diputados: La Dirección General de Aguas dice que derechos provisionales y eventuales de agua no afectan el comportamiento general de acuíferos


             diputados: La Dirección General de Aguas dice que  derechos provisionales y eventuales de agua no afectan el comportamiento general de acuíferos

Publicado el 19 de marzo del 2013
El organismo informó que, por ejemplo, en el caso de La Ligua, la afectación del acuífero está dada por el nivel de precipitaciones y no por el impacto de derechos provisionales. La institución adelantó también que el Banco Mundial entregará en junio próximo un informe destinado a proponer una nueva institucionalidad en materia de aguas.
El otorgamiento de derechos provisionales o eventuales no estaría afectando el comportamiento de los acuíferos nacionales, según planteó ayer la Dirección General de Aguas (DGA), al tiempo que estimó que el mayor impacto estaría dado por la ocurrencia de fenómenos climáticos.

Ante la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía de la Cámara de Diputados, Francisco Echeverría, director General de Aguas (interino), informó que la DGA ha hecho varios estudios y que, en casos particulares como en el de La Ligua, las estadísticas recopiladas desde hace 50 años señalan que el acuífero “es muy sensible a las precipitaciones”. “Cada vez que hay un período de sequía, el acuífero se va al suelo, por lo tanto, el efecto de los derechos provisionales, si los dejáramos sin efecto, se produciría el mismo impacto, porque la baja en los niveles de los pozos se debe a la falta de precipitaciones”, enfatizó.

El especialista recalcó que el Código de Aguas establece que para objetar una solicitud de derecho provisional, es preciso demostrar que éste afectará a un derecho definitivo. En todo caso, reconoció que pueden carecer de información más precisa y que para subsanar dicha deficiencia sería necesario recibir una denuncia específica. “Que nos digan qué pozo provisional estaría afectando qué pozo definitivo, ya que es una información directa que no tenemos”, comentó.

En cuanto a los derechos eventuales, explicó que estos se otorgan cuando se producen aumentos de caudal y que están asociados a fenómenos climatológicos especiales, como el aumento de las precipitaciones y la generación de las llamadas “crecidas”. Agregó que estas autorizaciones también pueden estar vinculadas a derechos no consuntivos, ya que captan el recurso y restituyen al cauce.

Francisco Echeverría indicó que, en términos generales, las empresas muy grandes (mineras, plantaciones mayores, forestales, entre otras) no incurren en infracciones, salvo casos muy específicos que estiman más rentable extraer agua sin título que pagar las multas que hoy son de 20 UTM. En este sentido, relevó la importancia que avance en el Senado el proyecto del Ejecutivo que perfecciona las facultades de fiscalización de la DGA y que aumenta las sanciones a los infractores.

Comunicó que la DGA deriva al Ministerio Público menos de cien casos al año por infracción de usurpación ilegal de agua. Más específicamente, 63 casos en 2008; 69 en 2009; 36 en 2010; 76 en 2011; y 78 casos en 2012.

Finalmente, anunció que en junio de este año, el Banco Mundial entregará un informe destinado a proponer una nueva institucionalidad que reemplace a la DGA, más potenciada y con mayor presupuesto. Acotó que hoy se realizan 102 funciones repartidas en 42 oficinas de distintas instituciones (privadas y públicas) que, en muchos casos, generan una duplicidad de esfuerzos y de gastos.

DOH y Comisión Nacional de Riego

El director General de Obras Hidráulicas, Arnaldo Recabarren, informó que la llamada “carretera hídrica” es un proyecto de particulares que se encuentra en etapa de estudio de prefactibilidad. Adelantó que existen dos proyectos alternativos: uno por vía submarina, que tendría un costo de inversión de 15 mil millones de dólares; y otro por vía terrestres, que contempla generación eléctrica y que representaría un costo de 16 mil millones de dólares.

En todo caso, recalcó que su viabilidad dependerá del nivel de demanda que los citados estudios indiquen y anticipó que las cuencas aportantes serían las de los ríos Biobío, Maule y Rapel.

Recabarren comunicó, además, que se contempla un plan de embalses diseñado para desarrollarse en el período 2013-2021, dentro de los cuales existen distintos niveles de avance, que van desde el estudio de factibilidad, que incluye la consulta ciudadana, a la construcción misma.

Felipe Martin, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, defendió la institucionalidad chilena relacionada con el recurso hídrico, pero reconoció que falta nivel de gestión y de administración, así como generar los requerimientos necesarios para enfrentar los desafíos futuros.

En este plano, lamentó que no exista un inventario detallado de los recursos hídricos, pero destacó que la Comisión Nacional de Riego ha realizado varios programas de regularización, con la finalidad de ir gestionando esa información. “Sin ese inventario es imposible planificar y ahí tenemos un déficit bastante grande de muchos años en donde hemos tenido que avanzar en forma lenta, pero que con el efecto del cambio climático, es necesario avanzar con mayor rapidez”, resaltó.

Planteó la necesidad de contar con balances de cuenca; saber quiénes son los usuarios; gestión de las asociaciones de usuarios; coordinación de las distintas organizaciones involucradas; considerar criterios multipropósitos; y que las comunidades de usuarios sean realmente representativas, entre otras sugerencias.

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