Diputados: Aprueban en segunda discusión proyecto ley que establece incentivos especiales para las zonas extremas

Publicado el 11 de julio del 2012



La iniciativa había sido rechazada en su idea de legislar en la Comisión de Zonas Extremas, pero, tras conversaciones con el Ejecutivo y la presentación de un paquete de indicaciones, la propuesta se reactivó y fue aprobada en general y se inició la votación del articulado.



Por unanimidad, la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados acordó retomar la discusión y aprobó en general el proyecto (boletín 8011) que establece incentivos especiales para las regiones más apartadas del país, iniciativa que había sido rechazada en su minuto en su idea de legislar por las fuertes contradicciones que sostenían los legisladores con las propuestas presentadas por el Gobierno.



El presidente de la Comisión, diputado Orlando Vargas (PPD), explicó que el debate fue retomado ante la consideración de las diversas demandas sociales pendientes en las zonas extremas que tratan de ser superadas a través de esta iniciativa. “Nosotros como representantes tenemos que asumir la responsabilidad y por eso se pidió a la Sala retomar la discusión”, comentó.



Estimó que ésta es una ley muy necesaria, dado que se están cumpliendo los plazos y pronto terminarán los actuales beneficios tributarios fijados para estas zonas, lo cual complicaría, por ejemplo, la difícil situación de empleo de las regiones extremas.



Para el diputado por Magallanes, Miodrag Marinovic (Ind), haber retomado el debate de este proyecto es “un ejemplo de negociación política responsable por parte de los parlamentarios que están defendiendo con toda su garra y fuerza los intereses regionales”.



En todo caso, lamentó que, después de varios meses de negociación con el Ejecutivo, éste haya escuchado, pero no haya acogido muchos de los planteamientos presentados por los parlamentarios, lo que ha complicado el despacho de las indicaciones presentadas.



Amplio Debate



El diputado Vargas reconoció que existen algunas diferencias importantes entre los diputados del norte (el mismo diputado Vargas representa a la Región de Arica y Parinacota) con los del sur, como por ejemplo, respecto de los alcances de la bonificación a la contratación de mano de obra, prevista actualmente en la Ley 19.853 del año 2003, la cual encuentra su antecedente en el DL 889, de 1975. “Se ha querido vulnerar la esencia de la ley y trasladar el beneficio establecido para los empresarios a los empleados”, relató.



El también diputado por Arica, Nino Baltolu (UDI), lamentó que el Gobierno no entienda las características específicas de la Región de Arica y Parinacota y se incluyera el tratamiento de sus incentivos tributarios en una misma ley con los de las regiones del sur del país, que presentan otra realidad.



Criticó la lógica adoptada por la mayoría de los diputados en torno a algunas materias ya sancionadas por la Comisión, como por ejemplo, ampliar la aplicación del beneficio del 889 a las empresas que prestan servicios a otras compañías que no están habilitadas a recibirlo por sí mismas, tales como bancos, mineras o pesqueras. “La que manda es la actividad principal”, planteó el legislador.



En contraposición, el diputado Marinovic, quien aunó fuerzas con su compañera de distrito Carolina Goic (DC) y con los diputados Fuad Chahín (DC) y René Alinco (Ind) y, en algunos casos, también con los diputados UDI David Sandoval y Manuel Rojas, se mostró muy satisfecho con la aprobación de esta extensión del beneficio así como con el establecimiento de una medida de excepción para que sólo se bonifique a los empleadores que pagan más de un 20% respecto del Ingreso Mínimo. “Lo que hemos hecho es responder a una propuesta regional de hace mucho tiempo”, acotó.



La diputada Carolina Goic, junto con valorar el avance, explicó que, por esta vía, se logra establecer un salario mínimo diferenciado, ya que éste debería ser un 20% más alto que el del resto del país. “Se está reconociendo un mayor costo de vida en Magallanes y ha quedado incorporado en el proyecto”, resaltó.



El diputado Marinovic informó que, en la sesión, se rechazaron varias indicaciones del Ejecutivo que buscaban restringir el uso de la bonificación a la mano de obra para varias categorías de empresa en el país y adelantó que tampoco habrá disponibilidad para aprobar el artículo 11.



“Es otra artimaña que se ha tratado de imponer y que dice relación con vulnerar la exenciones tributarias que goza la zona franca, especialmente en materias alimentarias como la harina, el pollo, la carne, azúcar, que son elementos fundamentales de la canasta básica de la región”, enfatizó.



Cambios del Ejecutivo al 889



En el proyecto original, el Gobierno se limitaba a extender la vigencia del beneficio del 889 hasta el año 2025, manteniendo la bonificación equivalente a un 17% sobre la parte de la remuneración imponible que no exceda de $182.000. La estimación es que el subsidio beneficiaría anualmente a unos 160 mil trabajadores y a cerca de 16 mil empresas.



La indicación presentada el pasado 4 de julio buscó despejar algunas dudas de interpretación respecto del beneficio y corregir situaciones injustas que se han detectado en su fiscalización.



“Dentro del primer grupo de perfeccionamientos, se precisa lo que debe entenderse por domicilio o trabajo permanente para efectos del pago de la bonificación. Además, se establece que quienes hayan recibido bonificaciones forestales de las establecidas en el decreto ley Nº 701, de 1974, podrán obtener la bonificación a la mano de obra en los ejercicios siguientes a aquel en el cual fueron beneficiados con la primera”, acota el mensaje.



Adicionalmente, en la idea de evitar abusos, se prohíbe el cobro del beneficio por un cónyuge, como empleador, respecto del otro cónyuge, como empleado del primero, en la medida que éstos conserven sus facultades de administración según el régimen patrimonial en que se encuentren casados.



En esta misma línea, se ha optado también por impedir que el beneficio sea cobrado por una empresa respecto de sus empleados que, a su vez, son socios o accionistas mayoritarios de la misma y que, además, cuenten con facultades de administración, por estimarse que en todos estos casos el vínculo de subordinación y dependencia pierde fuerza y se diluye.



Adicionalmente, se excluye del cobro del beneficio a las empresas que prestan servicios anexos a otras empresas con una o más actividades económicas excluidas.



Según indicaron los legisladores, la meta es despachar el proyecto esta semana con el objeto que pueda ser visto durante la próxima semana en la Comisión de Hacienda e, idealmente, en Sala.