Diputados:Retail Financiero apoyó proyecto que permite la emisión de tarjetas de prepago por entidades no bancarias

Una visión bastante favorable y su apoyo general entregó, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el retail financiero respecto del proyecto del Ejecutivo (boletín 9197) que permite la emisión de medios de pago con provisión de fondo (tarjetas de prepago) por entidades no bancarias, proponiendo sólo algunos perfeccionamientos a la redacción actual.

Claudio Ortiz, gerente general del retail financiero, sostuvo que la iniciativa es de la mayor importancia para el desarrollo de los medios de pago electrónicos en Chile, considerando que, desde la perspectiva de la oferta, promoverá una mayor competencia en el mercado, en tanto que desde la visión de los consumidores propiciará más inclusión financiera.

Planteó que la propuesta apunta en la dirección correcta de acuerdo a lo que se observa a nivel internacional. Informó que el tamaño del mercado del prepago alcanzó en 2010 los 210 billones de dólares, esperándose alcanzar en 2017 lo 822 billones de dólares, con una tasa de crecimiento promedio anual del 22%.

Este crecimiento, acotó, contempla también una diversificación del mercado, ya que se proyecta que baje la participación de Estados Unidos, hoy vigente con el 73%, a un 51%. Señaló que dentro del 49% restante destacan la presencia de Canadá, México, Brasil, Italia, Reino Unido/Irlanda y Rusia.

Comunicó que el incremento en el mercado de las tarjetas de prepago en el mundo se explicaría por el crecimiento en cinco categorías de productos o usos típicos, los cuales representan el 77% de las transacciones potenciales al 2017. Estas son: pago de planillas de sueldos, pago de beneficios del Gobierno, servicios recargables generales, servicios de transporte vehicular y servicios de prestaciones médicas/salud.

Ortiz dijo que, en el caso de Chile, el sistema promoverá la democratización de los medios de pago al atender a segmentos de la población que, tradicionalmente, no tienen acceso al sistema financiero formal. Además, estimó que permitirá a los emisores no bancarios a otorgar este servicio y ayudar a la masificación de la llanada “billetera electrónica” en Chile.

Señaló que otras ventajas del sistema son una mayor seguridad en las transacciones, así como de las personas mismas (menor oportunidad de ser asaltadas o de perder su dinero); propicia la eficiencia operacional del Estado; menores costos de traslado y de pérdida de tiempo para la realización de trámites; favorece la seguridad y eficiencia del comercio formal; no requiere de la revisión de antecedentes de comportamiento financiero y/o crediticio; y permite un mayor control del presupuesto personal.

Resaltó que, pese a que la Ley General de Bancos permite sólo a este sector emitir tarjetas de prepago abiertas, dichas instituciones no las emiten. Evaluó que una posible justificación sea el hecho que la banca concentró sus esfuerzos en el desarrollo de las tarjetas de débito, la cual ha tenido una gran penetración en los últimos cinco años (el crecimiento acumulado supera el 250% entre 2006 y 2011).

En el ámbito de las propuestas, pidió precisar en el texto de forma más clara la definición de tarjetas de prepago, de modo de establecer los límites de los tipos de tarjetas que serían parte de la regulación y evitar incorporar actividades que hoy se realizan y que no generan provisión de fondos.

En esta línea, planteó focalizarse en la emisión de tarjetas de prepago abiertas o de multipropósito, es decir, aquellas que se pueden usar en múltiples comercios y aplicaciones, con dos modalidades:

a) Nominativa (sólo puede ser usada por el titular y con mayores medidas de seguridad), que permita montos de hasta $350 mil.
b) Innominada (es abierta al portador), con montos máximos de hasta $20 mil.

Asimismo, llamó a permitir que las empresas de apoyo al giro bancario (Transbank) puedan dar servicios a los emisores no bancarios, de manera directa o indirectamente, a través de la interconexión de redes; y clarificar que las empresas que emitan estas tarjetas y que deban ser fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), no se les aplicará el costo de fiscalización que importe, ello con el propósito de evitar incrementar sus costos operacionales.

Finalmente, estimó necesario especificar en el texto legal lo relativo a la exigencia de giro exclusivo, particularmente respecto de las empresas que actualmente son fiscalizadas por la SBIF, para que no se impida operar integradamente las tarjetas de prepago en un mismo emisor con tarjetas de crédito.

Dijo que el giro exclusivo debería ser amplio, permitiendo a una misma sociedad de giro operar toda la variedad de instrumentos sujetos a regulación, evitando con ello la duplicación de costos de administración y promoviendo tarifas competitivas para el consumidor.

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