Diputados aprobaron nueva institucionalidad del Sistema Estadístico Nacional
Diputados aprobaron nueva institucionalidad del Sistema Estadístico Nacional
Publicado el 09 de mayo del 2017
La propuesta define el objetivo del sistema y sus principios orientadores, al tiempo que regula la orgánica y funcionamiento de los organismos que funcionarán en este ámbito.
Definir una nueva institucionalidad del Sistema Estadístico Nacional es el objetivo del proyecto (boletín 10372) que fuera aprobado hoy por la Sala de la Cámara de Diputados y despachado al Senado a su segundo trámite legislativo.
La iniciativa, presentada a la Sala a través de los informes de las Comisiones de Economía y de Hacienda, que fueron rendidos por los diputados Jaime Bellolio (UDI) y Daniel Farcas (PPD), define que esta ley tendrá por objeto regular el Sistema Estadístico Nacional, las instituciones que lo componen y fijar las normas básicas para su adecuada coordinación y la obtención de información que permita el desarrollo estadístico de manera veraz y oportuna.
Luego, determina el ámbito de aplicación de la ley y avanza en un cuerpo de definiciones fundamentales y los principios que regirán al Sistema Estadístico Nacional, a los órganos que lo integran y a la producción estadística que se realice.
Entre dichos principios se encuentran: autonomía técnica; imparcialidad; objetividad; confidencialidad en el tratamiento de los datos utilizados para fines estadísticos; coordinación entre los organismos intervinientes; y pertinencia al momento de definir qué estadística se llevará a cabo, la oportunidad, el costo de un levantamiento, la carga que se impondrá a los encuestados y la existencia de registros administrativos que aporten dicha información.
Además, se plantea en este marco avanzar en calidad técnica; proporcionalidad (velar por la debida correspondencia entre los resultados que se pretenden obtener y su relación con la naturaleza y volumen de la información solicitada); observar el costo-efectividad de los estudios; y respetar el principio de divulgación de los datos, en forma clara y comprensible.
Institucionalidad Estadística
El proyecto establece que los organismos que compondrán el Sistema son el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Consejo Estadístico Nacional, la Comisión Interministerial de Estadísticas y los demás órganos de la Administración del Estado que realicen actividades estadísticas. La coordinación entre los actores estará a cargo de la Comisión Interministerial.
La iniciativa refunda al INE como un organismo técnico, independiente y descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de las estadísticas y censos oficiales de la República, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública.
Le corresponderá al Instituto ser el órgano rector del sistema, para lo cual deberá dictar las instrucciones de carácter general asociadas al proceso de producción estadística y que deberán adoptar los órganos de la Administración del Estado pertenecientes al Sistema, previamente aprobadas por el Consejo Estadístico Nacional.
Además, deberá efectuar el proceso de recopilación, elaboración, análisis y publicación de las estadísticas económicas (comercio y servicios, minería, industria y turismo, entre otras); de índices de precios, de producción, de costos (como el Índice de Precios al Consumidor); del área social (empleo y desempleo; demográficas y vitales; y de presupuestos familiares, entre otras); y todas aquellas estadísticas que el Instituto considere necesarias de efectuar.
La iniciativa, asimismo, identifica las funciones que serán de exclusivo ejercicio institucional y aquellas que mantendrá el Banco Central de Chile, al tiempo que establece las características, funciones y organización de la Dirección Nacional del INE, de las Direcciones Regionales y del Consejo Estadístico Nacional.
Respecto de este último ente se señala que operará dentro de la estructura del Instituto y que tendrá como tarea procurar la consistencia técnica de las estadísticas elaboradas por los órganos de la Administración del Estado, así como también velar por la debida y adecuada utilización de las definiciones técnicas y lineamientos generales aplicables a las estadísticas del sistema.
El proyecto también define que el Instituto estará sometido a la fiscalización de la Contraloría General de la República; determina las bases, características y funciones de la Comisión Interministerial de Estadísticas; y aborda la situación del personal y del patrimonio del INE.
Por último, entre otras variadas materias, la iniciativa precisa sobre la actividad estadística; define los criterios de responsabilidad administrativa, las sanciones a particulares y el procedimiento sancionatorio; y determina los plazos para la designación de las diferentes autoridades y, en general, la puesta en marcha de la nueva institucionalidad.
Según los datos del Ejecutivo, la implementación de la nueva institucionalidad representará un costo total de $3.397 millones, que se descomponen en un gasto por una única vez de $92 millones y de $3.305 millones en régimen, que incluye el mejoramiento de las remuneraciones, la normalización de personal, la entrega de una asignación especial y la incorporación de nueva dotación, entre otros ítems.
Publicado el 09 de mayo del 2017
La propuesta define el objetivo del sistema y sus principios orientadores, al tiempo que regula la orgánica y funcionamiento de los organismos que funcionarán en este ámbito.
Definir una nueva institucionalidad del Sistema Estadístico Nacional es el objetivo del proyecto (boletín 10372) que fuera aprobado hoy por la Sala de la Cámara de Diputados y despachado al Senado a su segundo trámite legislativo.
La iniciativa, presentada a la Sala a través de los informes de las Comisiones de Economía y de Hacienda, que fueron rendidos por los diputados Jaime Bellolio (UDI) y Daniel Farcas (PPD), define que esta ley tendrá por objeto regular el Sistema Estadístico Nacional, las instituciones que lo componen y fijar las normas básicas para su adecuada coordinación y la obtención de información que permita el desarrollo estadístico de manera veraz y oportuna.
Luego, determina el ámbito de aplicación de la ley y avanza en un cuerpo de definiciones fundamentales y los principios que regirán al Sistema Estadístico Nacional, a los órganos que lo integran y a la producción estadística que se realice.
Entre dichos principios se encuentran: autonomía técnica; imparcialidad; objetividad; confidencialidad en el tratamiento de los datos utilizados para fines estadísticos; coordinación entre los organismos intervinientes; y pertinencia al momento de definir qué estadística se llevará a cabo, la oportunidad, el costo de un levantamiento, la carga que se impondrá a los encuestados y la existencia de registros administrativos que aporten dicha información.
Además, se plantea en este marco avanzar en calidad técnica; proporcionalidad (velar por la debida correspondencia entre los resultados que se pretenden obtener y su relación con la naturaleza y volumen de la información solicitada); observar el costo-efectividad de los estudios; y respetar el principio de divulgación de los datos, en forma clara y comprensible.
Institucionalidad Estadística
El proyecto establece que los organismos que compondrán el Sistema son el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Consejo Estadístico Nacional, la Comisión Interministerial de Estadísticas y los demás órganos de la Administración del Estado que realicen actividades estadísticas. La coordinación entre los actores estará a cargo de la Comisión Interministerial.
La iniciativa refunda al INE como un organismo técnico, independiente y descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de las estadísticas y censos oficiales de la República, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública.
Le corresponderá al Instituto ser el órgano rector del sistema, para lo cual deberá dictar las instrucciones de carácter general asociadas al proceso de producción estadística y que deberán adoptar los órganos de la Administración del Estado pertenecientes al Sistema, previamente aprobadas por el Consejo Estadístico Nacional.
Además, deberá efectuar el proceso de recopilación, elaboración, análisis y publicación de las estadísticas económicas (comercio y servicios, minería, industria y turismo, entre otras); de índices de precios, de producción, de costos (como el Índice de Precios al Consumidor); del área social (empleo y desempleo; demográficas y vitales; y de presupuestos familiares, entre otras); y todas aquellas estadísticas que el Instituto considere necesarias de efectuar.
La iniciativa, asimismo, identifica las funciones que serán de exclusivo ejercicio institucional y aquellas que mantendrá el Banco Central de Chile, al tiempo que establece las características, funciones y organización de la Dirección Nacional del INE, de las Direcciones Regionales y del Consejo Estadístico Nacional.
Respecto de este último ente se señala que operará dentro de la estructura del Instituto y que tendrá como tarea procurar la consistencia técnica de las estadísticas elaboradas por los órganos de la Administración del Estado, así como también velar por la debida y adecuada utilización de las definiciones técnicas y lineamientos generales aplicables a las estadísticas del sistema.
El proyecto también define que el Instituto estará sometido a la fiscalización de la Contraloría General de la República; determina las bases, características y funciones de la Comisión Interministerial de Estadísticas; y aborda la situación del personal y del patrimonio del INE.
Por último, entre otras variadas materias, la iniciativa precisa sobre la actividad estadística; define los criterios de responsabilidad administrativa, las sanciones a particulares y el procedimiento sancionatorio; y determina los plazos para la designación de las diferentes autoridades y, en general, la puesta en marcha de la nueva institucionalidad.
Según los datos del Ejecutivo, la implementación de la nueva institucionalidad representará un costo total de $3.397 millones, que se descomponen en un gasto por una única vez de $92 millones y de $3.305 millones en régimen, que incluye el mejoramiento de las remuneraciones, la normalización de personal, la entrega de una asignación especial y la incorporación de nueva dotación, entre otros ítems.
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