Cámara de Diputados debatió informe de Comisión Investigadora de la Educación Superior
Un amplio debate se generó en la Sala de la Cámara tras conocer el
informe de la Comisión Investigadora encargada de estudiar a fondo el
sistema de educación superior chilena. El texto fue dado a conocer a la
Sala en la sesión del martes 18 de marzo, por el presidente de dicha
instancia y actual titular de la Comisión de Educación, diputado Mario Venegas (DC). El informe se votará, por acuerdo de los Comités Parlamentarios, el 1 de abril (Texto completo del informe).
Por concluir el tiempo del Orden del Día, la Sala realizó el debate del informe al día siguiente, el miércoles 19 de marzo. En el debate, la diputada Yasna Provoste (DC) enfatizó en el debate que el Estado de Chile tiene la tarea de concretar un nuevo trato con las universidades públicas. “Un nuevo trato con las universidades públicas, y en especial con las regionales, es hoy urgente y necesario para los desafíos de este nuevo Chile”, dijo.
Afirmó que “los rectores de las universidades públicas saben muy bien de lo que estamos hablando, pues al definirse en dictadura el sistema de educación superior mediante una ideología neoliberal de mercado, obligando a tales entidades a competir y autofinanciarse en condiciones cada vez más desfavorables porque el Estado las abandona como una de sus prioridades fundamentales, ellas no han hecho sino mermar sus condiciones para influir en la construcción de una democracia más justa que iguale oportunidades”.
Por su parte el diputado Rodrigo González (PPD), llamó a aprobar el informe de la Comisión Investigadora, “con la finalidad de crear tanto el espacio como el ámbito que se requieren para una nueva propuesta legislativa, la cual establezca una nueva ley general del sistema de educación superior chileno y el imperio amplio y generalizado de la norma que prohíbe el lucro en la educación superior”.
Asimismo, el legislador llamó a regular el lucro en forma sistémica, no sólo en el caso de las universidades. “La educación superior requiere que esta norma, que fue dictada con exclusividad para las universidades, se haga extensiva al sistema de educación superior intermedio, que comprende los institutos profesionales y los centros de formación técnica”.
A su turno, el diputado Jaime Bellolio (UDI), criticó que “en el informe existe un dejo de homogenizar, de regular mediante leyes exactamente qué y dónde deben estudiar los jóvenes, cuánto deben durar las carreras y si pueden estudiar periodismo y pedagogía, porque algunos dicen que hay demasiados periodistas y otros, que hay demasiados profesores. Yo creo que no es así, que necesitamos mejores profesores y mejores periodistas, así como también mejores actores, mejores economistas, mejores personas que se dediquen a la música y al teatro”.
En ese sentido, dijo que “no quiero que la discusión sobre la educación superior se convierta exclusivamente en una cuestión semántica -algunos dicen que existe lucro-, sino que tengamos una discusión mucho más profunda. El lucro en la educación superior está prohibido, lo que significa que solo cabe cumplir la ley. Otra cosa muy distinta es pretender homogeneizar la educación superior, privando a las familias y a los jóvenes de la posibilidad de escoger dónde y qué desean estudiar”.
Desvinculación del Estado
El diputado Daniel Núñez (PC), recalcó que este informe constata la desvinculación del Estado de sus universidades. “En el informe se señala que, en materia de financiamiento, el Estado solo aporta el 17% del presupuesto de sus universidades. Quiero pedirles a los señores diputados que se imaginen qué puede hacer una universidad estatal, si el Estado solo aporta el 17 por ciento de su presupuesto”.
El legislador llamó la atención sobre la desregulación en el mercado de la educación superior privada y cómo esto se ha profundizado desde el retorno a la democracia. “Hoy, la tarea es hacer una profunda reforma educacional que, efectivamente, sea una contribución contundente para terminar con la herencia neoliberal que nos dejó Pinochet”, afirmó.
En el contexto de la entrega del informe, el diputado Giorgio Jackson (Ind), se refirió a las metas del gobierno de terminar con el lucro en la educación superior y entregar educación gratuita y de calidad.
“¿Hasta cuándo la institucionalidad chilena seguirá haciendo el ridículo frente a una verdad tan grande como que hay universidades que lucran? Es momento que se detengan los abusos y la mentira, porque ya fueron muchos miles los engañados”, sostuvo.
“¿Qué haremos cuando logremos comprobar los casos de lucro existentes? Esa es una pregunta importante tanto para el Ministro de Educación como para esta Corporación, porque debemos abocarnos a proteger el derecho a la educación que tienen aquellos estudiantes que, lamentablemente, pusieron su confianza y su esperanza en instituciones que los querían engañar”, añadió.
El diputado Gaspar Rivas (RN) indicó en su discurso que “entiendo que hay distintas visiones en este Congreso Nacional, lo que es muy legítimo. Algunos ven la educación como una mercancía, como un bien de consumo. En cambio, yo la veo como un derecho social inalienable, que no puede ser transada en el mercado”.
Recordó que en 2012, junto a Gabriel Boric, redactaron un proyecto para terminar con el lucro, el que no ha avanzado en su tramitación. “Espero que el informe en discusión sea aprobado y que no sea solo un volador de luces, como ha ocurrido siempre con los temas relativos al lucro”, concluyó.
El diputado Mario Venegas (DC), señaló en su discurso que “después de este informe es difícil que alguien pueda volver a afirmar que en Chile no se desvían recursos al lucro de los controladores de distintas instituciones privadas. Ello debe terminar, por lo que esperamos que en el paquete de proyectos que enviará la Presidenta Michelle Bachelet al Congreso Nacional, en el marco de la reforma educacional anunciada, se explicite que lucrar con recursos públicos destinados a la educación, cualquiera sea el nivel de que se trate, es un delito”.
Finalmente, la diputada Cristina Girardi (PPD), se refirió al caso de la Universidad Las Américas, la Universidad del Mar y otros planteles cuestionados. “Hay que financiar la oferta, no la demanda. Creemos que es importante que tengamos una institucionalidad de educación superior que sea pública, gratuita y completamente financiada por el Estado, para que no se siga planteando este tipo de prácticas hoy día en nuestro país”, subrayó.
La legisladora pidió al Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, presente en la Sala, a intervenir las universidades cuestionadas a través de la fiscalización. “Todos los diputados que formamos parte de ambas Comisiones Investigadoras hemos pedido que el Estado empiece a intervenir definitivamente estas universidades, porque están lucrando a vista y paciencia de todos. A pesar de estar siendo investigadas por el Ministerio Público, siguen cometiendo fraude al fisco y a las personas. Además, siguen haciendo lavado de dinero. Y nosotros no estamos actuando con la celeridad y responsabilidad con que tendríamos que hacerlo en este sentido”.
Por concluir el tiempo del Orden del Día, la Sala realizó el debate del informe al día siguiente, el miércoles 19 de marzo. En el debate, la diputada Yasna Provoste (DC) enfatizó en el debate que el Estado de Chile tiene la tarea de concretar un nuevo trato con las universidades públicas. “Un nuevo trato con las universidades públicas, y en especial con las regionales, es hoy urgente y necesario para los desafíos de este nuevo Chile”, dijo.
Afirmó que “los rectores de las universidades públicas saben muy bien de lo que estamos hablando, pues al definirse en dictadura el sistema de educación superior mediante una ideología neoliberal de mercado, obligando a tales entidades a competir y autofinanciarse en condiciones cada vez más desfavorables porque el Estado las abandona como una de sus prioridades fundamentales, ellas no han hecho sino mermar sus condiciones para influir en la construcción de una democracia más justa que iguale oportunidades”.
Por su parte el diputado Rodrigo González (PPD), llamó a aprobar el informe de la Comisión Investigadora, “con la finalidad de crear tanto el espacio como el ámbito que se requieren para una nueva propuesta legislativa, la cual establezca una nueva ley general del sistema de educación superior chileno y el imperio amplio y generalizado de la norma que prohíbe el lucro en la educación superior”.
Asimismo, el legislador llamó a regular el lucro en forma sistémica, no sólo en el caso de las universidades. “La educación superior requiere que esta norma, que fue dictada con exclusividad para las universidades, se haga extensiva al sistema de educación superior intermedio, que comprende los institutos profesionales y los centros de formación técnica”.
A su turno, el diputado Jaime Bellolio (UDI), criticó que “en el informe existe un dejo de homogenizar, de regular mediante leyes exactamente qué y dónde deben estudiar los jóvenes, cuánto deben durar las carreras y si pueden estudiar periodismo y pedagogía, porque algunos dicen que hay demasiados periodistas y otros, que hay demasiados profesores. Yo creo que no es así, que necesitamos mejores profesores y mejores periodistas, así como también mejores actores, mejores economistas, mejores personas que se dediquen a la música y al teatro”.
En ese sentido, dijo que “no quiero que la discusión sobre la educación superior se convierta exclusivamente en una cuestión semántica -algunos dicen que existe lucro-, sino que tengamos una discusión mucho más profunda. El lucro en la educación superior está prohibido, lo que significa que solo cabe cumplir la ley. Otra cosa muy distinta es pretender homogeneizar la educación superior, privando a las familias y a los jóvenes de la posibilidad de escoger dónde y qué desean estudiar”.
Desvinculación del Estado
El diputado Daniel Núñez (PC), recalcó que este informe constata la desvinculación del Estado de sus universidades. “En el informe se señala que, en materia de financiamiento, el Estado solo aporta el 17% del presupuesto de sus universidades. Quiero pedirles a los señores diputados que se imaginen qué puede hacer una universidad estatal, si el Estado solo aporta el 17 por ciento de su presupuesto”.
El legislador llamó la atención sobre la desregulación en el mercado de la educación superior privada y cómo esto se ha profundizado desde el retorno a la democracia. “Hoy, la tarea es hacer una profunda reforma educacional que, efectivamente, sea una contribución contundente para terminar con la herencia neoliberal que nos dejó Pinochet”, afirmó.
En el contexto de la entrega del informe, el diputado Giorgio Jackson (Ind), se refirió a las metas del gobierno de terminar con el lucro en la educación superior y entregar educación gratuita y de calidad.
“¿Hasta cuándo la institucionalidad chilena seguirá haciendo el ridículo frente a una verdad tan grande como que hay universidades que lucran? Es momento que se detengan los abusos y la mentira, porque ya fueron muchos miles los engañados”, sostuvo.
“¿Qué haremos cuando logremos comprobar los casos de lucro existentes? Esa es una pregunta importante tanto para el Ministro de Educación como para esta Corporación, porque debemos abocarnos a proteger el derecho a la educación que tienen aquellos estudiantes que, lamentablemente, pusieron su confianza y su esperanza en instituciones que los querían engañar”, añadió.
El diputado Gaspar Rivas (RN) indicó en su discurso que “entiendo que hay distintas visiones en este Congreso Nacional, lo que es muy legítimo. Algunos ven la educación como una mercancía, como un bien de consumo. En cambio, yo la veo como un derecho social inalienable, que no puede ser transada en el mercado”.
Recordó que en 2012, junto a Gabriel Boric, redactaron un proyecto para terminar con el lucro, el que no ha avanzado en su tramitación. “Espero que el informe en discusión sea aprobado y que no sea solo un volador de luces, como ha ocurrido siempre con los temas relativos al lucro”, concluyó.
El diputado Mario Venegas (DC), señaló en su discurso que “después de este informe es difícil que alguien pueda volver a afirmar que en Chile no se desvían recursos al lucro de los controladores de distintas instituciones privadas. Ello debe terminar, por lo que esperamos que en el paquete de proyectos que enviará la Presidenta Michelle Bachelet al Congreso Nacional, en el marco de la reforma educacional anunciada, se explicite que lucrar con recursos públicos destinados a la educación, cualquiera sea el nivel de que se trate, es un delito”.
Finalmente, la diputada Cristina Girardi (PPD), se refirió al caso de la Universidad Las Américas, la Universidad del Mar y otros planteles cuestionados. “Hay que financiar la oferta, no la demanda. Creemos que es importante que tengamos una institucionalidad de educación superior que sea pública, gratuita y completamente financiada por el Estado, para que no se siga planteando este tipo de prácticas hoy día en nuestro país”, subrayó.
La legisladora pidió al Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, presente en la Sala, a intervenir las universidades cuestionadas a través de la fiscalización. “Todos los diputados que formamos parte de ambas Comisiones Investigadoras hemos pedido que el Estado empiece a intervenir definitivamente estas universidades, porque están lucrando a vista y paciencia de todos. A pesar de estar siendo investigadas por el Ministerio Público, siguen cometiendo fraude al fisco y a las personas. Además, siguen haciendo lavado de dinero. Y nosotros no estamos actuando con la celeridad y responsabilidad con que tendríamos que hacerlo en este sentido”.
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