Los parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos acordaron someter a votación la censura del actual presidente de la instancia, diputado Sergio Ojeda (DC), en la próxima sesión de la instancia legislativa.

Publicado el 05 de octubre del 2011



Los parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos acordaron someter a votación la censura del actual presidente de la instancia, diputado Sergio Ojeda (DC), en la próxima sesión de la instancia legislativa.





Tras las denuncias hechas por el programa 'Contacto' de Canal 13, sobre presuntas irregularidades en la asignación de pensiones a exonerados políticos en las que aparecen vinculados parlamentarios de la Concertación, entre ellos, el diputado Sergio Ojeda, los legisladores de la Coalición por el Cambio -integrantes de la Comisión de Derechos Humanos- presentaron en la instancia una censura a la presidencia del diputado Ojeda, la cual se acordó será votada durante la próxima semana.



Al término de la reunión el diputado Gustavo Hasbún (UDI), informó que además de este acuerdo, se solicitó en la Comisión -por parte de los diputados de Alianza- recurrir al Consejo de Defensa del Estado para que se investigue la situación, lo cual -según señaló- habría sido rechazado por la oposición de los diputados de la Concertación.



“Después de lo que nos tocó ver y escuchar en la Comisión de Derechos Humanos, se demuestra claramente como se quiere ejercer cierto grado de complicidad en una materia que creo es bastante complicada y grave, y que afecta a muchos chilenos, cuando se está jugando con la plata de todos los chilenos”, señaló el diputado.



Esta situación fue desmentida tanto por el diputado Fidel Espinoza (PS) como por el diputado Gabriel Ascencio (DC), éste último dijo que “nosotros no tenemos ningún problema en que se investigue todo, pero no queremos que se le saque un aprovechamiento político a algo tan injusto como esto. Lo que quieren hoy día es crucificar a Sergio Ojeda”.



En tanto el diputado Sergio Ojeda, también entregó algunas palabras al finalizar la sesión y llamó a los parlamentarios a no juzgar antes de tener pruebas concretas. “Si nosotros estamos en la Comisión de Derechos Humanos lo primero que tenemos que aprender es la norma de la presunción de inocencia de las personas antes de actuar y eso lo dice todo”, puntualizó.



El legislador dijo además estar tranquilo y descartó la existencia de irregularidades en su actuar. “No hay ninguna falta ni irregularidad está todo bien y estoy tranquilo”, sentenció.



Explicó, además, que "los certificados eran sólo uno de tantos antecedentes que se acompañaban para acreditar su calidad de exonerado. De tal forma que no era determinante. Tanto es así que algunos de los certificados no fueron considerados. No éramos nosotros los diputados los que evaluamos o calificábamos. Era el Presidente de la República el que calificaba la calidad de exonerado, la Contraloría de la República, la que visaba su autenticidad y posteriormente, el INP, que en base a todos los antecedentes acumulados, pagaba los beneficios".



Precisó, además, que “estoy agradecido de haber ayudado a muchas personas que sufrieron en dictadura, siendo perseguidos, encarcelados y desvinculados de sus trabajos en forma autoritaria y brutal”.



Otras declaraciones



Sobre este mismo tema, la diputada Karla Rubilar (RN) señaló que como Coalición se conformó un equipo de trabajo destinado a llevar todas y cada una de las acciones, para que lograr una sanción ejemplificadora, “llegó el momento, por el respeto a las verdaderas víctimas, de investigar a fondo y sancionar a los responsables de este abuso y de este fraude”.



Por su parte, el diputado Cristian Letelier (UDI) sostuvo que “en el caso de los exonerados políticos, hubo un aprovechamiento para obtener fraudulentamente beneficios previsionales para gente que no los merecía. Por eso, como Coalición por el Cambio, iniciaremos todas las acciones que sean necesarias para esclarecer estos hechos de corrupción”.



El diputado Guillermo Teillier (PC) señaló que luego de estas denuncias, se hace necesaria una investigación para determinar si existieron o no ilícitos, “porque en eso nosotros no podemos hacer concesiones de ninguna manera. Ahora, en el caso de acusaciones personales que se han hecho, tienen que comprobarse, porque es muy difícil pensar que alguien a quien le ha correspondido dar un certificado de mala fe; se estaría jugando con la credibilidad y con la situación de centenares de miles de personas que sufrieron la exoneración por parte de la dictadura de Pinochet”.



Para el diputado Fidel Espinoza (PS) “aquí ha habido una utilización política" y crítica el doble estándar de la derecha. "Hoy los mismos que quieren crucificar a un parlamentario que ha defendido los derechos humanos, son los que constantemente hacen la vista gorda en una serie de temas”.



El diputado Nicolás Monckeberg (RN), en tanto, hizo un emplazamiento “a aquellos que hace dos años injuriaron a la diputada investigadora Karla Rubilar, que públicamente dijeron que no estaba diciendo la verdad, incluso que atentaron físicamente contra su propiedad, que hoy día sean los primeros en dar explicaciones y pedir disculpas. No vamos a descansar hasta que, quienes han defraudado al Fisco devuelvan hasta el último peso que le quitaron ilegalmente a todos los chilenos”, afirmó.



En la misma línea, el diputado Felipe Salaberry (UDI) dijo que “estamos frente a un hecho grave e inmoral. Lo que existe aquí es no sólo una fábrica de votos para parlamentarios de la Concertación, que compraban votos a través de estos certificados, sino la inmoralidad de las autoridades de la época, ministros del Interior, presidentes de la República, que aceptaron la calidad de exonerados a través de certificados entregados por parlamentarios”.