Diputados de Seguridad Ciudadana aprobaron fijar el ocultamiento como agravante de delitos en desórdenes públicos





Publicado el 19 de julio del 2012



La iniciativa fue apoyada transversalmente en el entendido que será una herramienta que permitirá desincentivar el actuar de grupos antisociales que, aprovechando el anonimato que le brinda el encapuchamiento, realizan desmanes, robos y ataques a la policía.



Con la sola oposición de los diputados socialistas Carlos Montes y Manuel Monsalve, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a la Sala el proyecto (boletín 7903) que modifica el Código Penal con el objeto de establecer el ocultamiento como una circunstancia agravante.



La iniciativa, aprobada por 11 votos a favor y dos en contra, fue iniciada en moción por un grupo transversal de legisladores, liderados por Marcela Sabat (RN), en septiembre de 2011, cuando se optó por separar este tema del proyecto del Ejecutivo que fortalece el resguardo del orden público (boletín 7975).



La diputada Sabat recalcó que, con este proyecto, se desmitifica que la derecha quiere criminalizar de alguna manera las manifestaciones sociales. “Aquí se deja claro que es una agravante especial para quienes oculten su identidad y cometan algún delito. No se castiga al manifestante sino que, al contrario, estamos a favor de ellos al castigar a aquellos que cometen delitos apropiándose de una manifestación”, planteó.



El presidente de la Comisión, diputado Cristian Letelier (UDI), indicó que la propuesta va encaminada a que los jueces y la justicia tengan los elementos jurídicos para sancionar severamente a aquellas personas que, con propósito de la celebración de una manifestación callejera, realicen actos violentistas usando capuchas. “Estamos muy contentos de que nuestro ordenamiento jurídico se modernice y tenga esta ley que espero que la Sala apruebe por amplia mayoría”, puntualizó.



El Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, también se manifestó muy contento con el resultado y por el apoyo transversal a la iniciativa, al tiempo que recordó que “durante mucho tiempo el país ha visto cómo personas que se cubren el rostro mediante capuchas cometen delitos vandálicos, afectan a pequeños y medianos comerciantes y le hacen la vida un infierno a muchos compatriotas”.



El diputado Gabriel Silber (DC), co autor de la propuesta, justificó su apoyo a la idea como una forma de derribar las afirmaciones que señalan que la oposición está por apoyar los actos vandálicos que se generan con ocasión de las manifestaciones sociales. Explicó que dichos actos, justamente, contravienen el buen desarrollo de las expresiones legítimas de la sociedad y que es preciso ponerles algún tipo de coto.



Indicó que, a través de la fórmula de establecer el encapuchamiento como una agravante y no como un delito, como se planteó originalmente el tema, se subsana cualquier arbitrariedad de las policías o de los jueces, dado que primero deberá existir la comisión de un delito para que esta nueva figura se gatille.



Los diputados Montes y Monsalve justificaron su oposición en el entendido que la vía de agravar las penas no es el camino adecuado. Estimaron que los desmanes sociales deben ser estudiados en sus orígenes y propiciar vías de solución que ataquen a las fuentes de las conductas violentistas observadas en las manifestaciones.



Específicamente, la norma establece que quienes incurrieren en las conductas descritas en el inciso anterior (los que turbaren gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado), sea en actos públicos autorizados o no por la autoridad correspondiente, ocultando o cubriendo su rostro intencionalmente mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos análogos, serán sancionados con la pena establecida en el mencionado inciso (pena de reclusión menor en su grado mínimo, sin perjuicio de las que les correspondan por el daño u ofensa causados), aumentada en un grado.

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