Presidente Piñera y Ministro Bulnes firmaron proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior

Protección a los estudiantes, transparencia y mayor presencia del Estado son la base de este proyecto. Autoridades aseguraron que “mediante esta Superintendencia estamos cumpliendo estos tres propósitos fundamentales de manera que sigamos creciendo, pero con de un sistema ordenado, justo, equitativo, inclusivo y sin abusos de ninguna especie”.




En el Patio de las Camelias en el Palacio de La Moneda, y junto a más de 300 estudiantes de Educación Superior, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, y el ministro de Educación, Felipe Bulnes, firmaron el proyecto de ley que crea la Superintendencia de la Educación Superior.

Tres son las ideas centrales que respalda este proyecto, tal como lo detalló el ministro de Educación.



“Transparencia, en primer lugar, para que el mundo de las universidades esté plenamente expuesto al escrutinio, al examen, a la revisión no solamente del Ministerio, sino que de los chilenos. En segundo lugar, mayor presencia del Estado donde éste se echaba de menos, con un Estado que fiscalice. Y el tercer punto es la protección a los estudiantes: que no haya espacio ni para el engaño ni para el abuso. Creemos que con esta Superintendencia estamos cumpliendo estos tres propósitos fundamentales, para que sigamos creciendo, pero lo hagamos mediante un sistema ordenado, justo, equitativo, inclusivo y sin abusos de ninguna especie”. Sobre esto último, dijo que “el mundo de la educación superior está especialmente desregulado, lo que es cuna de abusos. El proyecto que presentamos hoy va al corazón de este problema”.



La Superintendencia de Educación Superior estará dotada de facultades para exigir auditorías y pedir todos los documentos y antecedentes para fiscalizar a las instituciones, además de entregar información respecto de los términos y condiciones de los contratos que les ofrecen las universidades a sus alumnos.



“Queremos vigilar que se cumplan cabalmente los términos que se señalan en esos contratos, que no haya cobros sorpresivos ni modificaciones unilaterales que no fueron informadas oportunamente. También se dispondrá información académica, como la cantidad de profesores que tiene la institución, cuál es la jornada, cuáles son los grados académicos que tienen los profesores, cuál es la infraestructura dedicada al proyecto educativo. También los estudiantes y sus familias podrán conocer cuál es la tasa de deserción, cuáles son las posibilidades de empleo una vez que se egresa de la carrera que están eligiendo, cuál es la remuneración esperada por institución y por carrera. Lo que queremos es poner bajo la luz del sol la información completa, para que las familias y cada chileno, sepa exactamente cuáles son las características del proyecto educativo y cuáles son sus posibilidades al momento de elegir la institución de educación superior para estudiar”, explicó el secretario de Estado.



El ministro agregó que “esta Superintendencia va a ser como el gran guardián, una especie de Sernac del mundo de la educación superior, que va a ir detrás de cualquier institución. No queremos cobros abusivos ni cobros sorpresivos. No queremos modificaciones unilaterales del contrato, que muchas veces se han producido casos. Esta Superintendencia va a tener la facultad de investigar y sancionar a cualquier institución que caiga en estas infracciones”.



En cuanto al lucro, se establecen normas específicas para fiscalizar que aquellas instituciones que la ley determina que son corporaciones sin fines de lucro cumplan con esta normativa.



“Nosotros nos comprometimos a solucionar esta carencia, por lo que esta Superintendencia también viene a regular expresamente que las universidades, sean públicas o privadas, no pueden obtener utilidades, no pueden infringir la prohibición que las tiene reguladas como corporaciones sin fines de lucro. Y este proyecto establece un conjunto de regulaciones muy estrictas que regulan cualquier transacción con partes relacionadas en el caso de las universidades privadas, les impone tener directores independientes y así un conjunto de mecanismos y estructuras para evitar cualquier abuso en esta materia”, dijo Bulnes.



Junto con dar a conocer esta nueva institucionalidad, el ministro destacó los avances experimentados en el último tiempo.

“Como Gobierno, lo decimos con mucho orgullo, estamos dando pasos que son sustantivos, nos estamos poniendo al día de temas que estaban arrastrados en materia de ayudas estudiantiles y que eran carencias muy notables”.



Al respecto, el ministro destacó: “En el ámbito de la formación técnico profesional vamos a pasar, desde el inicio de este Gobierno, de 70 mil becas, la Nuevo Milenio, que va dirigida a estudiantes de Centros de Formación Técnica y de Institutos Profesionales, a 120 mil becas. Además, vamos a aumentar el próximo año de 500 mil a 600 mil pesos, de decir en 20%, el monto de esta beca, para beneficiar no solamente a los alumnos nuevos, sino que a todos los que ya la tienen. Estamos también avanzando en la beca Juan Gómez Millas. Incluso más, no solamente estamos solucionando los problemas de los dos primeros quintiles (40% más vulnerable), sino que el Presidente ha tomado también el compromiso de tomar al tercer quintil (20% de clase media) con una combinación de becas y créditos. También presentamos un proyecto de ley que rebaja la tasa del Crédito con Aval del Estado del 5,6% que ha tenido desde que se creó, en el año 2006, a 2%”.



A su vez, el ministro planteó los desafíos para el próximo año. “Tenemos problemas de calidad y en ese sentido estamos empeñados como Gobierno a atacar de raíz el problema: vamos a generar durante 2012 un nuevo sistema de acreditación de las instituciones y las carreras, un sistema de acreditación 2.0, para que miremos no solamente procesos, sino que resultados, como cuál es el valor agregado que le proporciona a un estudiante ingresar a estudiar a determinada carrera”, explicó Bulnes.



Respecto de los problemas de equidad, el ministro de Educación dijo que “estamos empeñados en que los sistemas de admisión no solamente consideren la PSU sino que también el ranking de un alumno en su respectivo colegio, de manera de generar un sistema más inclusivo”.

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