diputados: Ministro Harald Beyer envió descargos a Comisión de Acusación Constitucional


       diputados:       Ministro Harald Beyer envió descargos a Comisión de Acusación Constitucional

Publicado el 26 de marzo del 2013
Junto con desvirtuar las imputaciones de fondo, la autoridad solicita dejar sin efecto este recurso constitucional argumentando tres vicios formales. La Comisión comenzó hoy su trabajo de análisis, el cual se extenderá durante seis días, según lo establece el precepto constitucional.

Acciones genéricas no atribuibles directamente al imputado; hechos que no representan un quebrantamiento de una norma constitucional; y ausencia de hechos específicos que sirvan de fundamento a la imputación, sino más bien apreciaciones subjetivas y políticas, son parte de los descargos del Ministro de Educación, Harald Beyer, presentados ante la Comisión de la Cámara de Diputados que estudia la acusación constitucional en su contra, instancia que hoy inició su trabajo formal.

Los recién mencionados aspectos son parte de la llamada “cuestión previa”, capítulo que aborda los vicios formales del libelo acusatorio y que apuntan a declarar como no a firme la acusación por incumplimiento de los requisitos que la Constitución señala en esta materia.

Según resalta el Ministro en el texto, la acusación no presenta hechos probados ni antecedentes sustentables que acrediten su responsabilidad constitucional, sino sólo imputaciones basadas en opiniones personales, artículos de prensa y otras noticias de conocimiento general de la ciudadanía que, bajo ningún respecto, pueden sustentar ni demostrar una eventual vulneración de normas constitucionales.

“El presente libelo acusatorio, lejos de contener impugnaciones contra hechos personales de este Secretario de Estado, se empeña en mostrar las diversas falencias que pueden encontrarse en nuestro sistema educativo, así como las omisiones al respecto por parte del Estado a lo largo de décadas, pretendiendo sindicarme como responsable de las mismas, sin siquiera intentar establecer un nexo lógico o causal entre dichas falencias y mis actuaciones personales. Por el contrario, el texto en comento no formula más que acusaciones por omisiones genéricas y del todo indeterminadas, atribuibles más bien a una responsabilidad institucional e histórica por parte del Estado que a esta autoridad, lo que las vuelve lógicamente imposible de controvertir mediante el señalamiento de actuaciones precisas y concretas, afectándose gravemente mi derecho a defensa”, afirma en el documento.

El texto también resalta que la acusación constitucional “debe ser rechazada” por faltarle el requisito mínimo de atribuirle la comisión de infracciones precisas y jurídicamente imputables a su persona, como lo exige el texto de la Constitución y el criterio firmemente fijado por la Cámara de Diputados a lo largo de innumerables resoluciones.

Además, recalcó que “la acusación constitucional no es juicio político ni puede entrar a cuestionar el mérito de las decisiones de la autoridad”. Estimó que los acusadores fundan el libelo en apreciaciones de mérito subjetivas y no en hechos específicos o en una falta constitucional determinada.

El documento que analiza en estos momentos la Comisión de Acusación, instancia que preside el diputado Cristián Letelier (UDI) y que componen también las diputadas Mónica Zalaquett (UDI) y Carolina Coic (DC) y los diputados Fuan Chahín (DC) y Gastón Von Mühlenbrock (UDI), incluye un capítulo especial destinado a responder el fondo de las acusaciones, las cuales apuntan a infracciones al principio de probidad; no haber ejercido el control jerárquico debido; y haber omitido el cumplimiento de las obligaciones ministeriales.

Como forma de refutar las acusaciones, el Ministro destacó que en el ámbito administrativo, su cartera entregó y publicó los estados financieros auditados de gran parte de las instituciones de educación superior, siendo multadas 17 casas por no cumplir con el requerimiento del Ministerio de Educación (Mineduc). Recalcó que esta situación no se había producido nunca desde la entrada en vigencia de la ley, en 2006.

Informó que también se iniciaron cinco procesos de investigación, tres ya terminados (Universidades Técnica Federico Santa María, Santo Tomás y Del Mar) y dos aún en trámite (Uniacc y Universidad de Pedro de Valdivia). “Por primera vez se instruyen procesos administrativos formales para efectos de determinar eventuales infracciones a la normativa legal vigente y no sólo se actúa como mediador entre el denunciante y la respectiva institución”, enfatiza el texto.

Adicionalmente, se documentó, la División de Educación Superior del Mineduc puso en antecedentes del Ministerio Público la situación de dos planteles que podrían encontrarse realizando acciones constitutivas de delito (Universidad Cumbres, que funcionaba sin contar con el reconocimiento oficial del Estado; y el Centro de Formación Técnica Canon, que habría adulterado antecedentes académicos) y se solicitó al Consejo de Defensa del Estado el estudio y presentación de acciones legales en aquellos casos relacionados con la Universidad del Mar y con los eventuales delitos cometidos en la obtención de la acreditación por parte de ciertas casas de estudio.

El Ministro resaltó en su respuesta que en 2011 y 2012 hubo un fortalecimiento de los equipos de la División de Educación Superior dedicados a la supervisión de las instituciones y a la auditoría del uso de recursos públicos y recordó que se han presentado diversas propuestas legislativas para mejorar el sistema y las condiciones de los estudiantes (reprogramación de créditos universitarios, publicada el 4 de febrero de 2012; beneficios para los deudores CAE, publicada el 4 octubre de 2012; proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior, boletín 8041; proyecto que establece un sistema de financiamiento para la Educación Superior, boletín 8369; y proyecto que crea la Agencia Nacional de Acreditación y establece un nuevo sistema de acreditación de las instituciones de educación superior, boletín 8774).

Respecto de la situación de la Universidad del Mar, citada por los acusadores, sostuvo que su funcionamiento anómalo se arrastra desde 2002, cuando experimenta un explosivo crecimiento de la matrícula y sedes. “No hay antecedente alguno que permita afirmar que los sucesivos Ministros de Educación de la década anterior ejercieran acción alguna para el control de esa situación. Por el contrario, le tocó a este Ministro hacerse cargo de una situación crítica que se venía incubando desde los Gobiernos anteriores”, sentenció.

En este ámbito, describió una serie de acciones que desde junio de 2012 a la fecha se impulsaron para verificar si la casa de estudio había incurrido en alguna de las causales de revocación del reconocimiento oficial y pérdida de la personalidad jurídica, así como el contexto de la posterior declaración de revocación por incumplimiento de sus objetivos estatutarios y por cometer infracciones graves.

“Ha quedado de manifiesto que ni esta autoridad ni el Ministerio que presido han permanecido ociosos en lo que respecta a aquellos cuestionamientos de cuya responsabilidad los redactores de acusación constitucional pretenden atribuirme personalmente”, puntualizó.

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