Interior presenta queja disciplinaria contra juez que visó acuerdo en caso "toma del Congreso"
SANTIAGO.- La jefa de la división jurídica del Ministerio del Interior, abogada Ximena Riesco, presentó este mediodía un recurso de queja en contra del juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, Cristián Sánchez, quien aprobó el polémico acuerdo entre la fiscalía y los imputados en el caso de la "toma del Congreso Nacional", ocurrida en octubre de 2011.
"Nosotros hemos estimado que con la resolución dictada por el juez Cristián Sánchez, se ha vulnerado esta prohibición, ya que se han hecho una serie de alocuciones y referencias del todo innecesarias para fundamentar una resolución judicial y por cierto para fundar una suspensión condicional del procedimiento", dijo la profesional.
Lo anterior en referencia a las declaraciones que realizó el magistrado para fundamentar la suspensión condicional del procedimiento, que favoreció al ambientalista Luis Mariano Rendón y al psicólogo Osvaldo Tello, quienes deberán hacer una campaña a favor de marcar el voto con la sigla "AC" (asamblea constituyente) de la que ambos imputados son partidarios.
Al pronunciarse sobre esta condición acordada, el juez Sánchez la calificó como "completamente coherente con el proceso histórico que viene viviendo el país en el último tiempo, proceso histórico en el que el propio Poder Judicial, y me siento emplazado a dar datos de ello, asumimos los jueces". A continuación, dio cuenta de la carta de la Asociación de Magistrados en vísperas del aniversario del golpe de Estado, añadiendo que "aquellos hechos lamentables dieron lugar a la dictadura más cruel que ha enfrentado nuestra República".
De acuerdo a Riesco, la medida contra el magistrado está basada en el "artículo 323, número 2 y 3 del Código Orgánico de Tribunales, que establece que está prohibido a los funcionarios del Poder Judicial participar en actividades políticas de cualquier índole o realizar manifestaciones en ese mismo tenor o realizar actividades más allá de emitir su voto".
La abogada puntualizó que el objetivo de la queja disciplinaria contra Sánchez es que la Corte de Apelaciones de Santiago revise los antecedentes e imponga una sanción "que sea congruente con la falta que se viene denunciando".
Ésta puede ser desde una amonestación privada, pasando por una censura por escrito, multa o incluso la suspensión de funciones por cuatro meses.
Más temprano, en tanto, el mismo equipo de abogados llegó hasta el Séptimo Juzgado de Garantía para apelar contra la salida alternativa, argumentando que la condición impuesta a los imputados no importa ninguna carga para ellos, ni tampoco cumple con fines de reinserción o rehabilitación, al permitírseles hacer proselitismo por una causa política a la que ellos adhieren.
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