Diputados: Gobierno anunció respaldo a proyecto de tarjetas de prepago y presentará indicaciones en abril
Su apoyo entregó el Gobierno al proyecto de la anterior administración
que permite la emisión de medios de pago con provisión de fondo por
entidades no bancarias (tarjetas de prepago), aunque anunció que se
introducirán perfeccionamientos antes de su despacho desde la Comisión de Hacienda.
En la sesión del pasado martes 18, Francisca Lyon, asesora de Mercado de Capitales, y, Francisco Tapia, asesor del Ministerio de Hacienda, informaron que el Gobierno entrante quiere impulsar la iniciativa, pero profundizando en la fiscalización del sistema y en la protección de los consumidores. “Vamos a presentar indicaciones para que sea un aporte real”, comentó Tapia.
Francisca Lyon especificó que es preciso aclarar, por ejemplo, el tema de los recursos que se asignarán para que la institución encargada de fiscalizar, esto es, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), pueda efectivamente realizar la tarea; abordar el tema del cobro de comisiones; y entregar mayores atribuciones al Servicio Nacional del Consumidor para ocuparse de la protección de los usuarios en este ámbito.
El presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Pablo Lorenzini (DC), coincidió con las observaciones del Ejecutivo y planteó que la propuesta (boletín 9197) debe ser clara en identificar que los emisores de este tipo de tarjetas estarán bajo la fiscalización de la SBIF.
“Queremos estar tranquilos respecto del encaje que se necesita; los respaldos propios que el día de mañana se requerirán, porque son dineros que puso la gente y debe haber garantía que estén cuando vayan a pagar”, enfatizó.
En todo caso, el legislador estimó que la iniciativa es interesante y que permitirá abrir una opción a las personas de menores recursos. Evaluó que existe un apoyo transversal a la propuesta entre los diputados de la Comisión y anticipó que la normativa será sometida a votación en la primera semana de abril, tras recibir las últimas audiencias: los nuevos titulares del Sernac y SBIF y los operadores de telefonía móvil.
El diputado Alejandro Santana (RN) valoró que el nuevo Gobierno le quiera dar continuidad a este proyecto y que exista voluntad de sacarlo pronto. “Así que la lectura es positiva, vamos a llegar a millones de personas que hoy no tienen la opción de usar los medios electrónicos”, recalcó.
Coincidió con la necesidad de afinar la normativa en materia de fiscalización, de modo que no sólo se garantice la operatividad de las empresas operadoras, sino que también se resguarde del hackeo o del lavado de dinero; y pidió que los costos de transacción sean muy marginales, atendiendo el público objetivo al cual se destinará este instrumento.
Consumidores, Cooperativas y Cajas
En la pasada sesión, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecu), las Cooperativas y las Cajas de Compensación dijeron apoyar la propuesta legal, aunque recalcaron que es preciso avanzar en algunos perfeccionamientos para darle viabilidad.
El presidente de Conadecu, Stefan Larenas, sostuvo que la propuesta presenta muchas bondades, como por ejemplo, ampliar la competencia en el ámbito de las tarjetas y permitir un mayor acceso al comercio electrónico por parte de sectores hoy marginados por la banca.
Sin embargo, cuestionó la real capacidad de la SBIF para hacerse cargo de la fiscalización del sistema, particularmente para comprobar que todos los operadores están cumpliendo con las exigencias.
Raúl Novoa, presidente del Foro Empresarial Cooperativo, estimó que esta es una buena herramienta para encaminar a la inclusión financiera a los sectores más postergados que hoy no acceden a fuentes de financiamiento, pero consideró que el proyecto está muy simplemente construido y que requiere de algunos perfeccionamientos.
Se manifestó en línea con lo expresado por el Ejecutivo y los parlamentarios, en orden a dejar claro cuáles son los actores que pueden acceder a este mecanismo; la necesidad de fortalecer la institucionalidad fiscalizadora; y especificar cómo operará el mecanismo de comisiones, ya que éstas pueden variar considerablemente entre un operador y otro.
Eusebio Pérez, vicepresidente ejecutivo de las Cajas de Compensación de Chile A.G., dijo que es muy importante para su gremio este proyecto y resaltó que fueron sorprendidos al saber que no estaban incluidos dentro de los posibles operadores.
Bajo esta premisa, propuso a la Comisión que se efectúe una modificación al artículo noveno de la Ley 18.833, donde se fijan las funciones que desempeñan las cajas. “En ese artículo habría que incluir esta nueva tarea de emisión de tarjetas de prepago por parte de las cajas, por supuesto que sometiéndose a las normas de fiscalización que fije la ley, si las tarjetas de prepago van a ser fiscalizadas por la SBIF, entonces las cajas que decidan emitir estos instrumentos, tendrán que en esa actividad someterse a la fiscalización de la SBIF”, especificó.
En la sesión del pasado martes 18, Francisca Lyon, asesora de Mercado de Capitales, y, Francisco Tapia, asesor del Ministerio de Hacienda, informaron que el Gobierno entrante quiere impulsar la iniciativa, pero profundizando en la fiscalización del sistema y en la protección de los consumidores. “Vamos a presentar indicaciones para que sea un aporte real”, comentó Tapia.
Francisca Lyon especificó que es preciso aclarar, por ejemplo, el tema de los recursos que se asignarán para que la institución encargada de fiscalizar, esto es, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), pueda efectivamente realizar la tarea; abordar el tema del cobro de comisiones; y entregar mayores atribuciones al Servicio Nacional del Consumidor para ocuparse de la protección de los usuarios en este ámbito.
El presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Pablo Lorenzini (DC), coincidió con las observaciones del Ejecutivo y planteó que la propuesta (boletín 9197) debe ser clara en identificar que los emisores de este tipo de tarjetas estarán bajo la fiscalización de la SBIF.
“Queremos estar tranquilos respecto del encaje que se necesita; los respaldos propios que el día de mañana se requerirán, porque son dineros que puso la gente y debe haber garantía que estén cuando vayan a pagar”, enfatizó.
En todo caso, el legislador estimó que la iniciativa es interesante y que permitirá abrir una opción a las personas de menores recursos. Evaluó que existe un apoyo transversal a la propuesta entre los diputados de la Comisión y anticipó que la normativa será sometida a votación en la primera semana de abril, tras recibir las últimas audiencias: los nuevos titulares del Sernac y SBIF y los operadores de telefonía móvil.
El diputado Alejandro Santana (RN) valoró que el nuevo Gobierno le quiera dar continuidad a este proyecto y que exista voluntad de sacarlo pronto. “Así que la lectura es positiva, vamos a llegar a millones de personas que hoy no tienen la opción de usar los medios electrónicos”, recalcó.
Coincidió con la necesidad de afinar la normativa en materia de fiscalización, de modo que no sólo se garantice la operatividad de las empresas operadoras, sino que también se resguarde del hackeo o del lavado de dinero; y pidió que los costos de transacción sean muy marginales, atendiendo el público objetivo al cual se destinará este instrumento.
Consumidores, Cooperativas y Cajas
En la pasada sesión, la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecu), las Cooperativas y las Cajas de Compensación dijeron apoyar la propuesta legal, aunque recalcaron que es preciso avanzar en algunos perfeccionamientos para darle viabilidad.
El presidente de Conadecu, Stefan Larenas, sostuvo que la propuesta presenta muchas bondades, como por ejemplo, ampliar la competencia en el ámbito de las tarjetas y permitir un mayor acceso al comercio electrónico por parte de sectores hoy marginados por la banca.
Sin embargo, cuestionó la real capacidad de la SBIF para hacerse cargo de la fiscalización del sistema, particularmente para comprobar que todos los operadores están cumpliendo con las exigencias.
Raúl Novoa, presidente del Foro Empresarial Cooperativo, estimó que esta es una buena herramienta para encaminar a la inclusión financiera a los sectores más postergados que hoy no acceden a fuentes de financiamiento, pero consideró que el proyecto está muy simplemente construido y que requiere de algunos perfeccionamientos.
Se manifestó en línea con lo expresado por el Ejecutivo y los parlamentarios, en orden a dejar claro cuáles son los actores que pueden acceder a este mecanismo; la necesidad de fortalecer la institucionalidad fiscalizadora; y especificar cómo operará el mecanismo de comisiones, ya que éstas pueden variar considerablemente entre un operador y otro.
Eusebio Pérez, vicepresidente ejecutivo de las Cajas de Compensación de Chile A.G., dijo que es muy importante para su gremio este proyecto y resaltó que fueron sorprendidos al saber que no estaban incluidos dentro de los posibles operadores.
Bajo esta premisa, propuso a la Comisión que se efectúe una modificación al artículo noveno de la Ley 18.833, donde se fijan las funciones que desempeñan las cajas. “En ese artículo habría que incluir esta nueva tarea de emisión de tarjetas de prepago por parte de las cajas, por supuesto que sometiéndose a las normas de fiscalización que fije la ley, si las tarjetas de prepago van a ser fiscalizadas por la SBIF, entonces las cajas que decidan emitir estos instrumentos, tendrán que en esa actividad someterse a la fiscalización de la SBIF”, especificó.
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