Comisión Investigadora sobre el derecho de reunión no logra informe de consenso

             Comisión Investigadora sobre el derecho de reunión no logra informe de consenso

Publicado el 01 de agosto del 2013

El texto, aprobado por seis votos a favor y tres en contra, resalta la necesidad de establecer con mayor precisión el derecho a reunión en el orden constitucional y propone la dictación de una ley que derogue el DL 1.086 y establezca claramente cómo se va a ejercer la garantía.
Sin informe de consenso concluyó esta semana su trabajo la Comisión Investigadora sobre el derecho de reunión, instancia que se abocó desde marzo de este año a indagar la forma en que se han desarrollado en el país las manifestaciones sociales y la manera en que las fuerzas policiales las han abordado, en particular, ante la aparición de hechos de violencia y el actuar de grupos de antisociales.

En particular, la Comisión estuvo mandatada por la Sala para investigar los protocolos de las fuerzas de orden y seguridad públicas para controlar protestas sociales; los recursos humanos empleados; la selección del personal de las fuerzas especiales de Carabineros; la legalidad de cierres de calles para prevenir accidentes; el uso de equipamiento para controlar protestas sociales; y las denuncias de abuso en el control de manifestaciones populares.

El presidente de la instancia, diputado Rodrigo González (PPD), sostuvo que el informe, aprobado por seis votos a favor y tres en contra, considera un exhaustivo análisis del derecho a reunión y de las manifestaciones públicas, así como de la necesidad de que en el país se resguarde el orden público.

Indicó que el informe resalta la necesidad de asegurar las libertades públicas, entre ellas, el derecho constitucional a reunirse, y sostiene que la mantención del orden público debe ser resguardada, pero sin detrimento del ejercicio de esta garantía y con respeto a los derechos humanos de quienes manifiestan.

Destacó que en el último período ha habido grandes manifestaciones sociales en las que se han detectado múltiples deficiencias en relación a la protección del derecho de reunión, lo que hace necesario una reforma sustantiva de la normativa que lo regula, así como de los protocolos y de la forma de intervenir de las fuerzas policiales.

“Dentro de estas modificaciones está, en primer lugar, el establecimiento con mayor precisión del derecho a reunión en el orden constitucional; y la dictación de una ley que derogue el actual decreto dictado durante el período de la dictadura, respecto del cual actúan las fuerzas policiales, que es el DL 1.086, del año 1.983”, precisó.

Comunicó que el informe propone que la nueva normativa, que debería ser discutida y aprobada por el Parlamento, establezca claramente cómo se va a ejercer el derecho a reunión; cuáles son los bienes a proteger; y cuáles son las prácticas que no se deben autorizar para que se pueda resguardar bien el orden público. “En especial se pide a las fuerzas especiales que se preocupen de proteger el derecho a protesta y las manifestaciones, especialmente de los grupos violentistas que intentan impedir este derecho”, acotó.

Además, señaló, se plantea la necesidad de que las fuerzas especiales cuenten con los recursos y el apoyo técnico debido para que puedan identificar a esos grupos minoritarios y a los encapuchados, que impiden el correcto ejercicio del derecho a reunión.

El diputado indicó que el informe también critica las detenciones masivas, que afectan a manifestantes pacíficos, transeúntes y/o medios de comunicación, entre otros; y pide una corrección de las prácticas de Carabineros a la hora de detener a las personas y de controlar los desórdenes.

Además, comentó el legislador, se solicita que se resguarden los derechos de los que han sido detenidos, de modo que, por ejemplo al momento de declarar, lo hagan siempre ante un fiscal.

La diputada María Angélica Cristi (UDI) se manifestó desilusionada y molesta por el resultado final de la Comisión y lamentó el hecho que gran parte del informe se constituya en una crítica al accionar de Carabineros de Chile. “En vez de dar un apoyo y de velar por darle más recursos y procedimientos para enfrentar la violencia, se cuestiona su quehacer de manera grosera y estoy muy dolida”, enfatizó.

Recalcó que nunca pensó que, frente a un hecho tan sensible para el país, como es la forma de enfrentar las manifestaciones públicas que terminan en actos violentos, la Comisión iba a concluir con un perfil tan subjetivo y discrecional, faltando el respeto a las autoridades que vinieron a la instancia a entregar su aporte.

Recordó que Carabineros se ha coordinado con el Instituto de Derechos Humanos para abordar las manifestaciones públicas y generar nuevos protocolos de operación y tratamiento de los detenidos. Además, precisó la diputada, la institución creó un Departamento de Derechos Humanos y desarrolla un plan de capacitación del personal para cumplir con los preceptos de los tratados internacionales y los requerimientos de las organizaciones vinculadas a los derechos humanos.

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