Senado: A tercer trámite norma que busca subsanar conflicto laboral de recolectores de basura
A tercer trámite norma que busca subsanar conflicto laboral de recolectores de basura
La norma motivó un amplio debate respecto de la pertinencia o no que el Estado incida económicamente conflictos de particulares.
Publicado el: 19/03/2014
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» DEBATE
La
Cámara de Diputados será la encargada de conocer en su tercer trámite,
el proyecto que mejora las normas en materia de contratación pública
para proteger los derechos de los trabajadores de las empresas de aseo y
extracción de residuos sólidos.Ello, luego de una ardua jornada, donde los senadores analizaron las implicancias del artículo único y el artículo transitorio que contempla la iniciativa (Ver texto adjunto). Asimismo tras una reunión de Comités, la Sala decidió -por mayoría- aprobar el texto en general por 24 votos a favor y una abstención. Luego se optó por suprimir el artículo único, y por tanto, respaldar solo el apartado transitorio de la norma.
Cabe consignar que el artículo único se refiere a la ponderación que deberán hacer los municipios a la hora de adjudicar el servicio de aseo a una empresa determinada. La idea es resguardar que los trabajadores cuenten con remuneraciones y condiciones adecuadas para su desempeño.
En tanto, el artículo transitorio dice relación con facultar de manera excepcional a las municipalidades para transferir recursos a las firmas proveedoras de aseo, con el fin de que éstas cancelen las remuneraciones a sus operarios.
DEBATE
En este contexto, el debate de los legisladores se centró en buscar una fórmula viable que permita resolver un problema práctico sin generar discriminaciones ni pasar a llevar la autonomía de los gobiernos locales.
Hicieron uso de la palabra los senadores Ricardo Lagos Weber, Jorge Pizarro, Manuel José Ossandón, Jacqueline Van Rysselberghe, Hernán Larraín, Juan Antonio Coloma, Andrés Zaldívar, Eugenio Tuma, Andrés Allamand, Alejandro Navarro, Carlos Montes, Pedro Araya, Alberto Espina, Rabindranath Quinteros, Alejandro García Huidobro y José García Ruminot.
Asimismo, el Subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, intervino para explicar cómo se generó la norma. Relató que fue la Contraloría General de la República la que detectó un problema en las glosas asociadas al financiamiento del mencionado servicio.
LICITACIONES MUNICIPALES
El senador Lagos Weber informó la propuesta explicando el artículo único y el transitorio que contempla. Afirmó que se pretende que las licitaciones que realizan las municipalidades evalúen dentro de las bases, el tipo de contrato que suscribirán las empresas con sus trabajadores. Ello, a la luz del conflicto que se generó el año pasado con la huelga que realizaron los recolectores de basura en numerosas comunas, los que denunciaban sueldos deplorables.
Por su parte, el senador Pizarro manifestó que “se sienta un delicado precedente si se aprueba una norma que permita que sea el Estado el que resuelva un problema entre privados”. Recordó que esta situación volvió a repetirse con la paralización de los trabajadores portuarios. En esa línea, dijo que “es difícil entender que sean las propias municipalidades las que entreguen dineros para el pago de sueldos que le corresponde a un privado” junto con solicitar mayores antecedentes al citado subsecretario.
INCIDIR EN LOS CONTRATOS
Luego, el senador Ossandón planteó que –en la práctica- la norma permitiría elevar los sueldos de estos trabajadores, los que hoy perciben el mínimo. A su parecer, si se decide intervenir en este tema, eso permitiría hacerlo con otro tipo de licitaciones municipales, puesto que “es normal que un alcalde o concejo licite este servicio a una empresa barata puesto que no cuenta con fondos limitados”. Así declaró ser partidario de una norma que permita incidir en estos contratos.
Para la senadora Van Rysselberghe resulta “rarísimo” aprobar un proyecto en esta dirección porque “atenta contra la autonomía de los municipios”. Recordando su experiencia como alcaldesa, la parlamentaria aseguró que no corresponde definir por ley los criterios que deben tener las bases de licitación y el peso de las variables. Aseguró que la norma generará una discriminación porque “los guardias o los jardineros municipales también deberían solicitar una mejora de sueldos por esta vía”.
PROBLEMA COMPLEJO
Una
opinión similar manifestó el senador Larraín al aseverar que “la
complejidad es grande puesto lo que hoy parece una solución, puede
mañana ser un problema mayor”. En su opinión, si se quiere cambiar parte
de las reglas que hoy utilizan las alcaldías para estos fines, se
debería modificar la LOC de las municipalidades. Recordó que la
Contraloría evidenció un problema de fondos, por lo que recomendó hacer
una modificación a la ley de presupuesto, manifestando que es la fórmula
más adecuada.Para el senador Coloma el proyecto da cuenta de un problema, por lo que debería resolverse a través de una glosa presupuestaria. “Se han consensuado normas para proteger a los trabajadores, y ello es adecuado pero se incorpora también un inciso que puede producir complicaciones”. Así explicó que “si se decide establecer cómo los municipios deberán ponderar lo laboral, entramos en arenas complejas”, reconoció.
PROBLEMA HEREDADO
El senador Zaldívar planteó que el proyecto nace producto de un problema que se heredó del gobierno anterior. En su opinión, resulta urgente definir una solución a futuro que permita fijar reglas claras que garanticen que todos los trabajadores -que de alguna manera trabajan para el municipio- cuenten con sus derechos. Agregó que "se debería establecer una modificación a la ley de presupuesto, de manera de dejar un precedente”.
En
tanto, el senador Tuma calificó como inédita esta situación. "Lo que
sucedió es que un gobierno tomó dineros públicos para resolver un
problema del sector privado". El parlamentario planteó "que si esta
situación se generó en el ámbito privado ¿por qué el Estado debe
resolverlo?”, tras lo cual hizo un llamado a clarificar roles.
FUNESTO PRECEDENTE
Posteriormente, el senador Allamand manifestó sus aprensiones, admitiendo que la discusión “no deja claro si se soluciona o agrava el problema". El congresista reconoció que "el texto legal expresa un funesto precedente para el Senado y para el actual gobierno por cuanto el artículo transitorio es ininteligible”. Concluyó haciendo hincapié en la necesidad de redactar una norma con precisión y claridad.
El senador Navarro hizo ver las condiciones de trabajo de los recolectores y observó que "se trata de un empleo precario donde no se respetan pautas mínimas en favor de los trabajadores”. Agregó que algunos municipios mantienen deudas por años con las empresas que les prestan servicios, de allí que resulte esencial regular aquello. A su juicio, se evita transparentar este problema dados los intereses implicados.
INDUSTRIALIZACIÓN
A su turno, el senador Montes aclaró que a su juicio, con la iniciativa no se trata el problema de fondo: la crisis de la basura, la necesidad de industrializarla y el desfinanciamiento de los municipios. “Tendríamos que avanzar en este sentido porque al industrializarla se estaría generando ingreso y empleo”. A su vez, explicó que con el artículo transitorio se cumple el propósito de resolver el problema “y sanear esto”, por lo que recomendó avanzar para buscar una solución permanente.
El senador Araya, en tanto, recordó el contexto que dio vida al proyecto e indicó que “el artículo transitorio que algunos colegas creen que ataca a la autonomía de las municipalidades, no es así, muy por el contrario, se pretende solucionar un problema práctico que tienen”. Además concordó con la redacción “poco feliz” del texto legal, pero precisó que se contempla una sentida demanda de quienes son subcontratistas de los municipios y “en este caso se está produciendo una discriminación con respecto a otros servicios”.
INDICACIÓN PRESUPUESTARIA
Para el senador Espina el debate de fondo responde al principio de que el Estado entregue recursos para resolver conflictos entre privados, “lo que es entrar a un túnel en donde no sabemos dónde podemos terminar”. En su opinión, existe un problema de remuneraciones de los trabajadores y concordó con la propuesta del senador Zaldívar. “La fórmula que a mí más me convence es que debería ir en una indicación a la ley de presupuestos y así no se generan malos antecedentes”.
Por su parte, el senador Quinteros argumentó que “no tengo dudas que cuando se llegó a acuerdo, se hizo pensando en buscar una solución al endeudamiento que tienen los municipios, a los que se les suelen traspasar atribuciones sin financiamiento, muy poca gente paga los derechos de aseo y otros tributos, y al momento de pagar las concesiones, los municipios no tienen los recursos”. El legislador añadió que no es culpa de los gobiernos locales el que se haya redactado mal la glosa, por lo que “hay q buscar soluciones efectivas”.
OTROS EJEMPLOS
“Existen precedentes de solución de conflictos por esta vía, no en leyes, pero sí en hechos”, sentenció el senador García Huidobro, haciendo alusión al compromiso que asumió el Estado con empresas subcontratistas de Codelco, para que los trabajadores pusieran fin a la huelga, pero precisó que “el precedente no puede ser legal”. Asimismo, llamó a hablar del futuro y de la necesidad de recolectar y reutilizar la basura, “¿tenemos una política de Estado de cómo reciclar y la posibilidad de nuevo negocios?, se cuestionó.
Finalmente, el senador García Ruminot intervino tras la votación, explicando los alcances del acuerdo alcanzado. Así declaró que al aprobar el proyecto, el gobierno se comprometió a enviar en un futuro un mensaje donde se indiquen soluciones que permitan mejorar las condiciones laborales de todos los que contribuyen al desarrollo local.
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