Conaf explicó a diputados de Recursos Naturales problemáticas con Parques Nacionales.

             Conaf explicó a diputados de Recursos Naturales problemáticas con Parques Nacionales

Publicado el 19 de julio del 2013

Entre las dificultades informadas se citaron diferencias entre las demarcaciones territoriales de las zonas protegidas con el terreno efectivamente fiscal, lo que ha generado diferencias con familias que habitan en las cercanías o, incluso, dentro de los terrenos. Asimismo, existen diversas reclamaciones de los pueblos originarios por uso ancestral de algunos territorios.

Diferencias con las delimitaciones, inclusión de familias en supuestos terrenos fiscales y reclamaciones de los pueblos originarios son algunos de los temas que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) enfrenta a la hora de gestionar el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), según informaron a la Comisión de Recursos Naturales, Eduardo Vial y Fernando Llona, director ejecutivo y fiscal de la entidad, respectivamente.

Los funcionarios comunicaron que el SNASPE contempla cien unidades, que se han ido incorporando paulatinamente desde hace cien años a la fecha. Explicaron que, si bien la mayor parte corresponde a terrenos fiscales, existen zonas en las cuales la situación no es tan clara debido a reclamaciones de particulares y diferencias en las delimitaciones.

En este caso se encontrarían algunos parques y Áreas Silvestres Protegidas (ASP) del norte de Chile (Lauca, Las Vicuñas, reserva Los Flamencos de San Pedro de Atacama y el Salar de Surire), en donde comunidades indígenas reclaman un uso ancestral, existiendo en casos puntuales documentación de propiedad. Una situación similar pasaría en Isla de Pascua, donde habría lugares con tomas concretas de parte de los lugareños.

Según destacaron los representantes de la Conaf, este tipo de casos se complican por la falta de legislación existente, que dificulta en lo concreto la administración de las ASP.

Indicaron que otro problema grave se encuentra el Parque Nacional Villarrica, donde personas no indígenas están tomándose un sector del parque. Específicamente, se detalló, la toma corresponde a 17 grupos familiares que se instalaron en diciembre de 2009, argumentando tener derechos en la propiedad relacionados con antiguos colonos

Señalaron que los ocupantes, que tienen predios y viven en la comuna de Curarrehue (provincia de Cautín, Región de la Araucanía), iniciaron acciones legales oponiéndose a la inscripción del Parque en 2009, pero, al no lograr probar dominio sobre los terrenos, la inscripción se efectuó a nombre del fisco.

Los directivos comunicaron que el hecho no fue reconocido por las familias, manteniendo animales y construcciones que no usan, lo que ha generado comportamientos agresivos por parte de los ocupantes hacia los guardaparques, especialmente al proceder estos, durante el presente año, al retiro de cercos de alambre que impedían el acceso a senderos y áreas de relevancia turística. Actualmente está en tramitación una querella por usurpación deducida por el Consejo de Defensa del Estado.

Respecto del Parque Nacional Laguna San Rafael (Región de Aysén), el director de la Conaf informó que existen cinco ocupantes de predios (residencia efectiva y continua) al interior de San Rafael, en el sector de Steffens, quienes tienen solicitudes de título de larga data en Bienes Nacionales.

Vial destacó que el hecho fue descubierto cuando el Ministerio de Bienes Nacionales realizó el trabajo de límites. “Esta situación ocurre frecuentemente a medida que Bienes Nacionales hace delimitaciones de parques con nuevas tecnologías”, puntualizó.
Cabo de Hornos

En el caso del Parque Nacional Cabo de Hornos (Región de Magallanes), Eduardo Vial comunicó que se ha buscado fomentar el desarrollo del ecoturismo, a través de una concesión entregada a la empresa Servicios Marítimos y Turísticos Cabo de Hornos S.A. La Superficie otorgada comprende 4.172 metros cuadrados, lo que representa el 0,0006% de la superficie del parque y 0,016% del área de Isla Hornos.

Según destacó Vial, no todas las naves que circulan en el extremo sur de la Patagonia chileno-argentina pasan a Cabo de Hornos. “Muchas de las naves de turismo que desembarcan en Ushuaia, Argentina, y que circulan por el mundo hasta la Antártica, no llegan a Isla Hornos, debido a problemas de accesibilidad y otros aspectos legales”, recalcó.

Enfatizó que esta situación deja a nuestro país en desventaja en el ámbito turístico internacional. “Por lo mismo, creemos que este proyecto constituye una oportunidad de posicionar a Chile como ícono de imaginario o producto turístico del fin del mundo”, reafirmó.

Específicamente, acotó, la concesión consta de un muelle para recibir embarcaciones de pasajeros que circulan en la Patagonia chilena y el continente antártico; captar las naves de turismo que hoy no visitan la zona; y considerar en las dependencias de la concesión, además de las instalaciones portuarias, algunas terrestres: muelle, plaza de mar, escaleras y rampas, senderos y miradores, centros de visitantes y casa habitación para personal de la concesionaria y guardaparques de la Conaf.

El plazo de la concesión (queda sujeto a la supervisión y control de Conaf y de la Armada) es de 25 años y considera una inversión de 2.700 millones de pesos. Al término de la concesión, todas las obras pasarán a propiedad del fisco. Los pagos de concesión van en gradual aumento y en relación directa con los volúmenes de visitantes.

El directivo planteó que, a través de este proyecto, se abre la oportunidad de fomentar iniciativas locales que puedan acceder desde Puerto Williams, dando oportunidad a otros segmentos de la sociedad a conocer lugares tan espectaculares como este parque, que hasta hoy permanecen limitadas a quienes pueden acceder al turismo de elite en cruceros que recorren los canales del sur de Chile.

Finalmente, en otra línea, indicó que en la Reserva Nacional Laguna Torca, Vichuquén (Región del Maule) se produjo un desmoronamiento de terreno que provocó la caída de 20 pinos jóvenes. Resaltó que frente a la denuncia sobre una posible extracción no autorizada de áridos se motivó una investigación interna por parte de la Dirección Regional, la cual está actualmente en curso.

En todo caso, dijo que en esta Reserva, en el sector La Calichera, en los últimos 30 años se ha autorizado la extracción de arena a través de un plan de manejo, en un área de cerca de 980 metros cuadrados, bajo la supervisión de Conaf.