Diputados: Reforma constitucional busca reforzar el derecho a la educación

Publicado el 10 de diciembre del 2012



Los cuestionamientos a la educación se vienen dando en el país desde hace décadas, sin embargo estos dos últimos años se han intensificado, luego de paros, tomas, marchas multitudinarias y ahora último el eventual cierre de una casa de estudios por irregularidades administrativas y financieras, lo que ha llevado a la opinión pública a poner en tela de juicio este derecho reconocido en la Constitución.



El proyecto (boletín 8679) plantea realizar una reforma a la Constitución, para modificar el artículo 19 Nº 10, respecto del derecho de la educación garantizado en la Carta Magna, puesto que a juicio de los diputados autores de la moción, no ha quedado lo suficientemente protegido como en principio fue la intención del constituyente, como ha quedado de manifiesto con ocasión de las diversas demandas de la sociedad civil en estos últimos años.



La moción, enviada para su estudio a la Comisión de Constitución, fue presentada por los diputados Cristina Girardi (PPD), Rodrigo González (PPD), Osvaldo Andrade (PS), Carlos Montes (PS), Denise Pascal (PS), Sergio Aguiló (IC), Marcos Espinosa (PRSD), Alejandra Sepúlveda (PRI), Gabriel Silber (DC) y Guillermo Teillier (PC).



Los autores sostienen que “ha resultado evidente que el derecho a la educación como derecho de segunda generación o de aquellos denominados Derechos Sociales y Culturales, no se extiende en términos concretos a todo cuanto fue la intención del constituyente, (...) proteger legítimamente el derecho a la educación pero de manera íntegra y no sólo ante ciertos o determinados supuestos”.



Asimismo, se señala que de la norma -artículo 19 N° 10- se deduce que los Derechos protegidos son, de acuerdo al inciso segundo, el Derecho a la Educación y por éste debe entenderse el derecho del potencial sujeto receptor de las actividades de formación, toda vez que el rol activo, esto es, de quien entrega las herramientas de educación, se encuentra cubierto por otro derecho, como es la Libertad de Enseñanza, del Art. 19 N° 11.



En ese sentido, los autores del proyecto buscan realzar ampliamente el deber del Estado de contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, por lo que la propuesta legal refuerza la garantía constitucional del Derecho a la Educación, teniendo presente además, que es deber de los legisladores también, contribuir a propender a la mayor protección posible de esta garantía.



A lo anterior, debe sumarse que Chile ha ratificado tratados internacionales de educación, como lo es por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos (o Pacto de San José de Costa Rica), el que reconoce en su Preámbulo: 'que los derechos esenciales del hombre no nacen del ser nacional de determinado Estado, sino que tienen corno fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional".



“Es decir, que nos corresponde como autoridades de la República de Chile ceñirnos absolutamente al marco normativo tanto nacional como internacional que establecen o refuerzan derechos fundamentales y más concretamente, garantías constitucionales respecto de las cuales las personas son titulares por el sólo hecho de ser tales”, señalaron los diputados en cuestión, reiterando su obligación con el resguardo de los derechos de las personas.