Gendarmería y Municipio de Valparaíso firman protocolo de apoyo a pena de prestación de servicios comunitarios




Convenio suscrito entre Gendarmería de Chile y la Municipalidad de Valparaíso, entregará 60 cupos laborales a penados de penas sustitutivas



En el marco de las modificaciones de la Ley 18.216, de la aplicación de las penas sustitutivas, específicamente de la Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad (PSBC), se firmó el protocolo entre Gendarmería y la Municipalidad de Valparaíso.



La firma del documento se llevo a cabo esta mañana en la Casa Consistorial, donde el director Regional de Gendarmería, teniente coronel Juan Carlos Manríquez, el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, y la Seremi de Justicia, María Isabel Ancarola Mery, explicaron los alcances del acuerdo.



Se trata de una oportunidad laboral, para penados condenados por delitos menores, es decir inferiores a 300 días, desempeñándose en trabajos voluntarios, de acuerdo a sus competencias socio-laborales, en oficios como aseo y mantención, pero también asesorías profesionales.



El Director Regional, señaló que “es un cambio histórico, y un paso trascendental a la nueva política penitenciaria, que permitirá descongestionar las unidades penales de la región, además de contribuir para la efectiva reinserción de las personas penadas, dándoles la opción de reparar el daño causado, sintiéndose útiles a la sociedad”.



A lo que agregó que “mediante trabajos comunitarios, se brindará una efectiva ayuda a personas que no constituyen un peligro social, que por diversas contingencias cometieron delitos menores o han sido condenados a una sanción judicial, cumpliendo esta pena sin interrumpir su vida familiar, y así reincorporarlos a la sociedad”.



En esa línea, el alcalde Castro, refirió “hemos puesto a disposición de Gendarmería nuestros servicios, para lograr juntos que esta ley funcione, y esperamos sea un ejemplo para que otros municipios, que se sumen a este compromiso”.



Por su parte, la Seremi de Justicia, agradeció la voluntad del municipio, “a abrir estos espacios de reinserción, con nuevas vacantes laborales para los penados, cupos que son un aporte para la implementación de la ley”, dijo.



Por último, la máxima autoridad penitenciaria regional se refirió a la responsabilidad que tiene para la institución la implementación de esta nueva ley de cumplimiento en el sistema abierto, que será puesta en marcha en un periodo máximo de 18 meses, una vez que estén listos sus reglamentos.

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