Diputados: Cámara aprobó informe de Comisión Investigadora del INE
Diputados: Cámara aprobó informe de Comisión Investigadora del INE
Publicado el 23 de enero del 2014
El informe consigna las irregularidades en la
formulación y entrega de resultados del Censo 2012, determinando como
principal responsable al ex director del Instituto Nacional de
Estadísticas, Francisco Labbé.
La Cámara de Diputados aprobó este jueves, con 37 votos a favor y 1 abstención, el informe de la Comisión Investigadora del funcionamiento del INE.
La instancia investigadora fue creada el 8 de mayo de 2013, para
analizar las irregularidades detectadas a raíz de los resultados del
Censo 2012.
El informe fue entregado a la Sala el pasado jueves por el diputado Juan Carlos Latorre (DC), quien presidió la Comisión Investigadora, y hoy se continuó su debate y se procedió a la votación.
Irregularidades administrativas en el Censo
El documento precisa que se pudo constatar la efectividad de distintas irregularidades administrativas que ocurrieron en el INE y en el proceso del Censo, durante la administración del ex Director Nacional, Francisco Labbé, “las que por lo demás no han sido esclarecidas por la actual Dirección ejercida por Juan Eduardo Coeymans, ni por las autoridades superiores jerárquicas del
Instituto Nacional de Estadísticas”.
Entre ellas, está la contratación de distintas personas a honorarios sin que hayan efectuado verdaderamente sus servicios, con la finalidad de reunir los recursos económicos necesarios para que se le entregaran, por los servicios que prestaba de manera irregular, a Maximiliano Raide Prunes, quien ejerció actividades de asesor directo del ex Director Labbé.
La Comisión constató además, precisa el informe, que las personas contratadas por orden directa de Francisco Labbé para pagar las asesorías de Maximiliano Raide -Juan Pablo Raide Prunes, Antonio Hartmann Ramírez y Constance Pooley Topali-, no desarrollaban las funciones que señalaban sus contratos y no eran conocidos por los funcionarios del INE que asistieron a la Comisión Investigadora.
El documento señala además que cuando llegó Maximiliano Raide en 2012, se generó una estructura de funcionamiento paralela. “La dirección ejercida por el ex Director Labbé comenzó a volverse más cerrada, llegando a dejar fuera a los equipos técnicos del INE para la opinión y toma de decisiones relevantes respecto del proceso Censo 2012, así como de otros productos del INE”, dice el informe.
Esta estructura paralela conformada por Labbé, la llamada “gerente” del INE Mariana Alcérreca, el ex jefe del proyecto Censo, Eduardo Carrasco, el asesor del ex director, Maximiliano Raide y Sebastián Mathews, tomó decisiones de particular relevancia como lo fueron el despido de funcionarios directivos del INE, la imputación de casas no logradas a las cifras finales del Censo y la decisión de entregar al Presidente de la República la información del Censo para darla a conocer al país sin dar cuenta del detalle de las imputaciones que se efectuaron.
Manipulación de datos y resultados del Censo
El informe sostiene que “la decisión del cambio de metodología del Censo, pasando de un Censo de hecho a Censo de derecho, fue una decisión apresurada, sin los suficientes fundamentos y estudios técnicos para sopesar las consecuencias y modificaciones de plazo para su adecuada implementación”.
Agrega que “la decisión se adoptó por personas que no tenían la calificación técnica, ni contaron con ningún tipo de insumo técnico preparado por los equipos técnicos del INE, por tanto, no se cuantificó, ni ponderó la decisión del cambio de metodología y sus consecuencias en el proceso de levantamiento del Censo”.
Una muestra de esta inconsistencia técnica referida, sería la decisión del cambio de metodología, que se tomó solo en 25 días, “dejando de lado los más de cuatro años de preparación y el desistimiento y evaluaciones anteriores que se habían realizado sobre el cambio de metodología, y que por lo demás, tampoco se consideraron de manera alguna”.
Respecto al proceso de levantamiento del Censo, se concluye que “el principal problema en el proceso de levantamiento ocurrió por la falta de tiempo y preparación del proceso censal, consecuencia de lo intempestivo de la toma de
decisión de cambio de metodología (8 meses antes del comienzo del levantamiento)”.
Entre otros problemas, se consigna que se subestimaron los recursos para enfrentar proceso censal, frente a lo cual incluso la Dirección del INE decidió no requerir recursos adicionales.
“Además, recae en el Ex Director del INE, Sr. Francisco Labbé, la responsabilidad de no generar las modificaciones o precauciones en el proceso de levantamiento, en especial frente a proyecciones realizadas por el Departamento de Estudios Sociales en pleno proceso de levantamiento censal, que indicaban que proyección de personas efectivamente censadas llegaría sólo a 15,8 millones, cuestión a la que habría hecho caso omiso, argumentando que según cálculo por él realizado y que ningún técnico del INE conoció, se llegaba a alrededor de 17 millones”, dice el documento.
Publicación, difusión y filtración de resultados del Censo
El informe indica que fue decisión del ex Director Labbé incorporar en los totales de las cifras preliminares difundidas en agosto de 2012, las cifras de “moradores ausentes” y “viviendas no logradas”, sin precisar que esas imputaciones se hacían en la cifra total, a pesar de la recomendación y prevención de los equipos técnicos respecto a la necesidad de mencionar claramente en la publicación y difusión de los datos dicha desagregación.
“Posteriormente, en abril de 2013, nuevamente se decide publicar las cifras no haciendo mención alguna a las imputaciones que se efectuaban, distorsionando con ello la cobertura lograda del Censo, y no dando cuenta en parte alguna, que la población efectivamente censada llegaba a los 15,8 millones y toda la demás población -para llegar al total de 16,6 millones-, correspondía a imputaciones por moradores ausentes y viviendas no logradas”, se señala.
Afirma el texto que “es responsabilidad del ex Director Francisco Labbé el no resguardar el secreto de los resultados del Censo antes que los difundiera el Presidente de la República, así como no proteger datos sensibles mediante las facultades y capacidades que entregó a funcionarios irregulares -Maximiliano Raide- y otros contratados a honorarios (Carmen Paz Maldonado, Gabriele Lothoolz, Sebastián Matthews, etc.), sobre datos y productos sensibles de la Institución”.
En definitiva, el informe precisa que “podemos concluir que el Censo 2012 tiene problemas sustantivos respecto de cobertura y estructura demográfica, y por tanto es imprescindible tomar acciones a la brevedad para remediar la credibilidad de la población en el INE y sus productos, ya sea mediante un CENSO abreviado (Censo de hecho acotado en los términos expuestos por la comisión Nacional), u otro método que cumpla con ese objetivo y sea respaldado por los técnicos y conocedores de la materia”.
Respecto a la gestión del actual director, Juan Eduardo Coeymans, se sostiene que “a pesar del esfuerzo que ha puesto por remediar los errores ocasionados por la administración del señor Labbé y que valoramos, ha sido errático y poco claro sobre las vías de solución que proyecta para remediar los problemas identificados, y lamentamos, a pesar de que se señaló que sería parte de las actuaciones y decisiones que se tomarían, que sus superiores jerárquicos, es decir, el Ministerio de Economía, así como la Presidencia de la República, no hayan mostrado una directriz clara sobre el rumbo de las soluciones y que hasta la fecha no exista ningún pronunciamiento formal por parte de las autoridades políticas, sobre como remediar los errores cometidos en el proceso censal”.
El informe fue entregado a la Sala el pasado jueves por el diputado Juan Carlos Latorre (DC), quien presidió la Comisión Investigadora, y hoy se continuó su debate y se procedió a la votación.
Irregularidades administrativas en el Censo
El documento precisa que se pudo constatar la efectividad de distintas irregularidades administrativas que ocurrieron en el INE y en el proceso del Censo, durante la administración del ex Director Nacional, Francisco Labbé, “las que por lo demás no han sido esclarecidas por la actual Dirección ejercida por Juan Eduardo Coeymans, ni por las autoridades superiores jerárquicas del
Instituto Nacional de Estadísticas”.
Entre ellas, está la contratación de distintas personas a honorarios sin que hayan efectuado verdaderamente sus servicios, con la finalidad de reunir los recursos económicos necesarios para que se le entregaran, por los servicios que prestaba de manera irregular, a Maximiliano Raide Prunes, quien ejerció actividades de asesor directo del ex Director Labbé.
La Comisión constató además, precisa el informe, que las personas contratadas por orden directa de Francisco Labbé para pagar las asesorías de Maximiliano Raide -Juan Pablo Raide Prunes, Antonio Hartmann Ramírez y Constance Pooley Topali-, no desarrollaban las funciones que señalaban sus contratos y no eran conocidos por los funcionarios del INE que asistieron a la Comisión Investigadora.
El documento señala además que cuando llegó Maximiliano Raide en 2012, se generó una estructura de funcionamiento paralela. “La dirección ejercida por el ex Director Labbé comenzó a volverse más cerrada, llegando a dejar fuera a los equipos técnicos del INE para la opinión y toma de decisiones relevantes respecto del proceso Censo 2012, así como de otros productos del INE”, dice el informe.
Esta estructura paralela conformada por Labbé, la llamada “gerente” del INE Mariana Alcérreca, el ex jefe del proyecto Censo, Eduardo Carrasco, el asesor del ex director, Maximiliano Raide y Sebastián Mathews, tomó decisiones de particular relevancia como lo fueron el despido de funcionarios directivos del INE, la imputación de casas no logradas a las cifras finales del Censo y la decisión de entregar al Presidente de la República la información del Censo para darla a conocer al país sin dar cuenta del detalle de las imputaciones que se efectuaron.
Manipulación de datos y resultados del Censo
El informe sostiene que “la decisión del cambio de metodología del Censo, pasando de un Censo de hecho a Censo de derecho, fue una decisión apresurada, sin los suficientes fundamentos y estudios técnicos para sopesar las consecuencias y modificaciones de plazo para su adecuada implementación”.
Agrega que “la decisión se adoptó por personas que no tenían la calificación técnica, ni contaron con ningún tipo de insumo técnico preparado por los equipos técnicos del INE, por tanto, no se cuantificó, ni ponderó la decisión del cambio de metodología y sus consecuencias en el proceso de levantamiento del Censo”.
Una muestra de esta inconsistencia técnica referida, sería la decisión del cambio de metodología, que se tomó solo en 25 días, “dejando de lado los más de cuatro años de preparación y el desistimiento y evaluaciones anteriores que se habían realizado sobre el cambio de metodología, y que por lo demás, tampoco se consideraron de manera alguna”.
Respecto al proceso de levantamiento del Censo, se concluye que “el principal problema en el proceso de levantamiento ocurrió por la falta de tiempo y preparación del proceso censal, consecuencia de lo intempestivo de la toma de
decisión de cambio de metodología (8 meses antes del comienzo del levantamiento)”.
Entre otros problemas, se consigna que se subestimaron los recursos para enfrentar proceso censal, frente a lo cual incluso la Dirección del INE decidió no requerir recursos adicionales.
“Además, recae en el Ex Director del INE, Sr. Francisco Labbé, la responsabilidad de no generar las modificaciones o precauciones en el proceso de levantamiento, en especial frente a proyecciones realizadas por el Departamento de Estudios Sociales en pleno proceso de levantamiento censal, que indicaban que proyección de personas efectivamente censadas llegaría sólo a 15,8 millones, cuestión a la que habría hecho caso omiso, argumentando que según cálculo por él realizado y que ningún técnico del INE conoció, se llegaba a alrededor de 17 millones”, dice el documento.
Publicación, difusión y filtración de resultados del Censo
El informe indica que fue decisión del ex Director Labbé incorporar en los totales de las cifras preliminares difundidas en agosto de 2012, las cifras de “moradores ausentes” y “viviendas no logradas”, sin precisar que esas imputaciones se hacían en la cifra total, a pesar de la recomendación y prevención de los equipos técnicos respecto a la necesidad de mencionar claramente en la publicación y difusión de los datos dicha desagregación.
“Posteriormente, en abril de 2013, nuevamente se decide publicar las cifras no haciendo mención alguna a las imputaciones que se efectuaban, distorsionando con ello la cobertura lograda del Censo, y no dando cuenta en parte alguna, que la población efectivamente censada llegaba a los 15,8 millones y toda la demás población -para llegar al total de 16,6 millones-, correspondía a imputaciones por moradores ausentes y viviendas no logradas”, se señala.
Afirma el texto que “es responsabilidad del ex Director Francisco Labbé el no resguardar el secreto de los resultados del Censo antes que los difundiera el Presidente de la República, así como no proteger datos sensibles mediante las facultades y capacidades que entregó a funcionarios irregulares -Maximiliano Raide- y otros contratados a honorarios (Carmen Paz Maldonado, Gabriele Lothoolz, Sebastián Matthews, etc.), sobre datos y productos sensibles de la Institución”.
En definitiva, el informe precisa que “podemos concluir que el Censo 2012 tiene problemas sustantivos respecto de cobertura y estructura demográfica, y por tanto es imprescindible tomar acciones a la brevedad para remediar la credibilidad de la población en el INE y sus productos, ya sea mediante un CENSO abreviado (Censo de hecho acotado en los términos expuestos por la comisión Nacional), u otro método que cumpla con ese objetivo y sea respaldado por los técnicos y conocedores de la materia”.
Respecto a la gestión del actual director, Juan Eduardo Coeymans, se sostiene que “a pesar del esfuerzo que ha puesto por remediar los errores ocasionados por la administración del señor Labbé y que valoramos, ha sido errático y poco claro sobre las vías de solución que proyecta para remediar los problemas identificados, y lamentamos, a pesar de que se señaló que sería parte de las actuaciones y decisiones que se tomarían, que sus superiores jerárquicos, es decir, el Ministerio de Economía, así como la Presidencia de la República, no hayan mostrado una directriz clara sobre el rumbo de las soluciones y que hasta la fecha no exista ningún pronunciamiento formal por parte de las autoridades políticas, sobre como remediar los errores cometidos en el proceso censal”.
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