Cámara de Diputados inició análisis de informe por accidentes ocurrido en Fuerzas Armadas

Publicado el 13 de noviembre del 2012



El accidente de la FACH en el archipiélago Juan Fernández, entre otros eventos, motivó a la Cámara a realizar una investigación sobre las medidas de seguridad al interior de las Fuerzas Armadas y determinar eventuales responsabilidades.



La Sala de la Cámara inició el debate del informe de la Comisión de Defensa, convertida en investigadora de los accidentes ocurridos en las FF.AA. a lo largo del país y en que han resultado muertos y lesionados civiles y uniformados. El documento fue presentado a la Sala por el diputado Roberto León (DC), de la Comisión de Defensa.



Entre los accidentes más emblemáticos, está el accidente del avión Casa C-212 en el archipiélago Juan Fernández, el 2 de septiembre de 2011, que dejó 21 víctimas; el 13 de agosto de 2010, mientras se realizaban ejercicios de instrucción naval en Puerto Aldea, se produjo un accidente que costó la vida del infante de Marina José Manuel Araya; la caída de un bus al río Tucapel, el 12 de noviembre de 2006, que provocó el fallecimiento de 17 uniformados del Regimiento Reforzado Nº 7 de Chacabuco; el 28 de septiembre de 2005, tres militares perdieron la vida al efectuar actividades de exploración y mantención de refugios en el territorio antártico, y la tragedia de Antuco, el 18 de mayo de 2005, donde murieron congelados 45 conscriptos del Regimiento Reforzado Nº 17 de Los Ángeles.



En total, se dio cuenta de 39 accidentes que involucran a la Fuerza Aérea de Chile, el Ejército y la Armada. En 14 sesiones, la instancia parlamentaria recibió al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire Jorge Rojas; al Comandante de Operaciones Navales, Vicealmirante José Miguel Romero; Al Comandante en Jefe del Ejército, General Juan Miguel Fuente-Alba; y al Ministro de Defensa, Andrés Allamand.



Entre las conclusiones y propuestas aprobadas por la Comisión de Defensa, y que ahora la Sala debe ratificar, se encuentra el reconocimiento del rol de las Fuerzas Armadas en misiones subsidiarias de colaboración con la sociedad civil. Estas labores, a juicio de la comisión, van más allá del rol que la Constitución entrega a estas instituciones.



En ese sentido, el informe expresa que “esta labor debe ser reconocida en buenos términos pero con ciertas prevenciones. Es necesario entender que es el Estado a través de las instituciones civiles el que debe suplir las necesidades de la población. Si bien las FF.AA. prestan ayuda en cuestiones claves como transporte de pasajeros en zonas aisladas o recientemente instalando un centro de atención móvil en el Hospital Alberto Hurtado para descongestionar la alta demanda de atención de salud primaria en la región Metropolitana, la precariedad o inexistencia del Estado en áreas trascendentes para la vida de las personas debe intentar ser subsanada a través del mismo aparato estatal”.



Continúa el informe precisando que “a propósito del accidente en el archipiélago de Juan Fernández, fue posible constatar que esta relación cívico militar de colaboración carece de una regulación uniforme, y, pese a las buenas intenciones, encuentra enormes vacíos como por ejemplo, en el establecimiento de protocolos para acceder a la ayuda del mundo militar, en las consecuencias jurídicas que se derivan frente a accidentes u otros imprevistos para los pasajeros civiles, entre otras”.



Por ello, la Comisión menciona que “constituye un desafío actualizar el conjunto de normas bases que regulan las funciones de las FF.AA. en Chile”. Y agrega que “la ayuda a la sociedad civil en áreas claves, constituye una misión no convencional de las FF.AA. que alcanza cierto consenso social y frente a la cual nadie podría mostrar reparos. Sin embargo, es preciso avanzar hacia una actualización normativa que permita tratar estas tareas de manera sistemática y clara, bajo la dirección de la máxima autoridad civil cual es el Ministerio de Defensa Nacional”.



En ese mismo sentido, se plantea establecer y uniformar los protocolos para solicitar ayuda a las Fuerzas Armadas, tras detectar un grado de informalidad relevante en el proceso de aprobación o rechazo de las solicitudes de ayuda. Para ello, se propone establecer desde el nivel central un procedimiento administrativo estándar de tramitación de estas solicitudes, donde se establezcan responsabilidades claras y se obligue a motivar la respuesta, sea ésta positiva o negativa. En segundo orden, propender a la transparencia y publicidad de esta ayuda, estableciendo un registro de solicitudes, requirentes y resultados de la petición.



También se propone, en materia de seguros de vida y protección a pasajeros civiles en transportes no comerciales, mejorar los protocolos informativos de los riesgos de viaje; ampliar la cobertura de seguros de pasajeros civiles; y la eliminación de todo tipo de cláusulas de exención de responsabilidad.