Diputados: Gobierno explicó situación de la Universidad Andrés Bello y su vinculación con operaciones financieras del grupo Laureate
Gobierno explicó situación de la Universidad Andrés Bello y su vinculación con operaciones financieras del grupo Laureate
Publicado el 21 de octubre del 2016
En una sesión especial realizada el pasado 5 de octubre, la Ministra de Educación, en conjunto con el Contralor General de la República y el director del Servicio de Impuestos Internos, anunció que se ampliaría la investigación contra el grupo controlador y se indagarían eventuales irregularidades en los diversos planteles educacionales.
Para explicar la actual situación en la que se encuentra la Universidad Andrés Bello y su vinculación con las operaciones financieras del grupo Laureate, fueron citados a una sesión especial de la Cámara de Diputados, el pasado 5 de octubre, la Ministra de Educación, Adriana Delpiano, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, y el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza.
En la ocasión, la Secretaria de Estado partió por explicar los mecanismos que la cartera ha llevado a cabo en la regulación del lucro en las universidades chilenas y a la vez informó que, en total, son siete los planteles educaciones que son investigados por eventuales irregularidades, tres que pertenecen al grupo Laureate, U. Andrés Bello, U. de las Américas y U. Viña del Mar y cuatro que corresponderían a las Universidades: Central, Iberoamericana, Mayor y Gabriela Mistral.
En esa línea, Delpiano aclaró que el Ministerio cuenta con atribuciones legales para fiscalizar a las instituciones, y el cumplimiento de la norma que les rige, pero no así para grupos inversores.
En relación a la Universidad Andrés Bello, recordó que la investigación comenzó el 14 de junio del 2016, a raíz de una serie de deficiencias académicas que fueron denunciadas, pero que se inició de lleno por la denuncia realizada por parte del diputado Mario Venegas (DC), en la cual se aludía principalmente a la relación comercial activa que mantendría la casa de estudios con su grupo controlador en nuestro país.
Resaltó que, dentro de las denuncias que se hicieron al Mineduc, se encuentran los alegatos contra las deficiencias académicas planteadas por los alumnos de las carreras de Química y Farmacia, a las que se suman una serie de otras situaciones planteadas por el Consejo de Presidentes de la casa de estudios que, según explicó Delpiano, imponen la necesidad de dilucidar acciones referentes al lucro.
Tras esta situación, la Ministra señaló que se decidió ampliar la indagatoria a la Universidad Viña del Mar, la que se formalizó el 22 de septiembre pasado. “El Mineduc entiende que resulta pertinente, razonable y necesario ampliar sus investigaciones al conjunto de instituciones universitarias dependientes del conglomerado, a fin de determinar la configuración de posibles infracciones legales”, puntualizó.
Al mismo tiempo, afirmó que, previo a dichas indagaciones, en octubre de 2014 la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) informó también deficiencias que afectaban a la Universidad de las Américas.
Ampliar el control
Por su parte, el Contralor, Jorge Bermúdez, señaló que es necesario contar con mayores facultades, por parte del organismo, para indagar con detalle los diversos casos que se presentan. "Nosotros pensamos que es necesario ampliar el control, porque son recurso públicos, ese es el foco de la Contraloría", acotó.
En ese aspecto, Bermúdez detalló que la discusión del proyecto de ley de educación superior es una buena oportunidad para incorporar estas propuestas. “Nos hemos comprometido con el Ministerio de Educación a colaborarle, a formularle nuestras ideas y a plantearle por dónde creemos que deberían ir esta especificidad y este mejor planteamiento de los controles que deben hacerse de los recursos públicos destinados a la educación, tal como lo señala el mensaje del proyecto”, comentó.
En tanto, el director del SII, Fernando Barraza, aclaró que, en el ámbito asociado a las funciones de fiscalización, se han realizado más de 40 acciones al grupo Laureate, donde “se ha podido verificar que se ha cumplido con las normas tributarias vigentes”.
“Nos puede no gustar el lucro, lo que es comprensible y legítimo, pero desde el punto de vista tributario, que, insisto, es el ámbito de actuación del servicio que dirijo, las acciones de fiscalización han dado como resultado lo que señalé”, concluyó.
Antes del término de la sesión, la Cámara acordó solicitarle al gobierno la penalización del lucro como delito, además de pedirle al Mineduc transparentar los antecedentes de las investigaciones relacionadas con este; y solicitar el detalle de las revisiones que ha realizado el Servicio de Impuestos Internos y crear herramientas de fiscalización permanente.
Publicado el 21 de octubre del 2016
En una sesión especial realizada el pasado 5 de octubre, la Ministra de Educación, en conjunto con el Contralor General de la República y el director del Servicio de Impuestos Internos, anunció que se ampliaría la investigación contra el grupo controlador y se indagarían eventuales irregularidades en los diversos planteles educacionales.
Para explicar la actual situación en la que se encuentra la Universidad Andrés Bello y su vinculación con las operaciones financieras del grupo Laureate, fueron citados a una sesión especial de la Cámara de Diputados, el pasado 5 de octubre, la Ministra de Educación, Adriana Delpiano, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, y el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza.
En la ocasión, la Secretaria de Estado partió por explicar los mecanismos que la cartera ha llevado a cabo en la regulación del lucro en las universidades chilenas y a la vez informó que, en total, son siete los planteles educaciones que son investigados por eventuales irregularidades, tres que pertenecen al grupo Laureate, U. Andrés Bello, U. de las Américas y U. Viña del Mar y cuatro que corresponderían a las Universidades: Central, Iberoamericana, Mayor y Gabriela Mistral.
En esa línea, Delpiano aclaró que el Ministerio cuenta con atribuciones legales para fiscalizar a las instituciones, y el cumplimiento de la norma que les rige, pero no así para grupos inversores.
En relación a la Universidad Andrés Bello, recordó que la investigación comenzó el 14 de junio del 2016, a raíz de una serie de deficiencias académicas que fueron denunciadas, pero que se inició de lleno por la denuncia realizada por parte del diputado Mario Venegas (DC), en la cual se aludía principalmente a la relación comercial activa que mantendría la casa de estudios con su grupo controlador en nuestro país.
Resaltó que, dentro de las denuncias que se hicieron al Mineduc, se encuentran los alegatos contra las deficiencias académicas planteadas por los alumnos de las carreras de Química y Farmacia, a las que se suman una serie de otras situaciones planteadas por el Consejo de Presidentes de la casa de estudios que, según explicó Delpiano, imponen la necesidad de dilucidar acciones referentes al lucro.
Tras esta situación, la Ministra señaló que se decidió ampliar la indagatoria a la Universidad Viña del Mar, la que se formalizó el 22 de septiembre pasado. “El Mineduc entiende que resulta pertinente, razonable y necesario ampliar sus investigaciones al conjunto de instituciones universitarias dependientes del conglomerado, a fin de determinar la configuración de posibles infracciones legales”, puntualizó.
Al mismo tiempo, afirmó que, previo a dichas indagaciones, en octubre de 2014 la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) informó también deficiencias que afectaban a la Universidad de las Américas.
Ampliar el control
Por su parte, el Contralor, Jorge Bermúdez, señaló que es necesario contar con mayores facultades, por parte del organismo, para indagar con detalle los diversos casos que se presentan. "Nosotros pensamos que es necesario ampliar el control, porque son recurso públicos, ese es el foco de la Contraloría", acotó.
En ese aspecto, Bermúdez detalló que la discusión del proyecto de ley de educación superior es una buena oportunidad para incorporar estas propuestas. “Nos hemos comprometido con el Ministerio de Educación a colaborarle, a formularle nuestras ideas y a plantearle por dónde creemos que deberían ir esta especificidad y este mejor planteamiento de los controles que deben hacerse de los recursos públicos destinados a la educación, tal como lo señala el mensaje del proyecto”, comentó.
En tanto, el director del SII, Fernando Barraza, aclaró que, en el ámbito asociado a las funciones de fiscalización, se han realizado más de 40 acciones al grupo Laureate, donde “se ha podido verificar que se ha cumplido con las normas tributarias vigentes”.
“Nos puede no gustar el lucro, lo que es comprensible y legítimo, pero desde el punto de vista tributario, que, insisto, es el ámbito de actuación del servicio que dirijo, las acciones de fiscalización han dado como resultado lo que señalé”, concluyó.
Antes del término de la sesión, la Cámara acordó solicitarle al gobierno la penalización del lucro como delito, además de pedirle al Mineduc transparentar los antecedentes de las investigaciones relacionadas con este; y solicitar el detalle de las revisiones que ha realizado el Servicio de Impuestos Internos y crear herramientas de fiscalización permanente.
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