Diputado Vallespín anunció la presentación de un requerimiento al Tribunal Constitucional para intentar frenar la aplicación del Reglamento del Ministerio de Economía, visado por la Contraloría, y que se refiere al consentimiento en materia de aumento de comisiones en operaciones bancarias y no bancarias

El diputado DC Patricio Vallespín, integrante de la comisión de Economía de la Cámara, anunció la presentación de un requerimiento al Tribunal Constitucional para intentar frenar la aplicación del Reglamento del Ministerio de Economía, visado por la Contraloría, y que se refiere al consentimiento en materia de aumento de comisiones en operaciones bancarias y no bancarias, y que afecta a más de 19 millones de tarjetas en el mercado.

Según lo denunciado por el parlamentario DC, “este es un reglamento abusivo y que deja en clara indefensión a los consumidores; un reglamento dictado entre gallos y medianoche, entre pascua y año nuevo, esperando que los consumidores no reclamen frente a un hecho que es inaceptable, porque lo que hace es establecer un control y un manejo absoluto del proveedor en este consentimiento. No hay ningún consentimiento libre; por el contrario, lo que hay es un consentimiento obligado, porque si el consumidor no quiere aceptar el cambio,  el proveedor en un plazo de 60 días, podrá terminar este contrato o prestación de servicios de la tarjeta de crédito, de la línea de crédito”, agregando que “ningún consumidor va a ser capaz de resistir no tener su línea de crédito, no tener su tarjeta de crédito, porque además se exigirá el pago del total de la deuda, por tanto es absolutamente falso que esto sea bueno para el consumidor”.
Vallespín recalcó que “claramente el Gobierno, una vez más, muestra su doble estándar. Esto, porque la misma autoridad que en 2010 señaló que estos cambios debían ser materia de ley, hoy dice lo contrario y opta por el camino de un reglamento, sin pasar por el Congreso y sin un debate público. Esto es grave, pues son millones los consumidores afectados”.
Sobre la presentación en el Tribunal Constitucional, el parlamentario DC explicó que “esta presentación contempla dos líneas: primero, creemos que esto, y lo dijo el propio gobierno cuando asumió en 2010 cuando había un reglamento similar a esto, y que lo retiró de Contraloría, que la formación del consentimiento sólo se puede cambiar a través de ley y no a través de un reglamento, por tanto sería inconstitucional en ese punto. Y segundo, sería inconstitucional también porque crea consumidores de primera y segunda categoría, porque los consumidores que tienen contratos de adhesión de productos y servicios financieros estarían limitados en su derecho con este reglamento, a diferencia de los otros que estarían protegidos de mejor manera por la ley de protección de los derechos del consumidor”.

Finalmente, explicó que “este reglamento es absolutamente abusivo, por eso, emplazamos al ministro de Economía a decir la verdad del por qué está haciendo esto, que nos diga qué hay detrás, ¿una compensación al sector financiero por la implementación de la nueva ley de tasa máxima convencional, que obviamente baja la rentabilidad de este sector? Puede ser una compensación a eso, porque lo que ellos escriben con la mano, lo borran con el codo, porque acá lo que tiene que quedar súper claro es que afecta a los consumidores negativamente, no hay un derecho real a decir que no, porque se le quita un servicio que hoy es parte de la vida de los chilenos”.

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