Diputados: Gendarmes denunciaron problemas sanitarios por cortes de agua en Penal Santiago I
Diputados: Gendarmes denunciaron problemas sanitarios por cortes de agua en Penal Santiago I
Publicado el 28 de enero del 2014
Ante la Comisión de Derechos Humanos, la Asociación
Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) denunció la falta de
agua que enfrentan los 3 mil 900 internos de la cárcel concesionada y la
falta de soluciones de parte de la empresa responsable del recinto.
El suboficial Oscar Benavides, presidente de ANFUP, expuso ante la
comisión las razones que motivaron la presentación de un recurso de
protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, en favor de los
reclusos y funcionarios penitenciarios del Penal Santiago I, ubicado en
la comuna de Colina, por los cortes de agua reiterados que se realizan
desde el mes de noviembre de 2013, por obras que se estarían ejecutando
en la cárcel.
Benavides señaló que es sorprendente que "una de las cárceles más modernas del país como es Santiago I, esté funcionando como una cárcel pública normal" y denunció que a los internos se les corta el agua al menos durante 12 horas al día.
El funcionario agregó que hace un tiempo atrás tuvieron un amago de incendio, que los gendarmes debieron sofocar solo con extinguidores porque no había agua en las cañerías.
El suboficial Benavides, además, reiteró las críticas que la ANFUP tiene en contra del sistema "de cárceles privatizadas, donde cada interno cuesta como 625 mil pesos mensuales, según un estudio de la FLACSO; versus los 160 mil que cuesta un interno en una cárcel como la Penitenciaría de Santiago", ya que la responsabilidad de esta materia debiera ser del Estado y se debe revisar el alto costo financiero que es pagado por todos los contribuyentes.
Sobre esta denuncia, el diputado Tucapel Jiménez (PPD), quien asistió a la cárcel a constatar estos problemas, advirtió que "esta es una situación alarmante y que necesita una solución hoy día porque es una bomba de tiempo", además de calificar como "inhumano, en pleno verano con las altas temperaturas, que los internos, gendarmes y las visitas no tengan agua".
Agregó que con "la trágica experiencia que tenemos en San Miguel, acá parece que no aprendimos nada y estamos frente a una empresa privada que no quiere invertir, que no quiere poner más recursos en la mesa", señalando que este problema de abastecimiento podría solucionarse en lo inmediato con camiones aljibes.
"Es realmente trágico que el Chile de hoy, que estamos en la OCDE y que decimos que vamos por el desarrollo, ocurran este tipo de situaciones donde ponemos en riesgo la vida de los internos, porque ellos están privados de libertad, pero no están privados de su dignidad y tenemos que cuidar eso", enfatizó el diputado Jimenez.
A la comisión también se encontraba invitado el Ministro (s) de Justicia, Juan Ignacio Piña, quien explicó que efectivamente existen "cortes programados que se están realizando a partir de obras que se llevan a cabo en el penal y que tienen una determinada dimensión".
Agregó que los cortes no programados, en cambio, se realizan para velar por mantener un porcentaje de agua disponible en casos de emergencias. "Si el acopio de agua se reduce del 20% de la capacidad que tienen los estanques, se produce el corte de agua. No significa que no haya agua, y eso permite responder a las necesidades de emergencia, como un incendio, por ejemplo".
El Ministro (s) aclaró que no es una situación que tenga tranquila a la autoridad y que se están tomando medidas para solucionar esto, las cuales harán llegar a la comisión con todo su detalle.
Subsecretaría de Derechos Humanos
La comisión, además, abordó con la autoridad del Ministerio de Justicia, el proyecto de ley que crea en esta cartera la Subsecretaría de Derechos Humanos (boletín 8207), iniciativa que se encuentra en segundo trámite constitucional.
El proyecto tiene como objetivo "centralizar toda la acción del Estado en la protección y promoción de los derechos humanos y permitir la gestión adecuada de las políticas públicas del Estado, con pleno respeto a los derechos humanos", explicó el Ministro (S) Juan Ignacio Piña.
Destacó, además, que el proyecto contempla la creación de un Plan Nacional de Derechos Humanos y que se apunta a una convivencia muy fructífera con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Ximena Vidal (PPD) planteó que es "fundamental que el Estado no esté dividido en oficinas de Derechos Humanos que cruzan todos los ministerios", sino que se cuente con una sola institución, que sería en este caso la Subsecretaría propuesta.
Adelantó que para el estudio del proyecto se recibirá la opinión de las diversas organizaciones que están vinculadas con los DDHH, para que expongan sus observaciones.
Benavides señaló que es sorprendente que "una de las cárceles más modernas del país como es Santiago I, esté funcionando como una cárcel pública normal" y denunció que a los internos se les corta el agua al menos durante 12 horas al día.
El funcionario agregó que hace un tiempo atrás tuvieron un amago de incendio, que los gendarmes debieron sofocar solo con extinguidores porque no había agua en las cañerías.
El suboficial Benavides, además, reiteró las críticas que la ANFUP tiene en contra del sistema "de cárceles privatizadas, donde cada interno cuesta como 625 mil pesos mensuales, según un estudio de la FLACSO; versus los 160 mil que cuesta un interno en una cárcel como la Penitenciaría de Santiago", ya que la responsabilidad de esta materia debiera ser del Estado y se debe revisar el alto costo financiero que es pagado por todos los contribuyentes.
Sobre esta denuncia, el diputado Tucapel Jiménez (PPD), quien asistió a la cárcel a constatar estos problemas, advirtió que "esta es una situación alarmante y que necesita una solución hoy día porque es una bomba de tiempo", además de calificar como "inhumano, en pleno verano con las altas temperaturas, que los internos, gendarmes y las visitas no tengan agua".
Agregó que con "la trágica experiencia que tenemos en San Miguel, acá parece que no aprendimos nada y estamos frente a una empresa privada que no quiere invertir, que no quiere poner más recursos en la mesa", señalando que este problema de abastecimiento podría solucionarse en lo inmediato con camiones aljibes.
"Es realmente trágico que el Chile de hoy, que estamos en la OCDE y que decimos que vamos por el desarrollo, ocurran este tipo de situaciones donde ponemos en riesgo la vida de los internos, porque ellos están privados de libertad, pero no están privados de su dignidad y tenemos que cuidar eso", enfatizó el diputado Jimenez.
A la comisión también se encontraba invitado el Ministro (s) de Justicia, Juan Ignacio Piña, quien explicó que efectivamente existen "cortes programados que se están realizando a partir de obras que se llevan a cabo en el penal y que tienen una determinada dimensión".
Agregó que los cortes no programados, en cambio, se realizan para velar por mantener un porcentaje de agua disponible en casos de emergencias. "Si el acopio de agua se reduce del 20% de la capacidad que tienen los estanques, se produce el corte de agua. No significa que no haya agua, y eso permite responder a las necesidades de emergencia, como un incendio, por ejemplo".
El Ministro (s) aclaró que no es una situación que tenga tranquila a la autoridad y que se están tomando medidas para solucionar esto, las cuales harán llegar a la comisión con todo su detalle.
Subsecretaría de Derechos Humanos
La comisión, además, abordó con la autoridad del Ministerio de Justicia, el proyecto de ley que crea en esta cartera la Subsecretaría de Derechos Humanos (boletín 8207), iniciativa que se encuentra en segundo trámite constitucional.
El proyecto tiene como objetivo "centralizar toda la acción del Estado en la protección y promoción de los derechos humanos y permitir la gestión adecuada de las políticas públicas del Estado, con pleno respeto a los derechos humanos", explicó el Ministro (S) Juan Ignacio Piña.
Destacó, además, que el proyecto contempla la creación de un Plan Nacional de Derechos Humanos y que se apunta a una convivencia muy fructífera con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Ximena Vidal (PPD) planteó que es "fundamental que el Estado no esté dividido en oficinas de Derechos Humanos que cruzan todos los ministerios", sino que se cuente con una sola institución, que sería en este caso la Subsecretaría propuesta.
Adelantó que para el estudio del proyecto se recibirá la opinión de las diversas organizaciones que están vinculadas con los DDHH, para que expongan sus observaciones.
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