Superintendencia de Educación Superior.



La diputada Cristina Girardi (PPD) estimó que la Ley ya le confiere al Ministerio de Educación la facultad de fiscalizar el lucro, por lo cual tendría atribuciones para indagar con la profundidad necesaria y así determinar los infractores.



“Sería triste que nos pase lo mismo que con La Polar, que el Ministerio diga que no puede hacer nada, cuando está establecido en la Ley que tienen que velar por eso. Sería triste que recibieran información, que la puedan pedir y que no hicieran nada y no cumplieran con el mandato de la Ley, que estas instituciones no tengan fines de lucro”, sentenció.



La presidenta de la Comisión, diputada Alejandra Sepúlveda (PRI), valoró la posibilidad de que los parlamentarios pudieran intercambiar opiniones con el Ejecutivo respecto de las atribuciones que le entrega la Ley para poder fiscalizar en el tema del lucro.



“Creo que hay una serie de conclusiones que ya se pueden ir dando de vacíos legales y de atribuciones, pero al mismo tiempo, de cuán acucioso podría ser el Ministerio con las herramientas con las cuales hoy ya cuenta, que pueden ser limitadas, pero que debería ocuparlas y tener un rol más activo”, planteó.



El diputado Germán Becker (RN) destacó que el Ministro mostró una firme decisión de terminar con el lucro encubierto que tienen algunas universidades privadas, tratando de agilizar la puesta en marcha de la Superintendencia de Educación Superior. “Esto demuestra la actitud del Gobierno de hacer respetar la Ley y que esto no vuelva a suceder, de modo que garanticemos que las universidades reinviertan todos los recursos en el ámbito universitario”, afirmó.



Coincidió con el Ejecutivo en que la información que reciben no puede ser procesada de manera de determinar adecuadamente si la institución está o no lucrando, ya que, dichos antecedentes pueden estar manejados tendenciosamente. “Es iluso pensar que de la información que envían se podrá pensar que están lucrando, por eso es necesario ir más allá”, resaltó.



Consejo Nacional de Educación



La diputada Sepúlveda valoró también los antecedentes aportados por el Consejo Nacional de Educación (CNED), particularmente de su vicepresidente, Nicolás Velasco, quien llamó a considerar una realidad universitaria más amplia que la que tiene que ver sólo con la acreditación.



Dijo que ellos plantearon la existencia de un vacío al interior del proceso de acreditación, ya que tras licenciar a una casa de estudios, ésta puede expandirse con nuevas sedes a lo largo del país sin que el Consejo pueda interferir nuevamente.



En relación a los aranceles, Velasco explicó a los diputados que el alza manifestada en los últimos años en las Universidades de Chile y Católica se debió a la gran cantidad de docentes que poseen y al fomento de las actividades de investigación y programas de postgrado, sin que existiera una apoyo mayor por parte del Estado para esos fines.



Sin embargo, el académico fue enfático en criticar que no es entendible que dichos niveles de aranceles se repliquen en otras instituciones de educación superior que no realizan investigación ni postgrados y que contemplan en sus plantas un número reducido de profesionales docentes.



“Él nos da la respuesta de porqué crecieron estos aranceles y lo que plantea es que tiene que ver con una mayor complejidad en términos de lo que hace la universidad, en términos de extensión, investigación, la cantidad de docentes, frente a eso se replica calidad versus aranceles, pero eso no se condice en todas las universidades, donde se plantea un arancel incluso mayor que las universidades tradicionales y con una calidad que hay que revisar”, estimó la diputada Sepúlveda.



Para el diputado Becker, el control de los aranceles en las instituciones de educación superior puede pasar por un apoyo mayor del Estado a las actividades de extensión e investigación y en controlar efectivamente el tema del lucro, ya que, por esta vía, los recursos se destinarán íntegramente a las actividades de la casa de estudio respectiva