El ingeniero comercial de la Universidad Católica de Valparaíso, Miguel Carlos Bejide fue designado por los tribunales como interventor judicial para la Universidad del Mar


Miguel Carlos Bejide fue designado por los tribunales para esta tarea que le permitirá supervisar las labores administrativas de la casa de estudios y resguardar los derechos de los jóvenes afectados.

Es ingeniero comercial de la PUCV y tiene experiencia en cargos similares al de interventor en instituciones privadas.
El ministro (s) de Educación, Fernando Rojas y el Director Nacional (PT) del Sernac, Juan José Ossa, dieron a conocer hoy el nombre del interventor judicial para la Universidad del Mar. El Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar designó para este cargo al ingeniero comercial de la Universidad Católica de Valparaíso, Miguel Bejide, quien asume desde hoy sus funciones. El profesional deberá hacerse cargo de supervisar las labores administrativas de la casa de estudios y resguardar los derechos de los jóvenes afectados. El ministro (s) Fernando Rojas señaló que “necesitamos que el interventor pueda facilitar la defensa de los derechos de los estudiantes los cuales han sido sistemáticamente vulnerados por la Universidad del Mar. En este contexto nosotros ya tenemos registro de más de dos mil alumnos que han sido reubicados en distintas casas de estudio, pero por otro lado tenemos muchas demandas en que efectivamente los jóvenes nos plantean que no han podido acceder a sus registros académicos y eso es algo que el interventor va a poder modificar”. Bejide además podrá llevar registro y revisar los ingresos y gastos de la Universidad del Mar, pudiendo para el desempeño de este cargo examinar libros, papeles y operaciones del plantel. Además podrá velar por el cumplimiento de los compromisos de la universidad cautelando por “el buen uso de los recursos, velando especialmente porque los recursos del Crédito con Aval del Estado lleguen a los profesores (remuneraciones), lleguen a quienes tienen que recibirlo”, enfatizó Rojas. El interventor también podrá tener acceso a los registros académicos para ayudar a determinar fehacientemente el número de estudiantes que actualmente continúan en la universidad. En el caso de observar incumplimientos legales o si detecta malversación o abuso en la administración de los recursos y bienes, tendrá la atribución y obligación de informar y hacer la denuncia a tribunales. Rojas agregó que “la Contraloría General de la República ya tomó razón del decreto de cierre de la universidad, que plantea que durante 2013, 2014 y hasta febrero del 2015 como plazo para el cierre ordenado y sistemático de la Universidad del Mar en el cual hay estudiantes que se están reubicando, pero también hay estudiantes que deben y quieren terminar sus estudios dentro de la institución y para eso es importante que las autoridades del plantel, cooperen en este proceso”. Miguel Bejide tiene una amplia experiencia profesional tanto en empresas estatales como privadas. En los últimos años se ha desempeñado como asesor financiero de diversas firmas y tiene vasta experiencia en cargos similares al de interventor, pero en instituciones privadas. Anteriormente fue Consejero Económico y Comercial de Chile en Madrid. También ha trabajado como profesor y en cargos directivos de instituciones de educación superior. “Creo en lo personal que mis competencias tanto en el mundo privado como en el mundo público me dan las posibilidades de poder entender esta situación de la mejor forma y tratar de hacer, dentro de lo posible, mis esfuerzos profesionales y humanos para poder contribuir a este proceso”, dijo Bejide. A esto agregó que en su labor “estableceremos con las autoridades del plantel, de alguna manera, sistemas que nos permitan ir conociendo de forma fidedigna y lo más rápido posible los antecedentes académicos y de operación de la universidad. En la medida que los conozcamos, vamos a poder ir colaborando con la información que las instituciones, en este caso el Mineduc, requieren para ir ordenando este cierre”. El interventor ejercerá este rol hasta que la Justicia determine que es necesario. Hay que recordar que el tribunal nombra a un interventor judicial luego que el Sernac, en coordinación con el Mineduc, solicitara esta figura legal mediante una medida precautoria, con el objetivo de facilitar, entre otras acciones, el acceso de parte de los alumnos a sus antecedentes académicos y financieros.

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