Diputados: Aprueban informe que confirma práctica de pensiones "excesivas" por parte del personal de Gendarmería



Publicado el 15 de junio del 2017

El análisis da cuenta también que la existencia de un límite legal a la imponibilidad de 60 UF de las remuneraciones (y a través de ella a las pensiones de retiro) que recibe el personal de Gendarmería adscrito a la Escala Única de Sueldos y a Dipreca tiene fundamento legal y respaldo en la doctrina seguida por la Contraloría.

    "La existencia de una práctica abusiva hecha con la intención de defraudar el espíritu de la ley que regula el sistema previsional de parte del personal de Gendarmería de Chile, obteniendo pensiones excesivas que no se ajustaron a derecho" es una de las principales conclusiones del informe de dos Comisiones Investigadoras unidas que analizaron este tema y que fuera aprobado hoy por la Sala de la Cámara de Diputados por la unanimidad de los legisladores presentes.

    El informe de las Comisiones encargadas de analizar las eventuales irregularidades en el otorgamiento de pensiones en Capredena y Dipreca y relativo a pensiones pagadas a funcionarios de Gendarmería concluyó también que, sobre la base de la información aportada a la investigación, "la existencia de un límite legal a la imponibilidad de 60 UF de las remuneraciones (y a través de ella a las pensiones de retiro) que recibe el personal de Gendarmería adscrito a la Escala Única de Sueldos y a Dipreca tiene fundamento legal, que se contiene en la doctrina vigente formulada por la Contraloría General de la República".

    Asimismo, se determinó que la actuación de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca), en los últimos diez años, en que dio curso a más de 667 pensiones de retiro de funcionarios de Gendarmería que superan el límite legal, "vulnera la ley vigente en esta materia".
    "Asimismo, los actos de toma de razón de esas mismas pensiones de retiro, por parte de la Contraloría General de la República, vulneran la ley vigente, lo que actualmente es objeto de un sumario administrativo interno en esta institución", se remarca en el texto.

    Los legisladores resaltaron que las " distorsiones fueron permitidas y avaladas por la Dirección General de Gendarmería y de Dipreca, no obstante que la Contraloría ya se había pronunciado, en reiteradas oportunidades, para interpretar la legislación vigente y establecer la existencia de un tope legal de 60UF aplicable a aquellos funcionarios de Gendarmería sujetos a la Escala Única de Sueldos".

    En todo caso, la Comisión también llamó la atención que, por casi 20 años, se otorgaron pensiones sin el tope de las 60 UF, hecho respecto de lo cual la Contraloría tomó razón, pero sin que se advirtiera de la improcedencia. Además, se habrían hecho auditorías por parte de este organismo en donde tampoco se observó o advirtió que había que pagarse con tope.

    Las Comisiones concluyeron, además, que "se distorsionó el sistema de ingreso y cálculo de pensiones en Gendarmería por vía de determinadas y reiteradas actuaciones de los altos mandos de la institución".

    En este plano, los parlamentarios asignan responsabilidades administrativas a los ex Directores de Dipreca, Carlos Jerez, Jorge Fuentealba y Jaime Gatica; y a los ex Directores Nacionales de Gendarmería, Marco Fuentes, Juan Letelier y Tulio Arce. Sin embargo, se hace especial mención a Fuentes, quien ejerció el cargo entre los años 2013 y 2014.

    "Él envió el oficio 39.820 dirigido al director de la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) sobre la validez de que ciertos funcionarios impusieran en ese sistema previsional. En ese oficio en particular, Fuentes pidió a Dipreca 'reincorporar a seis funcionarios individualizados al régimen de la Dirección de Previsión de Carabineros', ya que cumplirían 'con todos los supuestos fijados tanto por la normativa legal y reglamentaria', esto puesto que el año 2012 la C.G. R. habría ordenado a la institución previsional desafiliarlos de dicho sistema precisamente porque no cumplían los requisitos establecidos en la ley", se sentenció.

    Capredena

    Respecto de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), las Comisiones determinaron que las pensiones de los altos ex directivos de la institución, "Patricia Ewing Pinochet, Luis Jara Lepe, Juan Vargas Cordero y Carlos Fuentes Gajardo presentan discrepancias entre la base imponible y el cálculo con el que fueron entregadas, tanto por superar el tope de 60UF que se les debía aplicar al tratarse de personal civil afecto a la Escala Única de Sueldos, como por incluir asignaciones que no correspondían según la normativa vigente. Por ambas vías se alteraron artificialmente el monto de sus pensiones, que en el caso de Ewing Pinochet supera los 4,8 millones de pesos mensuales y vitalicios".

    El documento indica que estos ex directivos ocupaban los más altos puestos de Capredena, siendo los encargados y responsables de que las pensiones de retiros de los funcionarios de las FF.AA. se tramitaran conforme a derecho, que se velara por la protección del interés fiscal y que sus actuaciones no estuvieran motivadas por el interés propio. "Por lo anterior, resulta de la mayor gravedad que hayan obtenido para sí cuantiosas pensiones irregulares amparadas por una interpretación mañosa de la ley y normativa vigente que se realizó en Capredena durante sus períodos en el servicio, conduciendo esta a la obtención de un indebido beneficio propio", se acotó.

    Los legisladores estimaron que se justifica el inicio de un proceso de invalidación y que se deben restituir los dineros fiscales irregularmente obtenidos, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran desprenderse de los actos de los cuatro ex funcionarios involucrados.

    El informe también comunicó que, a diciembre de 2015, se pagaron en Capredena 5.633 pensiones correspondientes a una "Inutilidad de Segunda Clase" (son las derivadas de accidentes ocurridos en acto de servicio, enfermedades contraídas como consecuencia de éste y enfermedades profesionales o invalidantes de carácter permanente), cuyos montos pueden alcanzar sobre un 20% más de la última remuneración recibida en actividad.

    "En esta categoría de Inutilidad de Segunda Clase se inscribe la pensión más alta pagada por el sistema público de pensiones, siendo su beneficiario un ex Auditor de la Fuerza Aérea de Chile, general (r) Patricio Franjola, quien recibe 6,8 millones de pesos mensuales y vitalicios", se resaltó.

    Propuestas

    Las Comisiones estimaron necesario limitar las facultades discrecionales de la autoridades superiores de Gendarmería, que aseguren que los nombramientos en las plantas, la movilidad interna y contratación de funcionarios obedezcan a criterios estrictamente técnicos y de necesidades efectivas del servicio, evitando favoritismos, afectando el funcionamiento mismo del Estado y el buen desempeño de un servicio público.

    También se llama a normar requisitos objetivos para el sistema de ascensos y el otorgamiento de beneficios remuneracionales para el personal de Gendarmería; cubrir los vacíos legales en relaciones a la definición “de servicio permanente y unidad penal”; establecer como base de cálculo para las pensiones el promedio de las últimas 24 remuneraciones percibidas y no la última remuneración como hoy está normado.

    A fin de precaver la comisión de nuevos errores y evitar eventuales conflictos de interés que pudiesen afectar a los funcionarios de Dipreca y Capredena, se propuso separar definitivamente las funciones de cálculo, tramitación, concesión y pago de las pensiones del personal adscrito a dichas instituciones, mediante la creación de un nuevo Servicio, de manera de contar con controles cruzados, previos al examen de legalidad de la Contraloría General de la República.

    Asimismo, entre otras propuestas, se planteó fijar un plazo fatal y una sanción asociada, para los casos de retardo injustificado de los dictámenes de Contraloría; al tiempo que se llama al Consejo de Defensa del Estado a estudiar el inicio de las acciones judiciales tendientes a la nulidad de todas las pensiones que actualmente se pagan, otorgadas en su momentos por sobre el límite legal.

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