Comisión de Hacienda aprobó proyecto que crea un registro voluntario de contratos agrícolas

             Comisión de Hacienda aprobó proyecto que crea un registro voluntario de contratos agrícolas

Publicado el 07 de agosto del 2013

La propuesta, que ya cuenta con la aprobación de la Comisión de Agricultura, considera una inversión inicial de 185 millones de pesos, para el levantamiento del registro y el desarrollo de un programa de difusión; y un gasto permanente de 26 millones de pesos, principalmente para la mantención del sistema computacional y el pago de personal.

Tras un debate centrado en la conveniencia de impulsar en el país un sistema de contratos formalizados y difundidos a través de un registro nacional voluntario en el rubro de la agricultura, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a la Sala la propuesta del Ejecutivo en esta materia, sólo con un cambio formal.

El proyecto (boletín 8829) que crea el registro voluntario de contratos agrícolas, presentado a los diputados por el Subsecretario de Agricultura, Álvaro Cruzat, y por el abogado del Ministerio de Agricultura, Andrés Meneses, considera una inversión inicial de 185 millones de pesos, para el levantamiento del sistema informático que sustentará el registro y el desarrollo de un programa de difusión; y un gasto permanente de 26 millones de pesos, principalmente para gastos de mantención y el pago de personal.

El Subsecretario se manifestó muy conforme con la aprobación de la iniciativa, que también cuenta con el respaldo de la Comisión de Agricultura, y resaltó que la propuesta tiene por objeto fomentar la agricultura de contrato; generar una mejor y mayor relación entre los productores y los agroindustriales; y fomentar la transparencia del mercado.

Planteó que este sistema permitirá mejorar la comercialización de los productos agrícolas y facilitar el financiamiento, en particular de los pequeños productores, que al adherir a este sistema voluntario, podrán contar con contratos que darán mayor certeza a la banca.

Durante la sesión, los diputados José Miguel Ortiz (DC) y Carlos Recondo (UDI) manifestaron su apoyo a la propuesta, estimando importante formalizar el mercado y dar mayor estabilidad, tanto a los pequeños productores agrícolas como a la agroindustria. Además, valoraron que el sistema sea voluntario y no obligatorio.

Los diputados Javier Macaya (UDI), Ernesto Silva (UDI), Pepe Auth (PPD), Enrique Jaramillo (PPD) y el presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Miodrag Marinovic (Ind), cuestionaron durante el debate la conveniencia real de la medida y llamaron al Ejecutivo a entregar mayores razones de fondo para apoyar la creación del registro.

Asimismo, se planteó la oportunidad de crear un sistema más amplio, que involucre otros sectores de la economía, y se criticó la efectividad del sistema voluntario, recordando el fracaso que se generó en una línea similar con la aplicación del llamado “Sello Sernac”, instrumento voluntario de calificación de calidad respecto del cual la banca se ha abstenido de adherir.

El Subsecretario reconoció ante los diputados que en este ámbito se genera una suerte de “apuesta”, pero sostuvo que existe la convicción al interior del Gobierno que muchos rubros se sumarán al registro público que llevará el Ministerio de Economía, fomentando con ello el desarrollo de la agricultura de contrato.

“Nosotros esperamos que existan algunas agroindustrias que, dentro de sus buenas políticas comerciales, comiencen a utilizar el registro de contrato para dar mayor certeza a sus cadenas de abastecimiento”, resaltó.

Adelantó que tanto el Ministerio de Agricultura como el de Economía van a promover el uso de este sistema a través de campañas de difusión y anunció que se impulsará la adhesión a este mecanismo entre los más de seis mil pequeños agricultores que están trabajando con alianzas productivas (Indap) con cadenas de supermercado o con la agroindustria.

Andrés Meneses explicó que con la existencia del registro público voluntario, terceros no podrán alegar el desconocimiento de un contrato allí incorporado, por lo tanto, si persisten en la intención de comprar un producto identificado en uno de esos convenios formalizados, la ley los hará solidariamente responsables con el vendedor incumplidor.

“Con esto, creemos que logramos un balance equilibrado entre las responsabilidades del vendedor y del comprador”, enfatizó.

En este plano, acotó, la fuerza del nuevo sistema radica en la oponibilidad del contrato frente a terceros y por esta vía, al hacer más sólidos los acuerdos entre las partes, “obviamente la agroindustria se sentirá más incentivada a recurrir voluntariamente a este tipo de convenciones y otorgar financiamiento y asistencia técnica a esos mismos productores”.

A la Comisión de Hacienda le correspondió votar sólo dos artículos de la normativa (el grueso del proyecto fue acordado en la Comisión de Agricultura): la creación del registro y los fondos para su constitución, difusión y mantención. La primera materia fue aprobada por nueve votos a favor y las abstenciones de los diputados Ernesto Silva, Alberto Robles (PRSD) y Miodrag Marinovic. El artículo relativo al financiamiento fue aprobado por once votos a favor y la abstención de la diputada Clemira Pacheco (PS).