Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo poner término al cobro que se realiza por la adquisición del título profesional


             Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo poner término al cobro que se realiza por la adquisición del título profesional

Publicado el 20 de mayo del 2013
Los parlamentarios criticaron los costosos cobros que efectúan algunos establecimientos por la obtención de los títulos y consideraron un deber acercarse a una enseñanza superior accesible a todos.
Por 61 votos a favor, ningún voto en contra y tres abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo por medio del cual se solicita al Presidente de la República, Sebastián Piñera, que, a través del Ministerio de Educación, tome las medidas necesarias para poner término a los cobros por concepto de adquisición del título de educación superior de los niveles técnico y profesional.

La iniciativa fue presentada el 14 de mayo de 2013 por los diputados Enrique Accorsi (PPD), Ricardo Rincón (DC), Mario Venegas (DC), Cristina Girardi (PPD), Rodrigo González (PPD), Ignacio Urrutia (UDI), José Pérez (PRSD) y Marco Antonio Núñez (PPD).

Los legisladores recordaron que los estudiantes y sus familias deben cubrir la totalidad del valor del título profesional, el cual no está contemplado en los aranceles y que, en algunos casos, resulta de un alto costo para los alumnos. “Esta situación se debe únicamente a que, como las universidades tienen autonomía para definir los programas, es decir, las carreras que dictan, también la tienen para establecer el costo que quieran por este proceso”, resaltaron los legisladores.

Plantearon que, tal como quedó demostrado en artículos de prensa, “el mercado universitario se encuentra absolutamente desregulado, toda vez que las tarifas por cobro de los títulos técnicos y profesionales son antojadizos y no atienden al interés común de la ciudadanía, considerando que el sólo hecho de acceder a una matrícula y pago mensual de carrera ya es bastante privativo y, porqué no decirlo, inalcanzable para la mayoría de las familias chilenas”.

Los parlamentarios consideraron un deber acercarse de la mejor y más eficiente manera posible a dar fiel cumplimiento a lo comprometido por el Estado de Chile en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, específicamente en torno al precepto de que “la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”.

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