Avanza trámite de proyecto que reforma y moderniza la legislación relativa al régimen concursal

             Avanza trámite de proyecto que reforma y moderniza la legislación relativa al régimen concursal

Publicado el 18 de julio del 2013

Ante la Comisión de Constitución, funcionarios de la Superintendencia de Quiebras y el abogado y profesor de Derecho Laboral, Sergio Mejía, entregaron su apoyo general a la iniciativa, al tiempo que efectuaron algunas observaciones y perfeccionamientos.

Un apoyo generalizado entregaron esta tarde el profesor de Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Chile, Sergio Mejía, y el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia de Quiebras, Francisco Rojas, al proyecto (boletines refundidos 8324 y 8492) que reforma y moderniza la legislación relativa al régimen concursal, iniciativa que hoy se encuentra en análisis en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

El profesor Sergio Mejía sostuvo que el aspecto más relevante de la propuesta es esclarecer la quiebra como motivo legal de término de contrato de trabajo. “Con ello se resuelve un aspecto no regulado hasta la fecha, que sólo había sido abordado jurisprudencialmente en numerosos fallos, al señalar que ni el caso fortuito o fuerza mayor, ni las necesidades de la empresa son causales de término aplicables en caso de quiebra de la empresa”, recalcó.

Estimó que la ventaja del proyecto es de orden práctico, al resolver la situación de modo que el trabajador pueda acceder a pagos administrativos sin necesidad de esperar la sentencia, como ocurre hasta la fecha, y al clarificar al síndico o liquidador el procedimiento a seguir.

También destacó el hecho de dar carácter legal al derecho del trabajador a indominaciones sustitutivas del aviso previo y por años de servicio (manteniendo la práctica de los síndicos y tribunales); la opción de que el finiquito pueda firmarse con cotizaciones impagas, reduciendo con ello el tiempo de espera del trabajador; y la fijación de una indemnización al trabajador por término del contrato, por quiebra del empleador, entre otros.

El profesional también pidió efectuar algunos perfeccionamientos al proyecto, en pos de evitar hacia el futuro problemas de interpretación de la norma. En esta línea llamó a modificar el tratamiento especificado para la nueva figura de “protección financiera concursal”, establecida para el deudor, de modo de no afectar la acción de los mandos medios; aclarar que el plazo de prescripción seguirá corriendo una vez transcurrido el período de 30 días (plazo de aplicación de la protección); y esclarecer la suspensión del procedimiento laboral.

Además, junto con algunas modificaciones de carácter formal, el profesor Mejía sugirió efectuar algunas especificaciones mayores a la forma en que se aborda el procedimiento concursal de liquidación a un empleador y el tratamiento de los fueros laborales.

Trabajadores

El abogado Francisco Rojas resaltó que esta iniciativa cambia el paradigma del sistema de quiebra que opera en Chile, entregándole un desafío importante a la actual Superintendencia de Quiebras, que por efecto de este proyecto pasará a ser la nueva Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

Planteó la importancia de que las nuevas atribuciones del organismo vengan aparejadas con compensaciones económicas y con la necesaria estabilidad laboral que los funcionarios requieren.

En este plano, valoró y reconoció ante los diputados de la Comisión de Constitución la labor desempeñada por la Superintendenta Josefina Montenegro, en orden a gestar dos acuerdos principales:

- La creación de una asignación de fiscalización, que vendrá a complementar los salarios de los funcionarios.
- Garantizar que todos los empleados actuales pasarán a formar parte de la nueva institución con, a lo menos, la misma remuneración que presentan hoy.

Al respecto, la Superintendenta destacó que la nueva institución no sólo traspasará a todos los funcionarios, sino que contempla también un fortalecimiento para cumplir debidamente con las nuevas labores de fiscalización que esta ley les otorga. Explicó que el plan considera la incorporación de 56 nuevos funcionarios, los cuales serán distribuidos conforme a un organigrama ya determinado.