Diputados: Aprueban informe de investigación por entrega irregular de beneficios a exonerados políticos

Publicado el 04 de abril del 2012



La Cámara aprobó, por 58 votos a favor, 18 en contra y 4 abstenciones, el informe de la Comisión de Trabajo, mandatada para investigar estas irregularidades, y que solicita al Ministerio del Interior, al Consejo de Defensa del Estado y a la Contraloría investigar la entrega del beneficio a falsos exonerados.



El mandato fue aprobado el 11 de octubre de 2011, con el objeto de indagar acerca de posibles irregularidades en el proceso de otorgamiento de beneficios previsionales a Exonerados Políticos, por parte de la autoridad competente, y las eventuales participaciones de parlamentarios, ex parlamentarios, ministros, subsecretarios, funcionarios públicos, jefes de servicio y cualquier otra autoridad pública que de alguna manera haya participado en dicho proceso.



La instancia realizó 8 sesiones en las que recibió al Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla; Raúl Celpa, Presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos de Chile; Bernardo Vargas, Presidente del Comando de Exonerados de Chile; Ramiro Mendoza, Contralor General de la República; y Julia Panez, Abogada y ex integrante de la Comisión Calificadora del Programa de Exonerados Políticos del Ministerio del Interior.



Respecto a las irregularidades en el proceso de otorgamiento de beneficios provisionales a exonerados políticos, la Comisión recibió de parte del Ministerio del Interior un conjunto de antecedentes acerca de eventuales irregularidades que se habrían cometido en el proceso de calificación, tales como exonerados de empresas no calificadas o calificados fuera del plazo de intervención; exonerados con antecedentes insuficientes para cumplir con las exigencias legales; exonerados calificados con documentos adulterados y falsificados, y calificación de menores de edad a la fecha de exoneración.



Asimismo, se tomó conocimiento de las siguientes medidas adoptadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, entre las que se cuentan investigaciones judiciales y procesos administrativos.



La instancia parlamentaria estimó que la institucionalidad creada para atender las miles de solicitudes de personas que presentaban sus antecedentes para acogerse a los beneficios que entregaban las leyes sobre exonerados políticos, “fue débil y precaria”.



Respecto a la participación de parlamentarios, ex parlamentarios, ministros, subsecretarios, funcionarios públicos, jefes de servicio y cualquier otra autoridad pública que de alguna manera haya participado en dicho proceso y la emisión de certificados para acreditar la calidad de exonerados políticos, se precisa que “a juicio de esta Comisión, todos dichos certificados fueron entregados en virtud de que la propia ley permitió acreditar la motivación política de la exoneración mediante documentos en conformidad a lo prescrito por el artículo 9° de la ley N° 19.234”.



“Respecto de la responsabilidad de quienes los emitieron, esta Comisión se hace cargo de lo declarado por el señor Contralor General de la República ante esta instancia en cuanto a que sólo corresponde a los organismos pertinentes del Estado establecer, en definitiva, las consecuencias jurídicas de dichos actos”, añade el texto.



En el ámbito de las conclusiones, los diputados optaron por adherirse a las conclusiones de carácter general a las que ha arribado el Ministerio del Interior, en cuanto a que en el proceso de otorgamiento de beneficios a exonerados políticos se han detectado irregularidades que ameritan su conocimiento por parte de los Tribunales de Justicia, la invalidación por parte de la Contraloría General de la República de aquellos de los que hoy se encuentran gozando falsos exonerados y la intervención del Consejo de Defensa del Estado para procurar el resarcimiento de los recursos indebidamente percibidos por ellos.



Asimismo, dice el documento, la Comisión Calificadora, dependiente del Ministerio del Interior, como órgano encargado del Programa de Reconocimiento de Exonerados Políticos, incurrió, entre los años 1993 y 2006, en conductas que constituyen falta de diligencia o cuidado en la aplicación de los principios de eficiencia, eficacia, coordinación, propia iniciativa en el cumplimiento de la función y control jerárquico, “lo que, lamentablemente, ha persistido en el tiempo, a lo menos, hasta el año 2011”.



Se añade que la Comisión Calificadora, aun existiendo auditorias que denunciaban irregularidades en los procedimientos, no subsanó las deficiencias administrativas detectadas por ella, permitiéndose por omisión la continuación de una práctica ilegal de concesión de beneficios en el marco de la ley N° 19.234, que establece beneficios previsionales por gracia a personas exoneradas por motivos políticos.



“Por otra parte, la emisión de certificados que acreditaban la calidad de exonerados políticos por parte de autoridades cuya competencia para otorgarlos no es clara en la ley y la falta de rigurosidad, en parecer de esta comisión investigadora una acción lamentable que, en el futuro, debe evitarse”, indica el informe.



Adicionalmente se indica que “las autoridades políticas debieron abstenerse, por razones de prudencia y equidad de otorgar estas certificaciones si no les constaba fehacientemente la certeza de lo que certificaban”.



Sin embargo, la Comisión también manifiesta que “no puede dejar de expresar que, dada la propia naturaleza de los procesos que se desarrollaron con el objeto de permitir que las personas que consideraran que su exoneración hubiere tenido como causa consideraciones de carácter político, permitió que se creara una red de gestores que -a cambio de una retribución en dinero- se comprometieran a que ciertas personas podrían acceder a los beneficios otorgados por dicha calidad a sabiendas que ello era desde el punto de vista legal imposible”.



Proposiciones



En el ámbito de las proposiciones, el informe solicita al Ministro del Interior, la revisión de todas las Resoluciones que otorgaron beneficios no contributivos en el marco de las leyes de reparación a los exonerados políticos a fin determinar las eventuales irregularidades que pudieran presentar.





Al Consejo de Defensa del Estado, se le pide la adopción de todas las medidas conducentes a perseguir tanto la responsabilidad penal como civil de todas aquellos falsos exonerados que obtuvieron beneficios ilícitamente con evidente perjuicio fiscal.



Por último, se solicita al Contralor General de la República, la adopción de todas las medidas pertinentes para la invalidación de aquellas Resoluciones que otorgaron beneficios indebidos a los exonerados políticos.