Diputados: Comisión de Constitución llegó a acuerdo y despachó proyecto que regula el lobby


 Diputados: Comisión de Constitución llegó a acuerdo y despachó proyecto que regula el lobby

Publicado el 23 de mayo del 2013

El proyecto actualmente en trámite fue ingresado en noviembre de 2008 al Senado, en reemplazo de una propuesta presentada en 2003. Ingresó a la Cámara en julio de 2009 y fue modificado sustancialmente en mayo de 2012 por un paquete de indicaciones de la actual administración de Sebastián Piñera.

    Tras casi cuatro años de análisis y debate al interior de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la instancia llegó a acuerdo esta semana con el Gobierno y despachó a la Sala el proyecto del Ejecutivo (boletín 6189), en segundo trámite legislativo, que establece normas destinadas a regular la actividad del lobby.

    Si bien la iniciativa ingresó a tramitación en noviembre de 2008 (en reemplazo de otra de 2003 boletín 3407), durante la administración de Michelle Bachelet, la propuesta despachada ayer se basó mas bien en un paquete de indicaciones ingresado por Sebastián Piñera en mayo de 2012.

    El presidente de la Comisión de Constitución, diputado Cristian Monckeberg (RN), se manifestó muy satisfecho con el resultado y recordó que los primeros intentos de regulación sobre el lobby se remontan a diez años, en un proyecto ingresado durante el gobierno de Ricardo Lagos que llegó hasta instancias de Comisión Mixta y veto presidencial, en 2008. “No tuvimos legislación porque se hizo lo necesario e inhumano para que no viera la luz”, recalcó.

    Calificó positivamente el texto aprobado por la Comisión de Constitución, así como el paso decisivo que se da en la materia. “Lo que hace esta ley es abrir las puertas y ventanas y permitir que quien haga lobby, vale decir quien busca a través de una determinada gestión que se cumplan ciertos objetivos, eso se sepa”, precisó.

    El diputado Alberto Cardemil (RN) resaltó que se venía trabajando hace bastantes meses en concordar una propuesta que satisficiera a todos los sectores y, en ese plano, estimó que el texto despachado cumple con las expectativas. “Es una buena legislación, porque regula una actividad que es muy legítima, pero que hoy día se está haciendo a puerta cerrada”, comentó.

    Coincidió en que la aprobación de ayer marca un gran avance y expresó su optimismo en torno a la recepción que la propuesta tendrá en el Senado, en donde debe verse en tercer trámite, una vez que lo despache la Sala de la Cámara. “Es una buena ley y esperamos que el Senado lo saque adelante”, acotó.

    El diputado Marcelo Díaz (PS) también se expresó conforme con la propuesta que permitirá regular el lobby a funcionarios públicos y a autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de órganos autónomos, como el Ministerio Público.

    “Nos parece que esta es una legislación fundamental, ya que asegura que exista transparencia en la función pública, conociendo quiénes se acercan a las autoridades o quiénes defienden intereses propios”, puntualizó.

    El legislador lamentó que, para sacar adelante la propuesta, la oposición tuviera que ceder a su pretensión de contar con un registro de lobbystas. Sin embargo, comentó, en la práctica ello se va a producir inevitablemente, porque el Gobierno tendrá la responsabilidad de informar periódicamente quiénes son los que realizan este tipo de gestiones y quienes son remunerados.

    “Desde ahora se asegura la primacía del interés general por sobre el particular y creo que, dados los sucesos del último tiempo, este es un camino que deberíamos recorrer con urgencia para que Chile cuente con una ley que haga más transparentes este tipo de gestiones”, sentenció.

    Para el diputado Jorge Burgos (DC), este es un “paso importante y necesario” que espera sea ratificado por la Sala a la brevedad. “El eje central de esta legislación es la transparencia de la agenda de la autoridad, terminando con una zona opaca que tantos problemas ha generado”, planteó.

    Recalcó que se pudo lograr un importante acuerdo transversal que permitió, entre otras cosas, incorporar a nuevas autoridades, tales como el Ministerio Público, estableciendo ciertas normas de autorregulación.

    Explicó que “los sujetos pasivos de esta ley deberán tener a disposición del público, en sitios web de transparencia activa, las audiencias y reuniones sostenidas con las personas que realicen lobby y gestionen intereses particulares; los viajes realizados, su objeto, costo y persona natural o jurídica que lo financió; y los donativos oficiales y de otro tipo que reciban con ocasión del ejercicio de sus funciones”.

    El proyecto incluye, además, sanciones para las autoridades o funcionarios que no registren la información, incluyéndose una sanción penal a las personas que soliciten reunión o audiencia y omitan de modo inexcusable la información que debe ser pública.

    Asimismo, se aprobó una propuesta del diputado Burgos para aumentar las penas por soborno, tanto para el sobornado como para el sobornante.

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