Relator especial sobre los derechos humanos en Myanmar presenta su informe final
17 de marzo, 2014 — El relator especial sobre los derechos humanos en Myanmar presentó hoy su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, concluyendo así su mandato de seis años.
Tomás Ojea Quintana destacó el progreso realizado por el país durante ese período y subrayó los retos pendientes.
Explicó que durante el tiempo transcurrido,las autoridades de Myanmar celebraron elecciones democráticas, liberaron a más de 1.100 prisioneros políticos y permitieron que algunos medios de comunicación independientes informaran en el terreno.
Ojea Quintana también aplaudió las negociaciones para un alto el fuego entre el gobierno burmés y los principales grupos armados.
Sin embargo, indicó que es importante “no olvidar que Myanmar solo está empezando la transición y que será necesario impulsar otras reformas fundamentales, incluida una reforma constitucional, para lograr un progreso”.
También destacó que persisten las restricciones discriminatorias a la libertad de movimiento y que afectan principalmente a 140.000 desplazados, la mayoría de la etnia rohingya.
Por último, instó al gobierno a liberar a todos aquellos prisioneros que fueron detenidos por protestar contra las medidas de confiscación de tierras.
Tomás Ojea Quintana destacó el progreso realizado por el país durante ese período y subrayó los retos pendientes.
Explicó que durante el tiempo transcurrido,las autoridades de Myanmar celebraron elecciones democráticas, liberaron a más de 1.100 prisioneros políticos y permitieron que algunos medios de comunicación independientes informaran en el terreno.
Ojea Quintana también aplaudió las negociaciones para un alto el fuego entre el gobierno burmés y los principales grupos armados.
Sin embargo, indicó que es importante “no olvidar que Myanmar solo está empezando la transición y que será necesario impulsar otras reformas fundamentales, incluida una reforma constitucional, para lograr un progreso”.
También destacó que persisten las restricciones discriminatorias a la libertad de movimiento y que afectan principalmente a 140.000 desplazados, la mayoría de la etnia rohingya.
Por último, instó al gobierno a liberar a todos aquellos prisioneros que fueron detenidos por protestar contra las medidas de confiscación de tierras.
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