Diputados: Reforma al sistema de Isapres suma observaciones y prevén un debate más complejo

Publicado el 03 de septiembre del 2012



Ante la Comisión de Hacienda de la Cámara, representantes de las clínicas y de las Isapres alertaron del impacto que implicará la aplicación del Plan Garantizado de Salud y estimaron que unas 500 mil personas saldrán del sistema. En la oportunidad, el INE dio a conocer los lineamientos de la base de cálculo para determinar el nuevo IPC del sector.



Variadas observaciones, muchas de ellas más negativas que positivas, han sido presentadas hasta el momento en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados al proyecto (boletín 8105) que modifica el sistema privado de salud, incorporando un plan garantizado, con lo cual se prevé una complejización del debate y un posible retardo en su trámite, pese a contar con calificación de urgencia.



“Por lo que se puede observar, hasta ahora, hay muchas dudas sobre este proyecto, donde hay muchos temas abiertos y mucha complejidad, por lo tanto, lo que queda es esperar recibir más información”, evaluó el presidente de la Comisión, diputado Ernesto Silva (UDI), acotando luego que ve con algún nivel de inquietud que se requerirá de un tiempo mayor de reflexión antes de avanzar en la votación.



Recordó que este proyecto surgió como respuesta a dos temas fundamentales: un fallo del Tribunal Constitucional, que impide que por vía administrativa se pueda determinar la tabla de factores y que exige que sea por medio de una ley; y responder frente a la judicialización ante cambios de precios en los planes.



Recalcó que esta iniciativa “fue más allá que eso y reguló muchos aspectos diferentes que pueden tener efectos muy malos y negativos”, por lo que estimó que todavía hay una oportunidad para volver a lo esencial que es tratar de regular los aspectos centrales de la tabla de factores en la ley y regular adecuadamente las variaciones de precio, generando un indexador.



“Creo que eso sería más simple que abordar todos los temas que están contenidos en el proyecto y espero que podamos ir convergiendo en esa dirección. Algo en la línea de lo que sucedió en la ley corta de Isapres, que fue votado favorablemente en las Comisiones de Salud y Hacienda y que no fue a la Sala. Tal vez hay un espacio para ir conversando en esa dirección. Aunque está con urgencia, creo que lo importante es hacer un buen proyecto y desde ese punto de vista el Ministro nos ha señalado que su intención es llegar a un acuerdo en esta Comisión, antes de avanzar”, puntualizó.



Para el diputado Marco Antonio Núñez (PPD), las múltiples observaciones que se plantean se deben a que siempre hacer transformaciones en el sistema de los seguros privados de salud es complejo.



“Estamos hablando de una enorme cantidad de dinero, de insatisfacción del servicio que dan las Isapres y estamos discutiendo dos cosas fundamentales: construir un fondo de redistribución de riesgo, para que no existan más exclusiones ni precios más altos a mujeres, adultos mayores y personas que están enfermas, porque es altamente injusto; y que exista un IPC de la Salud para tener una referencia de cuánto deben aumentar el valor de las primas que pagan mensualmente cada familia que está en una Isapre”, comentó.



Sostuvo que es muy relevante continuar con el debate y agotar todas las instancias de diálogo para que, una vez que se logre un acuerdo completo desde el punto de vista técnico y político, la propuesta pueda pasar a la Sala.



Recalcó que el Congreso Nacional está atrasado en tratar de solucionar este tema, recordando que tanto el Tribunal Constitucional como los tribunales de justicia ya han definido una línea muy clara que sostiene que no es posible discriminar por género o por edad. “Hacia eso tenemos que apuntar”, sentenció.



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El director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Francisco Labbé, explicó a los diputados el desafío que significó para la institución construir un sistema que permita verificar las variaciones de precio de las prestaciones de salud, con el objeto de determinar un IPC de la salud.



“El sistema de salud, por su complejidad propia, tiene una cantidad casi infinita de combinaciones entre prestaciones y prestadores y, en consecuencia, lo que estamos haciendo con estos indicadores de precios y de cantidad de prestaciones de salud, es encontrar los ponderadores con los cuales se van a calcular las variaciones en los precios y después encontrar la cantidad de combinaciones de prestaciones con prestadores que van a ser considerados para el cálculo. Ese número es tremendamente grande y superior a cualquier otro indicador que se calcule en la institución”, afirmó.



Dijo que se está trabajando para determinar hasta dónde es posible llegar en términos de cálculo, dado que hay prestaciones que, por su baja frecuencia, no deben estar consideradas. “Lo que hacemos es ordenar todas estas prestaciones de menor a mayor, de manera de eliminar aquellas que representan el 1% del monto total que se gaste en estas prestaciones”, precisó.



El director Ejecutivo de la Asociación de Isapres de Chile A.G., Rafael Caviedes, sostuvo que, con la aplicación de esta ley, habrá un grupo de personas que será particularmente afectado, esto es, las personas jóvenes y los matrimonios jóvenes con hijos, que pagarían el costo de la solidaridad.



“Nosotros hemos estimado en alrededor de 500 mil personas las que podrían emigrar del sistema de las Isapres y esto ha sido ratificado por la Dirección de Presupuesto. Si hay que financiar los planes de salud de los adultos mayores, alguien lo tiene que pagar y hay personas jóvenes que no tienen renta suficiente para pagar ese aporte y esas personas van a terminar en Fonasa”, aclaró.



Además, alertó que el problema se va a acrecentar con el tiempo, dado que las estadísticas muestran que se está produciendo en Chile un cambio etáreo notable y el porcentaje de personas mayores de 60 años está aumentando considerablemente.



Los representantes de las clínicas coincidieron con las Isapres en que habrá un aumento de los precios para un grupo importante de personas (más de un millón 800 mil) y sostuvieron que un plan garantizado puede no constituirse sobre la base de una solución integral de salud, dado que será muy básico.



Estimaron que la acreditación de los establecimientos de salud deben ser una condición para garantizar la seguridad y la calidad de las atenciones y criticaron que la propuesta no soluciona la cautividad del usuario, por cuanto será necesario contratar beneficios complementarios.