La propuesta en reforma educacional del gobierno de Michelle Bachelet
La sociedad chilena enfrenta variados y significativos desafíos para convertirse en una sociedad verdaderamente desarrollada, que supere sus profundas desigualdades. El desafío primordial es la Educación. Además de aquellos elementos asociados directamente a ganancias en productividad y equidad, un acceso igualitario a educación de calidad ayuda a configurar una sociedad con más oportunidades, más justa, que empodera a la ciudadanía en su quehacer cotidiano.
Chile ha conseguido importantes logros en materia educativa: cobertura, alta inversión
en infraestructura, equipamiento y programas focalizados. Sin embargo, a
pesar de los esfuerzos, la desigualdad educacional y la segregación continúan en niveles alarmantes y la Educación Pública se ha visto especialmente reducida y fragilizada.
La educación
chilena del siglo XXI debe estar al servicio de nobles ideales, de una
sociedad fuertemente cohesionada, que supere la segregación social, que promueva la formación integral, la inclusión, la solidaridad y la democracia como valores centrales para el desarrollo nacional y de cada uno de los chilenos y chilenas.
El Estado asegurará que, independientemente del origen, condición, historia o lugar donde se habite, toda niña y niño tendrá el derecho de integrarse a un proceso educativo donde será reconocido y accederá a
experiencias de aprendizaje que le permita desplegar talentos y lograr
las competencias requeridas por la sociedad actual, promoviendo un
desarrollo ciudadano a escala humana y basado en el bien común.
La gran deuda hoy es mejorar transversalmente la calidad de la educación, entendida integralmente y no sólo como el resultado de pruebas estandarizadas y también reposicionar a la Educación Pública en todos los niveles. Para entregar una mejor educación resulta imprescindible contar con un sistema más integrado y equitativo, que no deje como hoy, rezagados y excluidos. Ello significa también, que un diseño adecuado no puede implicar una carga financiera insostenible ni para los estudiantes ni para sus familias.
El Estado, a través de la educación pública, desarrollará un rol fundamental en cada nivel educacional. El Estado debe garantizar el ejercicio del derecho a una educación de calidad, fortaleciendo la educación pública, entregando garantías explícitas y exigibles a ciudadanos y ciudadanas
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