Diputados: Comisión de Pesca analizó Acuerdo sobre Conservación y Ordenamiento de los Recursos Pesqueros

Publicado el 09 de abril del 2012



La Convención, pendiente para discusión en la Sala, fue objeto de opiniones divergentes entre los diversos invitados a la Comisión. Mientras el Ejecutivo y las ONGs del área medioambiental llamaron a su pronta ratificación, representantes del Consejo de Pesca pidieron que la decisión se postergue.



Una intensiva reunión con especialistas del área tuvo la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados para analizar las implicancias para Chile de la ratificación del Acuerdo sobre la Conservación y Ordenamiento de los Recursos Pesqueros en Alta Mar en el Océano Pacífico Sur (ORP), efectuada en Auckland, el 14 de noviembre de 2009 (boletín 7892).



En la oportunidad, los invitados coincidieron en el mérito de la Convención, sin embargo, manifestaron opiniones contrapuestas respecto de la efectividad real para Chile de ratificar el acuerdo.



La Cancillería y los representantes de la Subsecretaría de Pesca llamaron a aprobar el proyecto de acuerdo lo más rápido posible, dado que con la ratificación el mecanismo completo comenzará a regir para todos los países firmantes. Recalcaron que Chile está mejor con una Convención ratificada que sin ella, dadas las múltiples vías de control que se abren para la protección de los recursos pesqueros.



Además, recalcaron que sería impresentable para Chile esperar a que el sistema se active tras la ratificación de un tercer país, debido a que fue nuestro Estado, en conjunto con Nueva Zelandia y Australia, el gestor y promotor de la iniciativa en el concierto internacional.



En una línea similar se manifestaron las ONGs del área medioambiental: Greenpeace, WWF y Océana. Recordaron que el acuerdo fue motivado por Chile debido a la creciente presencia de naves de aguas distantes y la escasez creciente del Jurel. “El estado actual del recurso llega a sólo entre un 10% y 19% de la biomasa, si no hubiera pesca”, resaltó el Greenpeace.



Las tres organizaciones destacaron que la ORP es la primera medida de protección internacional para toda la macrozona sur y para todas las pesquerías. Recalcaron que la Convención permitirá ajustar las cuotas locales a las medidas establecidas para las aguas exteriores y establecer sanciones para los infractores, aún cuando no hayan ratificado el acuerdo.



Al respecto, la WWF señaló que existen conversaciones en diversos países del mundo, con bancos y otras organizaciones certificadoras, para buscar medidas de presión a los países que vulneren los preceptos de la ORP.



Las ONGs hicieron un urgente llamado a los diputados a que voten a favor de la ratificación del Acuerdo y a que se impulse en el país el principio precautorio sobre las especies hidrobiológicas, con medidas de conservación vinculantes.



Consejo Nacional de Pesca



Una posición contraria a la pronta ratificación expresaron los representantes del Consejo Nacional de Pesca, Andrés Couve, Teresa Lizana y Hugo Roa. El primero sostuvo el diseño de la ORP no garantiza la conservación de los recursos, en especial del jurel. “Hasta el momento, mas bien ha contribuido a empeorar la situación aumentándose indiscriminadamente el esfuerzo pesquero, las capturas y la no observancia de las medidas interinas de conservación y manejo”, precisó.



Andrés Couve afirmó que la ORP no garantiza los intereses de Chile en la pesquería, en particular respecto de la mantención de su participación histórica. “No existe la voluntad de reconocer la participación de Chile ni tenemos los votos para lograrla. La ratificación de Chile debe producirse en un momento apropiado a los intereses de Chile y de la conservación del Jurel. No necesariamente ahora”, enfatizó.



Estimó que es indispensable que la Convención sea primero ratificada por los estados pesqueros de importancia (China, Rusia y Perú) y que los países del Pacífico Sur Oriental homologuen sus políticas de exclusión de sus zonas exclusivas, de modo de no introducir asimetrías que afectan la conservación del recurso y la participación de Chile.



Datos de la Convención



Según se explicó en la sesión, la Organización tendrá personalidad jurídica de derecho internacional y contará con una Comisión (órgano supremo en la cual participan todas las partes en igualdad de condiciones y en cuyo seno se adoptan las decisiones por consenso y con cuatro comités subsidiarios (Científico, Técnico y de Cumplimiento o quejas, Ordenamiento Subregional Este y Oeste y Finanzas y Administración).



Las obligaciones de los miembros, en lo que respecta a sus actividades de pesca, serán: implementar la Convención y las medidas de conservación y ordenamiento adoptadas por ésta, procurando garantizar su efectividad; cooperar en la promoción del objetivo de la Convención; establecer todas las medidas necesarias para apoyar los esfuerzos destinados a evitar, desincentivar y eliminar la pesca; y recopilar, verificar e informar los datos científicos, técnicos y estadísticos relativos a los recursos pesqueros y ecosistemas marinos en el Área de la Convención.



Dentro de las medidas a impulsar se encuentran: garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los recursos pesqueros y promover el objetivo de su utilización responsable; evitar o eliminar la pesca y el esfuerzo excesivos a fin de garantizar que los niveles del esfuerzo de pesca no superen aquellos acordes con el uso sostenible de los recursos pesqueros; y mantener o restablecer las poblaciones de especies incidentales o aquellos en que su reproducción pudiera estar gravemente amenazada.



A la fecha, de 32 estados que han participado en las sesiones de la ORP sólo siete la han ratificado: Belice, Islas Cook, Cuba, Unión Europea, Islas Faroe, Nueva Zelanda y Australia. Para la entrada en vigencia se requiere, en una primera etapa, de ocho ratificaciones, debiendo ser tres estados pesqueros de aguas distantes (esta condición está cumplida con Belice, Cuba. la Unión Europea e Islas Faroe).



Si Chile u otro estado del Pacífico Sur-oriental ratifica la Convención, ésta entra en vigencia.



En todo caso, si a los tres años de su adopción (noviembre de 2009) no entra en vigencia con ocho ratificaciones con calificación (pertenecer a una zona específica), lo hará seis meses después de la décima ratificación, sin importar el origen de ellas.