Diputados: Funcionarios del SII acusaron conflicto de interés de los directivos en condonación a Johnson's

Publicado el 14 de agosto del 2012



Ante la Comisión Investigadora de la Cámara, los dirigentes de las dos Asociaciones de Funcionarios cuestionaron también el supuesto beneficio fiscal de la operación y recalcaron que la negociación dañó la imagen del Servicio.



Un virtual conflicto de interés que apunta a los principales directivos del Servicio de Impuestos Internos (SII), Julio Pereira y Mario Vila, acusaron las dos Asociaciones de Funcionarios de la institución respecto de la condonación de US$ 120 millones por efecto de multas e intereses a la empresa Johnson's.



Ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre Grandes Contribuyentes, Carlos Insunza, presidente de la Asociación de Funcionarios del SII (ANEIICH), sostuvo que, con la información disponible hasta hoy, tienen la convicción de que “se acredita un conflicto de interés operativo de parte del director del Servicio y del subdirector jurídico”.



“Ellos han declarado de manera oblicua, pero clara, que ambos han participado en el proceso de condonación y para nosotros es evidente que, a la luz de los dictámenes de la Contraloría y la legalidad vigente, ambos estaban inhabilitados para hacerlo”, afirmó.



Planteó que aún resta, por ejemplo, determinar realmente cuál fue el beneficio fiscal de la operación, cuestionando con ello los dichos de Julio Pereira. “Tenemos la convicción de que no hay un beneficio fiscal sustantivo frente a la condonación de mayor volumen de toda la historia de nuestro Servicio. No hay equivalencia entre la decisión que se tomó y el beneficio fiscal que se percibió”, evaluó.



Además, acotó, la negociación produjo un daño al sistema tributario en su conjunto, al quedar el SII en entredicho, así como el pago correcto de los impuestos de los grandes contribuyentes. Dijo que, frente a una situación como esta, es evidente que para muchos contribuyentes el pago de impuestos se vuelve una cuestión en la cual se pueden hacer excepciones.



Juan Apablaza, presidente de la Asociación de Fiscalizadores del SII de Chile (AFIICH), expresó su conformidad por haber tenido la oportunidad de “aclarar algunos dichos del director que no se ajustaban a derecho”. “Estructuramos cómo se llevó a cabo el proceso de esta condonación y cuáles son las implicancias, sobre todo en lo que refiere al conflicto de interés”, precisó.



Consideró necesario aclarar el supuesto beneficio al fisco, estimando que el mayor favorecido con la operación fue Johnson's, que evitó pagar una cantidad importante de impuestos. Además, coincidió con Insunza en que la negociación afectó la confiabilidad del Servicio y no dudó en señalar que la responsabilidad recae en dos personas: Julio Pereira y Mario Vila.



Para el presidente de la Comisión, diputado Fuad Chahín (DC), las declaraciones de los funcionarios dejan muchas dudas.” Creo que los dirigentes han sido muy claros en respaldar sus dichos en relación a que estamos frente a un conflicto de interés. Lo han hecho a la luz de la legislación vigente y también de distintos dictámenes de la Contraloría, pero también han sido claros en señalar que, a su juicio, aquí no estamos frente a un beneficio fiscal con esta operación, sino que estamos frente a un claro beneficio del contribuyente y un perjuicio fiscal”, analizó.



Comunicó que los funcionarios señalaron que, tanto la condonación de 120 millones de dólares de intereses y multas, como el procedimiento de extinción de 108 millones de dólares por concepto de impuestos con el pago de sólo ocho millones de dólares, “son de dudosa legalidad”. “Por lo tanto, algo que al menos ante esta Comisión se ha señalado como nítido, que el proceso de condonación de intereses y multas había sido legal, hoy día ha quedado puesto en tela de juicio por ambos dirigentes de las asociaciones de funcionarios”, sentenció.



Planteó que la Comisión debe despejar al menos si hubo o no beneficio fiscal; si hubo o no conflicto de interés; y si fue legal, tanto la condonación de intereses y multa como la manera en que se extinguieron 108 millones de dólares de impuestos que no se pueden condonar mediante el pago efectivo de sólo ocho millones de dólares.



Calificó como muy grave el daño a la imagen de la institución y dijo compartir el interés de los funcionarios de que se aclare el hecho y se deje en claro que si hubo conductas apartadas son de los altos funcionarios del Servicio y no de los funcionarios de carrera.



En este sentido, anunció, se acordó invitar para las próximas sesiones a los funcionarios de carrera aludidos por el director como responsables de la operación; al Tesorero General de la República; al presidente del Consejo de Defensa del Estado; y al Contralor de la República.



El diputado Javier Macaya (UDI) coincidió con Chahín en que la Comisión debe aclarar al menos dos temas: si se afectó o no el patrimonio fiscal y si hubo conflicto de interés de las personas que actuaron en la negociación por parte del Servicio.



En relación al primer punto, consideró que los antecedentes no muestran la existencia de una lesión fiscal, en tanto que, respecto del segundo tema, estimó necesario hacer un análisis mayor que involucre la historia del Servicio, que de cuenta de la forma en la cual se efectuaron operaciones del mismo tipo en otras administraciones.



En todo caso, el legislador sostuvo que queda aún mucho trabajo por delante con el objeto de acreditar los testimonios que se han dado ante la Comisión. Además, planteó que, sobre todo de cara a las propuestas que tiene que hacer la Comisión respecto al funcionamiento del SII, es muy útil estudiar las características de las personas que asumen cargos directivos en el Servicio.