Diputados: Moción plantea dar reconocimiento estatal a la educación diferencial

Publicado el 20 de agosto del 2012



La iniciativa, ingresada por diputados de la UDI, tiene por objeto consagrar una cabal protección a las personas que son educadas por esta vía.



Con la idea de mantener un perfil de protección estatal equivalente en todos los niveles educacionales, un grupo de diputados de la UDI, encabezados por David Sandoval, presentó un proyecto (boletín 8477) que modifica la Ley 20.370, General de Educación, para dar a la educación diferencial su reconocimiento por parte del Estado.



La moción, derivada a la Comisión de Educación para su estudio, fue ingresada el miércoles 1 de agosto por el diputado Sandoval junto a sus colegas de bancada Ramón Barros, Romilio Gutiérrez, Gustavo Hasbún, María José Hoffmann, Javier Macaya, Iván Moreira, Manuel Rojas, Marisol Turres y Felipe Ward.



Los legisladores indicaron que la educación diferencial, concebida tal como la entendemos o percibimos en la actualidad, representa una novedad en materia de enseñanza, relegada ante la educación regular para personas sin discapacidad.



“Es por esta razón que concebimos a la educación especial como una poderosa arma de integración social para abrir posibilidades verdaderas a las personas en su plena inserción al mundo, sin distinción ni restricción, más allá de las que impone la naturaleza”, puntualizaron.



Explicaron que “el presente instrumento legislativo tiene por objeto consagrar una cabal protección a tales personas y al marco educativo que los rige, incorporándolos a la esfera oficial del Estado, mediante el reconocimiento oficial por parte de éste”. Recordaron que, actualmente, la Ley General de Educación no contempla explícitamente a la educación diferencial como un proceso educativo plenamente reconocido por el Estado.



Estimaron que, “si nuestro país no consagra una protección directa y manifiesta de esta categoría de enseñanza, no se estará siendo congruente con la institucionalidad y las orientaciones programáticas que nuestro ordenamiento jurídico le conceden al desafío de promover la inclusión de la sociedad, sobre todo de aquella parte de nuestra sociedad con discapacidad”.