Diputados: Proyecto aclara estatus de las sociedades de inversión y las declara afectas al pago de patente municipal

Publicado el 21 de agosto del 2012



La moción, presentada por un grupo misceláneo de diputados, apunta a una discrepancia de interpretación de la normativa vigente entre la Contraloría y la Corte Suprema.



Buscando subsanar una larga disputa de nivel interpretativo, un grupo transversal de diputados, liderados por Carlos Montes (PS), presentó un proyecto (boletín 8482) que interpreta la expresión “actividad lucrativa terciaria”, precisando que las sociedades de inversión deben entenderse comprendidas en ella y se encuentran, por tanto, gravadas con patente municipal.



La moción, destinada a la Comisión de Gobierno Interior para su análisis, fue ingresada el jueves 2 de agosto por el diputado Montes junto a los diputados Pepe Auth (PPD), Pedro Browne (RN), Enrique Jaramillo (PPD), Luis Lemus (PS), José Miguel Ortiz (DC), José Pérez (PRSD), Leopoldo Pérez (RN) y Patricio Vallespín (DC).



Los legisladores informaron que los municipios del país (como titulares de las patentes y beneficiarios del Fondo Común Municipal), los Tribunales de Justicia y la Contraloría General de la República han estado envueltos en una disputa jurídica relacionada con la correspondencia del cobro de patente a las sociedades de inversión.



Relataron que, desde el año 2004, los tribunales fallaron sistemáticamente en el sentido que ciertas sociedades de inversión se encontraban exentas del pago de patentes. Se sostuvo que si la respectiva sociedad no obtiene lucro o ganancia colocando productos en el mercado y tampoco requiere de un local o establecimiento para funcionar, de manera que se constituye como un ente pasivo de inversiones, de fines meramente rentísticos, por lo que no es ni puede ser objeto de tributo.



Sin embargo, acotaron, la situación varió en 2009, tras la dictación de la ley 20.033, que vino a precisar el domicilio de las sociedades de inversión y corroboró que se encuentran gravadas con patente. La Corte Suprema, agregaron, determinó que todas las sociedades con fines de lucro que no realicen actividades primarias (extracción) o secundaria (manufactura), deberán considerarse como empresas de servicios y, por tanto, deberán pagar patente municipal.



Pese a lo anterior, indicaron los legisladores, la Contraloría emitió el dictamen N° 27.677, a solicitud de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Chile, en el sentido que el carácter pasivo de estas entidades debía permitir arribar a la conclusión contraria, en razón de la necesidad de interpretar las normas tributarias en forma estricta.



Explicaron que el citado dictamen y sus secuelas fueron impugnados por las municipalidades, argumentándose que creaba “un concepto de sociedad de inversión pasiva ya desechado por los Tribunales, cuestión que no compete a la Contraloría General de la República, por tratarse de la interpretación de una norma tributaria, sujeta exclusivamente a lo que emane del Servicio de Impuestos Internos”.



Si bien reconocen que la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor de las municipalidades (26 de junio de 2012), estimaron necesario zanjar definitivamente el tema, evitando cualquier duda sobre la cuestión, a través de la introducción de una norma expresa.



Como antecedente práctico, los diputados informaron que $30 mil millones de las arcas del Fondo Común Municipal (de aproximadamente $700 mil millones) provienen de la tributación de las denominadas sociedades de inversión pasivas.