Diputados: Eliminan feriado judicial para causas civiles en Comisión de Constitución
Eliminan feriado judicial para causas civiles en Comisión de Constitución
Publicado el 16 de abril del 2014
La normativa, concordada con la Corte Suprema, permite que las salas en lo civil puedan mantener su trabajo durante febrero. En la oportunidad también se discutió la reforma constitucional que establece el agua como bien nacional de uso público, respecto de la cual el Ministro Alberto Undurraga adelantó la presentación de indicaciones.
Con un alto nivel de apoyo y con el acuerdo de la Corte Suprema, la Comisión de Constitución que preside el diputado Ricardo Rincón (DC), aprobó ayer en la tarde un proyecto (boletín 9155) que suprime el feriado judicial, acto administrativo que afecta hoy la correlación de las causas seguidas en el ámbito civil.
El diputado Osvaldo Andrade (PS) calificó positivamente la propuesta legal y explicó que la idea es dar continuidad a la labor de los tribunales durante todo el año, la cual se veía interrumpida para los juicios civiles durante las vacaciones de febrero.
“Lo que busca el proyecto que despachamos de la Comisión es que durante febrero se trabaje, que la Corte Suprema tenga la opción de organizar el funcionamiento de las salas de las cortes para que se haga un adecuado y conveniente servicio judicial y asimilar la situación con los juicios laborales y criminales que no tienen feriado judicial”, precisó.
El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) también se manifestó a favor del proyecto y destacó el amplio apoyo dado por los legisladores a la materia, favorecido por el acuerdo alcanzado con el propio Poder Judicial. Resaltó que esta norma permitirá la continuidad de las causas civiles en el mes de febrero, para lo cual la Corte Suprema contará con las facultades necesarias para que, vía auto acordado, establezca la carga de trabajo que va a tener cada uno de los tribunales.
Reforma Constitucional
En la sesión de ayer la Comisión también retomó, después de más de cuatro años, la discusión de la reforma constitucional (boletín 6816) presentada durante el primer Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que busca determinar el agua como un bien nacional de uso público.
El Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, ya había indicado la semana pasada en la Comisión de Recursos Hídricos que la citada reforma, ingresada a trámite en enero de 2010 y desestimada por el Gobierno de Sebastián Piñera, iba a ser una prioridad de la actual administración, hecho que ratificó ayer ante los diputados de Constitución.
“Creemos que el agua es de todos los chilenos y eso debe estar expresado en la Constitución. Hoy no lo está y existe un derecho de propiedad sobre el agua que hace que el Estado no pueda intervenir con la escasez, que no pueda determinar caudales ecológicos ni sociales y, finalmente, tengamos muchos problemas en las cuencas del país”, sentenció el Ministro.
Dijo que se requiere cambios en la legislación y en el Código de Aguas, pero sostuvo que es fundamental determinar constitucionalmente que el agua es de todos los chilenos y chilenas y que los derechos de aprovechamiento son un asunto posterior, es decir, primero garantizar el recursos para las funciones básicas, como es el consumo para el ser humano, y después su derivación para el resto de las actividades productivas.
Informó que se han dado como Gobierno hasta el 15 de junio, fecha en que el Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos deberá entregar su informe a la Presidenta, para eventualmente hacer una modificación al texto de la propuesta legal, de modo de ponerlo al día después de estar cuatro años inactivo.
El diputado Coloma consideró que el proyecto es complejo, dado que busca cambiar la lógica con la cual se regula hoy el tema del agua. “Todavía no sabemos cuál será el proyecto definitivo. El Ministro habló de establecer caudales sociales y ecológicos, queremos ver en la práctica hasta dónde llega eso; si se va a pretender expropiar el agua a quienes son dueños de derecho de agua y qué se pretendería hacer con esos derechos en caso de que el Estado sea el dueño”, planteó.
Coincidió en que es necesario avanzar en materia regulatoria y reconoció que se han cometido abusos en el país y que existe la ausencia de una política que permita entender bien las cuencas hídricas y cómo están funcionando éstas en la actualidad.
Sin embargo, sostuvo que una cosa distinta es definir que todas las aguas deben ser de dominio del Estado. En esta línea, dijo no ser partidario de la reforma y criticó la posibilidad de terminar con los derechos contraídos por las personas, por los propietarios de los derechos de agua, sin establecer una forma de cambio. “Hay demasiadas interrogantes abiertas que esperamos dilucidar por el Ministro”, acotó.
El diputado Osvaldo Andrade (PS) destacó que la propuesta permitiría al Estado intervenir mas competentemente en lo que llamó “un cierto abuso” en la privatización de los derechos de agua. Sostuvo que las presiones que hay hoy en el tema del agua son particularmente relevantes, porque ya no es sólo un problema que se restringe al ámbito de la agricultura, sino que también varios otros sectores.
“Ya no es sólo un problema conceptual acerca del dominio público de las aguas, sino también un problema contingente respecto de una situación de escasez hídrica”, recalcó.
Coincidió con el Ministro en que, pasados cuatro años desde su presentación, es necesario efectuar una actualización de la iniciativa. “Han pasado cosas no solo desde el punto de vista del aumento de la sequía sino que también hay una nueva situación política en la sociedad chilena, hay una demanda ciudadana por establecer con mayor prioridad los que son bienes públicos y del dominio de todos los chilenos y por esa vía la limitación que hay que hacer para que los privados puedan hacer uso de ellos”, puntualizó.
Publicado el 16 de abril del 2014
La normativa, concordada con la Corte Suprema, permite que las salas en lo civil puedan mantener su trabajo durante febrero. En la oportunidad también se discutió la reforma constitucional que establece el agua como bien nacional de uso público, respecto de la cual el Ministro Alberto Undurraga adelantó la presentación de indicaciones.
Con un alto nivel de apoyo y con el acuerdo de la Corte Suprema, la Comisión de Constitución que preside el diputado Ricardo Rincón (DC), aprobó ayer en la tarde un proyecto (boletín 9155) que suprime el feriado judicial, acto administrativo que afecta hoy la correlación de las causas seguidas en el ámbito civil.
El diputado Osvaldo Andrade (PS) calificó positivamente la propuesta legal y explicó que la idea es dar continuidad a la labor de los tribunales durante todo el año, la cual se veía interrumpida para los juicios civiles durante las vacaciones de febrero.
“Lo que busca el proyecto que despachamos de la Comisión es que durante febrero se trabaje, que la Corte Suprema tenga la opción de organizar el funcionamiento de las salas de las cortes para que se haga un adecuado y conveniente servicio judicial y asimilar la situación con los juicios laborales y criminales que no tienen feriado judicial”, precisó.
El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) también se manifestó a favor del proyecto y destacó el amplio apoyo dado por los legisladores a la materia, favorecido por el acuerdo alcanzado con el propio Poder Judicial. Resaltó que esta norma permitirá la continuidad de las causas civiles en el mes de febrero, para lo cual la Corte Suprema contará con las facultades necesarias para que, vía auto acordado, establezca la carga de trabajo que va a tener cada uno de los tribunales.
Reforma Constitucional
En la sesión de ayer la Comisión también retomó, después de más de cuatro años, la discusión de la reforma constitucional (boletín 6816) presentada durante el primer Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que busca determinar el agua como un bien nacional de uso público.
El Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, ya había indicado la semana pasada en la Comisión de Recursos Hídricos que la citada reforma, ingresada a trámite en enero de 2010 y desestimada por el Gobierno de Sebastián Piñera, iba a ser una prioridad de la actual administración, hecho que ratificó ayer ante los diputados de Constitución.
“Creemos que el agua es de todos los chilenos y eso debe estar expresado en la Constitución. Hoy no lo está y existe un derecho de propiedad sobre el agua que hace que el Estado no pueda intervenir con la escasez, que no pueda determinar caudales ecológicos ni sociales y, finalmente, tengamos muchos problemas en las cuencas del país”, sentenció el Ministro.
Dijo que se requiere cambios en la legislación y en el Código de Aguas, pero sostuvo que es fundamental determinar constitucionalmente que el agua es de todos los chilenos y chilenas y que los derechos de aprovechamiento son un asunto posterior, es decir, primero garantizar el recursos para las funciones básicas, como es el consumo para el ser humano, y después su derivación para el resto de las actividades productivas.
Informó que se han dado como Gobierno hasta el 15 de junio, fecha en que el Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos deberá entregar su informe a la Presidenta, para eventualmente hacer una modificación al texto de la propuesta legal, de modo de ponerlo al día después de estar cuatro años inactivo.
El diputado Coloma consideró que el proyecto es complejo, dado que busca cambiar la lógica con la cual se regula hoy el tema del agua. “Todavía no sabemos cuál será el proyecto definitivo. El Ministro habló de establecer caudales sociales y ecológicos, queremos ver en la práctica hasta dónde llega eso; si se va a pretender expropiar el agua a quienes son dueños de derecho de agua y qué se pretendería hacer con esos derechos en caso de que el Estado sea el dueño”, planteó.
Coincidió en que es necesario avanzar en materia regulatoria y reconoció que se han cometido abusos en el país y que existe la ausencia de una política que permita entender bien las cuencas hídricas y cómo están funcionando éstas en la actualidad.
Sin embargo, sostuvo que una cosa distinta es definir que todas las aguas deben ser de dominio del Estado. En esta línea, dijo no ser partidario de la reforma y criticó la posibilidad de terminar con los derechos contraídos por las personas, por los propietarios de los derechos de agua, sin establecer una forma de cambio. “Hay demasiadas interrogantes abiertas que esperamos dilucidar por el Ministro”, acotó.
El diputado Osvaldo Andrade (PS) destacó que la propuesta permitiría al Estado intervenir mas competentemente en lo que llamó “un cierto abuso” en la privatización de los derechos de agua. Sostuvo que las presiones que hay hoy en el tema del agua son particularmente relevantes, porque ya no es sólo un problema que se restringe al ámbito de la agricultura, sino que también varios otros sectores.
“Ya no es sólo un problema conceptual acerca del dominio público de las aguas, sino también un problema contingente respecto de una situación de escasez hídrica”, recalcó.
Coincidió con el Ministro en que, pasados cuatro años desde su presentación, es necesario efectuar una actualización de la iniciativa. “Han pasado cosas no solo desde el punto de vista del aumento de la sequía sino que también hay una nueva situación política en la sociedad chilena, hay una demanda ciudadana por establecer con mayor prioridad los que son bienes públicos y del dominio de todos los chilenos y por esa vía la limitación que hay que hacer para que los privados puedan hacer uso de ellos”, puntualizó.
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