Diputados: Proyecto modifica Decreto Ley que mejoraría calidad y acceso a la educación superior






Publicado el 25 de octubre del 2012



“Las sucesivas y multitudinarias concentraciones de los estudiantes secundarios y universitarios han desnudado una realidad preocupante e injusta, como es que nuestros niños y jóvenes hoy se matriculan en instituciones de educación sin más garantías de excelencia que la propia voluntad y decisión de progresar”, indicó el diputado Gaspar Rivas (RN) autor de la moción .



A principios de los años ochenta y producto de una grave crisis económica, la administración de la época decidió aplicar, en casi todos los ámbitos y áreas, un sistema liberado, a fin de contrarrestar las consecuencias negativas que dejó la política estatista de las décadas anteriores y que dejó al mercado chileno aislado casi en su totalidad, lo que perjudicó especialmente la educación.



A juicio del diputado Gaspar Rivas, debido a “la crisis política de esos años y a los problemas económicos de arrastre mencionados, el Estado chileno se vio forzado a estimular la inversión privada en diferentes áreas, entre ellas la educación, dándoles subsidios y facultades a los inversionistas para iniciar sus propios proyectos con el propósito de lograr la cobertura necesaria para que los sectores emergentes y vulnerables pudieran competir en el nuevo esquema liberal que se impulsó el país”.



Lo anterior, habría traído como consecuencia la falta de regulaciones, por lo que los inversionistas privados habrían conseguido levantar establecimientos con un mínimo de exigencias, produciendo un aumento explosivo de instituciones (universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, colegios, etcétera) al tiempo que provocaban la merma en la calidad del servicio que debían prestar al país.



De la misma forma, y producto de las malas políticas adoptadas es que, durante los gobiernos de la década de los noventa y principios de este siglo, se intentó implementar, por parte de las autoridades, diversos cambios al sistema, pero ninguna que lograra sortear con éxito la falta de fiscalización y su aplicación.



La creación del financiamiento compartido y la expansión de la cobertura, junto a la inyección de fondos, no pudo solucionar la problemática, sino sólo agudizarla.



En consecuencia, la propuesta del diputado Rivas, que ya se encuentra en la Comisión de Educación, abordaría el problema a través de cuatro ejes centrales: Financiamiento, calidad, garantía en el acceso a la educación y regulación y fiscalización.



En cuanto al financiamiento, se establece un plan de restructuración educativa del orden de 20 mil millones de dólares en un plazo no menor de 6 años y no superior a 8. Respecto a la calidad, entregar a los estudiantes de todos los niveles, un proceso de enseñanza de calidad y en el que puedan desarrollar sus habilidades intelectuales artísticas, espirituales y físicas. Uniéndolos a objetivos prácticos y verificables por los usuarios del sistema.



También se plantea implementar medidas de corrección y fortalecimiento donde, por ejemplo, se certifique que se cuenta con un plan de excelencia en el aula, docentes competentes, infraestructura adecuada y planes de estudio actualizados, todos con la supervisión de la autoridad correspondiente, como asimismo, de la comunidad en general.



Continuando, la garantía al acceso a la educación, el parlamentario propone “garantizar que, por aislada o remota que se encuentre una institución educacional en nuestro país, ésta podrá obtener los mismos resultados que aquella ubicada en el mejor barrio de la capital y, nótese, no nos referimos únicamente a los resultados de las pruebas estandarizadas (Simce, PSU, etc), sino también a la exploración de los talentos que el país necesita.



En lo que se refiere a la regulación y fiscalización, la propuesta plantea considerar que las personas se conviertan en un cuerpo regulatorio y sancionador, que tengan absoluta claridad sobre las condiciones a la hora de optar por una institución u otra, debiendo el Estado garantizar que estos dispongan de toda la información relevante y actualizada para tomar esa decisión.



Finalmente, la iniciativa (boletin 8634) modifica el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 2010, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370, con el objeto de perfeccionar la normativa que rige a las instituciones de educación superior.

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